El próximo 26 de enero del 2008 se cumplirá un año del día en el cual dos herederos del mayor accionista (fallecido) de la empresa El Siglo C.A. decidieron anárquicamente, y pasando por encima de una junta directiva plena y legalmente constituida tomar sus riendas, valiéndose para ello del poder regional regentado en la persona de un gobernante que haciendo uso indiscriminado del poder que le dio el pueblo aragüeño, posó sus garras sobre el único medio de comunicación de la región que aún no había podido tocar y que era su mayor crítico.
Lo triste de todo es que uno de los herederos de quien luchó para evitar eso, fue quien se lo puso en bandeja al solicitar sus servicios para tomar la empresa y sacar de ella a quienes venían gerenciando, utilizando para su meta al cuerpo de seguridad y orden público, alegando que la empresa y sus bienes sería víctima de vandalismo por el recién constituido sindicato de trabajadores, alegato que estaba muy lejos de la realidad.
Desde ese día y aún a la fecha los trabajadores mantienen una lucha por el logro de sus reivindicaciones, por el pago de pasivos creados por la propia empresa al no cancelar en su debido momento el bono de alimentación, por ejemplo. Luego de la toma de la empresa nadie podía ingresar a sus labores, pues estaba totalmente invadida de policías y cuando los trabajadores exigían se les permitiera ingresar y que sacaran la policía, el actual gerente de El Siglo afirmaba que podía ingresar todo el que quisiera pero que la policía seguiría en las instalaciones.
Un grupo de trabajadores temerosos de perder su empleo decidieron ingresar y trabajar en tales condiciones absurdamente ilógicas, mientras el resto abogaba porque se respetaran los derechos laborales y propició la presencia de una comisión del Ministerio del Trabajo para que el licenciado Tulio Manases Miguel Capriles Mendoza desistiera en mantener a la policía dentro de las instalaciones de la empresa para que los trabajadores retornaran a sus labores.
Se firmó un acta acuerdo, pero tales compromisos fueron violados una y otra vez. A la fecha, muchos compañeros de labores han sido obligados a renunciar, no soportan la presión, el estrés y la tensión, a muchos los han cambiado del puesto de trabajo que por años venían ejerciendo. Todo a capricho del actual gerente en su afán de sacar a los que considera adeptos o afectos a quienes antes dirigían la empresa.
El actual patrono ha violado todos los acuerdos, se burla de la inamovilidad establecida en el artículo 520 de la Ley Orgánica del Trabajo que refiere que nadie puede ser despedido, obligado o inducido a renunciar mientras la empresa y su sindicato estén discutiendo convención colectiva, como sucede a la fecha y que por cierto está en su etapa final, pues solo se está a la espera de las propuestas patronales para proceder a su homologación.
A la par el Sindicato Bolivariano de Trabajadores de El Siglo propicia mecanismos a fin de concretar el pago del mayor pasivo laboral que tiene la empresa con sus trabajadores (retroactivo de bono alimenticio) y que supera los dos millardos de bolívares, el actual gerente afirma reconocer la deuda, pero no concreta mecanismos para iniciar el pago de dicha deuda y cuando se logró la mediación de la Inspectoría del Trabajo, lo que hizo su representante fue diferir cada una de las citaciones previstas ante la sala de reclamos y por ser una reunión conciliatoria lograron que se cerrara el expediente acordándose entre las partes que se concretaría un cronograma de pago, pero a la fecha no hay ni la leve intención por parte de la empresa para proceder al inicio de este pago a más de 160 trabajadores, y la Inspectoría nunca sancionó a la Empresa.
Además el licenciado Tulio Manasés Miguel Capriles Mendoza tuvo la desfachatez de manifestar, en una reunión sostenida con los directivos del sindicato y su asesora legal, que si demandaban a la empresa él se encargaría de hacer que la demanda laboral por tal concepto permaneciera por más de 40 años en los tribunales, haciendo ver que tiene pleno poder sobre quienes regentan la justicia en Aragua y que son servirles a sus intereses empresariales. Esto es algo risible si se toma en consideración que seis de los extrabajadores de otra empresa de los Capriles y a cuyo cargo está dicho gerente lo demandaron y ahora debe cancelar, no solo lo adeudado por concepto de bono alimenticio, sino fideicomiso de prestaciones.
También por otra parte, tres de los trabajadores de El Siglo que fueron expulsados de la empresa por protestar arbitrariedades fueron favorecidos con la orden de reenganche por parte del Ministerio del Trabajo la cual se niega a acatar dicho gerente, violando flagrantemente la ley frente a la mirada pasiva de las autoridades, incluso se ha dado el lujo de fotografiarse con las autoridades judiciales del Circuito de Aragua, haciendo gala de su apertura, cuando la realidad dentro de la empresa es de total ilegalidad, desde entonces ha mantenido un estado de incertidumbre, de tensión entre la masa laboral, sin intención alguna de cumplir con lo que por ley corresponde en cuanto a los beneficios adeudados a los trabajadores.
Aún está pendiente el beneficio de guardería para los hijos de los trabajadores, se comprometió a cumplirlo en poco tiempo, pero desde el día que contrajo tal compromiso, (0ctubre 2007) a la fecha no se vislumbra intención alguna por parte de la empresa de cumplirlo, por lo cual se solicitará nueva inspección de parte del Ministerio del Trabajo pues la Empresa no puede recibir su solvencia laboral si aún tiene deudas pendientes con los trabajadores.
Mientras, dentro de la empresa propicia acciones para reducir el sindicato, único medio que a la fecha tienen los trabajadores para defenderse de sus argucias, ante la comunidad con fiestas, contratación de grupos, cantantes y animadores hace ver que todo es felicidad en El Siglo, cuando realmente sigue negado a cancelar una deuda que ellos mismos convirtieron en un pasivo laboral.
También le ha dado largas a la discusión de la convención colectiva y no hay propuestas que realmente beneficien a los trabajadores, razón por la cual el sindicato insiste en sus peticiones y de ser necesario se irá a un pliego conflictivo.
Frente a todos estos atropellos, acciones ilegales, es que los trabajadores apelan a quienes como representantes del pueblo, pueden abogar por una masa laboral conformada por más de 200 padres y madres de familia que en esta empresa privada han tenido que soportar durante un año una serie de arbitrariedades, retrasos en los pagos de sus salarios, zancadillas y trampas para obligar la renuncia de varios trabajadores, expulsión de trabajadores cuyo reenganche no quiere ser aceptado, la no concreción de pagos de pasivos laborales, la dilación en el cumplimiento de beneficios laborales como la guardería para los hijos de los trabajadores, el alargamiento intencional de la discusión de la convención colectiva con propuestas patronales indignas para la condición laboral de los trabajadores, en fin acciones fraudulentas en contra de los trabajadores que ya es necesario que se le pongan coto y se haga valer la justicia.
