Entre los días miércoles 7 y jueves 8, de julio, de esta semana pasada, se corría “la bola” fuerte entre los pasillos de tribunales, que en la zona de Guayana, se encontraba el Magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ-SS), Omar Mora Díaz y ex-presidente de esa máxima instancia del país, quizás ni la prensa ni el usuario tribunalicio pudo detectar la presencia física del Magistrado, pero los efectos de esa “visita” si se pudieron percibir ampliamente, aunque no se relaciona ese hecho con el magistrado de marras.
El día jueves 8 de julio, próximo pasado, la Jueza Cuarta de Juicio del Segundo Circuito Judicial del Estado Bolívar, Ana López, se apareció muy oronda, acompañada de piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana y la ¿¡Policía Municipal!?, en los portones de la empresa SIDETUR, planta Casima, en donde los trabajadores tienen una huelga legal, prevista en Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), que autoriza a la paralización cuando la inseguridad industrial ponga en peligro la vida de los trabajadores; esta huelga lleva ya 4 meses y los trabajadores tienen a su favor dos pronunciamientos, uno por parte de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Ciudad Guayana y la otra por el Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (INPSASEL-Guayana), que con un informe técnico avalan la huelga.
En otras palabras la huelga es legal y justa. Por otro lado, existe una comisión del ejecutivo nacional, en conjunto con el parlamento, estudiando el caso, con fines de un proceso de nacionalización-expropiación de esa empresa capitalista, que demuestra el salvajismo, la explotación y las condiciones de precarización a que la empresa privada somete a la clase obrera
Con toda y esta legalidad, la Jueza Ana López, “no le paro” para nada, a esas condiciones objetivas y subjetivas, que forman parte del derecho, aun en una democracia burguesa y mucho mas, debe formar parte para tomar una decisión apegada a derecho en un estado social de derecho y de justicia (Socialismo), existente en el país. No le paró, repito, y se llevó por los cachos a legalidad, derecho a la vida (Inseguridad industrial es sinónimo de muerte), derecho al trabajo digno y otros principios de rango constitucional, por amparar a un sector ultra minoritario encabezado por gerentes y supervisores con el argumento de que se la estaba violentando su derecho al trabajo.
Es decir, que a la Jueza Laboral Venezolana, Ana López, no le interesa (Ni le importa), el pronunciamiento del organismo competente para dictaminar la legalidad o no de una huelga, derecho garantizado en nuestra carta magna, como lo es la Inspectoría del Trabajo; y tampoco tuvo nada que ver con la vida de la mayoría de los trabajadores de la planta siderúrgica SIDETUR, planta Casima, quienes, por las condiciones de peligrosidad del medio ambiente del trabajo de la factoría, dictaminado por el órgano competente para hacerlo (INPSASEL), corrían peligro de muerte. A la Jueza López del caso, lo único que le importaba, era el derecho a laborar de un selecto grupo de gerentes y supervisores, personal ejecutivo y de confianza de la empresa; y para defender a este selecto grupo se llevo un pelotón de nuestras Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de paso se llevo de “refuerzo” indebido, a la policía municipal, quien tiene funciones muy distintas a la policía judicial directa, estando por arriba de ella la policía estadal y hasta el SEBIN y el CICPC, si fuere el caso. Es decir, que si no es por la actitud digna de quien comandaba la piqueta de la GNB y que al final se impuso la sensatez y las partes se sentaron en una mesa técnicas de trabajo (Por fin por parte del patrón irresponsable de SIDETUR), , con el fin de dirimir el conflicto. Pero fue más que todo la actitud firme y decidida de los trabajadores de no dejarse pisotear por una decisión injusta y contra la ley de una Jueza insensata, de las muchas –os que existen en el poder judicial hoy. Tuvo que haber un conato de muerte, en los portones de SIDETUR, para que el patrón accediera a sentarse después de 4 meses de indiferencia, ante un reclamo justo y legal.
Aquí tenemos un claro ejemplo (De centenares) de la situación en la que se encuentra nuestra administración de justicia en el país; porque el caso Ana López de Guayana, no es un hecho aislado ni eventual, ya tenemos uno peor en donde hubo muertes, como lo fue en la ensambladora automotriz Mitsubishi de Cumana. Aparte de las decenas de casos de sicariato sindical, impunes, que reposan en los archivos del purgatorio, a la espera de alguna indulgencia.
El Magistrado, arriba mencionado, aunque es difícil probar que tuvo algo que ver con la decisión, aquí comentada, el forma parte del entorno que favorece espiritual, ideológica y materialmente a que ese tipo de decisiones abunden en un poder judicial, que por el momento revolucionario que estamos viviendo, debería ser diferente pero que continua en esencia siendo el mismo del puntofijismo, a excepción de ciertas apareciencias, son como las pumalacas, rojas por fuera, pero en el corazón son blancos sepulcros.
Tenemos un poder judicial que tanto espiritual, ideológica, académica y hasta físicamente en un 80% (El 20% restante son jóvenes sin mucha o ninguna formación), es el mismo de los Brewer Carias, Cecilia Sosas o el de los banqueros y oligarcas magistrados, a excepción de algunas decisiones de alta política, en donde indiscutiblemente ha influido el Presidente, que de no ser por esas decisiones, pudiéramos decir que el poder judicial sigue siendo 100% burgués-puntofijista.
Estos jueces, nombrados en su mayoría por cursitos (Disfrazados de concursos) sustentados en los mismos libros e ideas de los “genios” y vacas sagradas del derecho capitalista, y aun golpistas, derecho establecido que no ha podido ser modificado, ni siquiera contradicho por la Universidad Bolivariana que lo único que ha hecho, es sacar abogados que están con el gobierno bolivariano, desde una óptica clientelar y partidista, mas no desde una concepción socialista liberadora y transformadora de la estructura burguesa e imperialista, son los que producen sentencias y conductas como la de la jueza del caso Mitsubishi, la Jueza Afiuni, y ahora la Jueza Ana López en Guayana, pero repito, estos no son hechos aislados, son casos que se reproducen permanentemente; así saquemos para la calle hasta 400 abogados por año, que es suficiente para “tomar” y transformar al poder judicial, pero el problema es de fondo, es de calidad y no de cantidad.
La fidelidad a un partido (Que no es lo mismo a una ideología o principio), no garantiza la destrucción del sistema judicial burgués y su suplantación por un verdadero poder judicial socialista y de carácter popular, cual es el carácter del estado venezolano.
La decisión de la Jueza López de Ciudad Guayana, es a todas luces, no solo ilegal o no conforme a derecho sino que es injusta social y políticamente, es clasista (Discriminatoria) desde el punto de vista económico, por favorecer a un sector minoritario y selecto, en detrimento de uno mayoritario; y es inmoral, puesto que no se justifica que a estas alturas, después de casi 12 años de una revolución bolivariana y con todo lo que se ha invertido en el poder judicial, teniendo una de las infraestructuras más modernas del continente, incluido países del primer mundo, tengamos decisiones y actitudes de jueces de esta calaña.
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