La aparición del desarrollo sustentable en el campo discursivo de las teorías del desarrollo ha representado un cambio cualitativo en la cadena de significación que articula el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ecológica. Sin embargo, a partir de las críticas de los movimientos ambientalistas a los resultados de los proyectos de desarrollo que se ponían en marcha –principalmente en relación a sus impactos en la integridad de los ecosistemas y en la pérdida de calidad de vida de la población– la trayectoria del desarrollo sustentable ha sido recurrentemente estudiada, aunque sin reconstruir apropiadamente los procesos de cambio conceptual y político que moldearon su aparición. En este ensayo interesa, por tanto, recorrer la trayectoria de construcción teórica de la sustentabilidad desde la propia noción de desarrollo en una perspectiva histórica, y destacando la manera como fueron articulándose los componentes económicos, sociales y ambientales que hoy definen, en términos generales y al margen de las controversias existentes, la noción del desarrollo sustentable
Una de las grandes preocupaciones contemporáneas en las ciencias sociales es entender el desarrollo de las sociedades desde una visión que supere el enfoque economicista predominante hasta mediados del siglo XX y que integre en el análisis una concepción en la que los aspectos sociales, políticos y culturales de la población sean parte constitutiva de las teorías del desarrollo.
La OIT define de la siguiente manera cuatro categorías de necesidades básicas:
• El consumo alimentario, la vivienda, el vestido, para tener un nivel de vida mínimamente digno.
• El acceso a los servicios públicos de educación, sanidad, transporte, agua potable y alcantarillado.
• La posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado.
• El derecho a participar en las decisiones que afectan a la forma de vida de la gente y a vivir en un medio ambiente sano, humano y satisfactorio.
Esta corriente ha seguido su curso y se ha nutrido de otros horizontes, conformando un movimiento progresista y progresivo hacia la construcción de una visión integral del desarrollo que comprende, además de la dimensión económica, la social, la política, la cultural y la ambiental.
LA TEORÍA Y EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
La propuesta alternativa al indicador del PIB fue resultado de una convocatoria que las Naciones Unidas, a través del PNUD, realizaron a finales de los años ochenta a un grupo de especialistas, entre ellos el destacado economista Amartya Sen, con el propósito de avanzar en la construcción de un indicador alternativo para medir el desarrollo. Este enfoque dio un gran viraje al transitar de una visión economicista centrada en tener (dinero y mercancías) hacia una visión holística centrada en el ser (bienestar y capacidades de los seres humanos) (Sen y Nussbaum, 1993).
Ciertamente, la visión resultante rinde tributo a las aportaciones que, en materia de desarrollo, había propuesto Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, quien en su libro Development as Freedom (1999) sintetiza las principales ideas de su pensamiento. Sen inicia sus trabajos preocupándose por la pobreza y, de manera particular, por las hambrunas. Descubre que muy a menudo algunas hambrunas tienen lugar ahí donde existen cantidades de alimento disponible, por lo que concluye que no son sólo los factores materiales, sino las oportunidades reales de que gozan los individuos lo que puede explicar la pobreza extrema que escenifican las hambrunas.
Este enfoque define al desarrollo como un proceso de ampliación de capacidades y opciones para que las personas puedan ser y lograr hacer lo que valoran. Por lo tanto, esta teoría coloca en el centro de sus postulados la expansión de las libertades y la superación de las privaciones para alcanzar las aspiraciones de las personas. Así, se concibe al ser humano, como portador de las capacidades, en el fin y el medio del desarrollo. Las capacidades de la persona están fuertemente condicionadas por el entorno económico, político, social, cultural y ambiental en el que se desarrolla; por ello, para garantizar la ampliación de las capacidades del ser humano, la definición de las políticas debe incorporar tanto las necesidades individuales como las potencialidades colectivas (Picazzo y Gutiérrez, 2009).
El resultado de esta convocatoria del PNUD fue la propuesta de un nuevo instrumento de medición conocido como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que no solamente permitiera la comparación entre los países, sino que además impulsara cambios estructurales e institucionales, a fin de que los individuos puedan tener la libertad de anhelar la realización de sus justas aspiraciones en la sociedad en que viven la noción del trabajo decente, definiéndolo como "el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social" (OIT, 1999a: 4). Asimismo, éste debe orientarse a los cuatro objetivos estratégicos de la OIT: 1) la promoción de los derechos laborales; 2) la promoción del empleo; 3) la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad; y 4) el fomento del diálogo social (OIT, 1999a: 4–5).En síntesis, la OIT, al hablar de trabajo decente, se refiere al conjunto de oportunidades y capacidades que los individuos tienen derecho de alcanzar en la sociedad para poder tener acceso a la equidad, la libertad, la seguridad y la dignidad, un conjunto de derechos sociales cuya responsabilidad real es de la sociedad.
De esta manera, la propuesta de trabajo decente de la OIT está en completa sincronía con la teoría del desarrollo humano del PNUD y el IDH, y como ésta, en el ámbito de las relaciones laborales, ha logrado presentar una propuesta teórica sistémica de la que se desprenden políticas públicas y privadas integrales y complementarias para la consecución de sus objetivos. Es decir, el Programa de Trabajo Decente hace una amplia convocatoria para impulsar la regulación de factores económicos, institucionales, políticos, sociales e individuales a los distintos actores que participan en la sociedad, y rinde tributo a la teoría del desarrollo humano.
Entonces, el espacio societal en el que los individuos desarrollan sus aspiraciones tiene por lo menos cuatro dimensiones que participan en la regulación sistémica y que requieren de:
• Una política macroeconómica estable que promueva y no obstaculice el crecimiento económico global y sectorial.
• Instituciones que, en el marco de la democracia, promuevan los derechos humanos, sociales y colectivos de los individuos, con instituciones sólidas y leyes claras y universales.
• Una democracia que promueva, facilite y haga del diálogo social el medio de solución de controversias que redunden en la definición de políticas públicas y privadas para la creación de oportunidades y de capacidades para todos los individuos.
• Una orientación del crecimiento personal que permita el bienestar material, social y espiritual de los seres humanos y el impulso del compromiso y la solidaridad.
Es así como la noción de trabajo decente ha significado una ruptura con las condiciones actuales de las relaciones laborales que han sido provocadas por la globalización económica, lo que ha permitido incluir en el debate laboral cuestiones claves como la libertad de expresión y participación, la equidad, el derecho al trabajo y la protección social. Desde esta perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que éste sea digno, es decir, que garantice las condiciones materiales necesarias que el empleo debe generar: salud, alimentación, vivienda, así como las condiciones esencialmente humanas: educación, recreación y cultura. En consecuencia, el anhelo de trabajo decente se ha transformado en una herramienta de cambio respecto a las tendencias deterministas de los mercados globales y abre una amplia perspectiva al reconocimiento de los derechos sociales del hombre y de la importancia de las instituciones para lograrlo.
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL ITD
La OIT encomendó al Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) proveer estrategias para la difusión y la promoción del trabajo decente, así como enmarcar este concepto en una estructura teórica y metodológica.
De esta manera, se desarrolló un programa destinado a relacionar las distintas variables del análisis laboral con el trabajo decente. Los resultados se centraron en concretar el término y dar cuenta de cómo se puede medir en el sector laboral la existencia de trabajo decente.
Cabe destacar que hasta la fecha no se ha logrado definir una metodología única para medir el nivel del trabajo decente que sea ampliamente aceptada, tal como sucede con el IDH. Sin embargo, en los últimos años, en el marco de este programa se ha presentado una variedad de propuestas relacionadas con el ITD. Por ejemplo, la OIT, a través de la publicación Panorama Laboral 2001, hizo una primera propuesta para el periodo 1990–2000, que permitió contar con una primera visión de la situación laboral de 15 países de América Latina, entre ellos México. Para la construcción de este índice se tomaron como base los siguientes componentes:
• Empleo: tasa de desempleo, incidencia de la informalidad.
• Ingresos: salario industrial, salario mínimo y brecha de ingresos de mujeres y hombres.
• Protección social: cobertura de la seguridad social y número de horas trabajadas.
El índice se dividió en dos partes: una absoluta y otra relativa. En la primera se hizo un análisis de los avances y los retrocesos de los indicadores, situando el criterio exclusivamente en el sentido y no en la magnitud del cambio. Por otra parte, se ponderaron los resultados por indicador y luego se sumaron los puntajes, lo que permitió clasificar los países por grupos: los que mejoraron mucho, poco, nada, o empeoraron algo o mucho.
La noción de trabajo decente fue presentada por primera vez por la OIT a finales de la década de los años noventa, los elementos que definen y enmarcan a este concepto han estado presentes desde la constitución, en 1919, del organismo que lo ha impulsado, es decir, de la propia OIT (OIT, 1919).
En el documento "Trabajo decente y protección para todos. Prioridad de las Américas", elaborado en 1999, se profundiza en el concepto definiendo el trabajo decente "como un empleo de calidad que respete los derechos de los trabajadores y a cuyo respecto se desarrollen formas de protección social" (p. ii). En 2000, en el documento "Globalizing Europe. Decent work in the information economy. Report of the Director General", se define el trabajo decente como "el trabajo productivo en el cual los derechos son respetados, con seguridad y protección y con la posibilidad de participación en las decisiones que afectan a los trabajadores" (OIT, 2000:10).
Jerold Waltman, en Defensa del salario decente, postula un salario decente no basado en derechos individuales, sino desde una perspectiva comunal, o de "republicanismo cívico". Ve que los ciudadanos necesitan estar conectados a su comunidad, y así ve los intereses individuales y los comunes como inseparablemente ligados. Dos problemas de primer orden que para el republicanismo cívico resultan inmorales son la pobreza y la desigualdad. Un salario decente iría dirigido a resolver estos problemas al proporcionar la base material que permite a los individuos cierto grado de autonomía e impide riqueza e ingresos desproporcionados que inevitablemente llevarían a una fisura social entre ricos y pobres. Un salario decente permite además la participación política de toda clase de personas, lo cual es necesario para impedir que los intereses políticos de los ricos socaven las necesidades de los pobres. Estos argumentos a favor de un salario decente, tomados conjuntamente, pueden verse como elementos necesarios para la «sostenibilidad y cohesión sociales»
Los términos de trabajo decente, trabajo digno o empleo de calidad Y salario decente han sido adelantadas por campañas modernas para que algunas localidades lo adopten. Los defensores de un salario decente han argumentado que un sueldo es más que una compensación justa por el trabajo realizado: es un medio de asegurar la existencia del trabajador, y lleva a políticas públicas que aborden tanto el nivel del sueldo ,como su decencia se manejan indistintamente entre muchos autores. Un amplio debate ha surgido para optar por el uso de uno de ellos y han aparecido argumentos a favor y en contra. Sin embargo, los tres se inscriben en el mismo esfuerzo de humanizar el trabajo más allá de la visión productivista. Lo mismo ha ocurrido con el debate sobre los conceptos: desarrollo durable, desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. Al final, cada autor o institución lo nombra según sus propios criterios, pero hay consenso de que se refieren al mismo concepto.
En el Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 2019, se adoptó en la 108ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
¿Qué recomendaciones se formulan en relación con el mundo del trabajo?
Con objeto de lograr avances y fomentar un futuro justo y sostenible es necesario invertir en las personas, mediante un enfoque centrado en el ser humano con respecto al futuro del trabajo. Ello conlleva invertir en empleo, desarrollo de competencias y protección social. También conlleva promover la igualdad entre sexos. Y, por último, invertir en las instituciones del mercado laboral, con objeto de lograr salarios adecuados, limitar las horas de trabajo, velar por la seguridad y la salud en el trabajo, y garantizar los derechos laborales fundamentales. Por otro lado, la Declaración conlleva asimismo la adopción de políticas que faciliten un entorno propicio para fomentar empresas sostenibles, el desarrollo económico y el trabajo decente para todos.
