Sabemos que un cambio de ministro no necesariamente significa un cambio de política. Si la llegada de Roberto Hernández al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ha levantado expectativas en el movimiento obrero, ha sido por cuanto se trata del resultado de la derrota contundente que los trabajadores de Sidor propinaron a las políticas desarrolladas a través del ministerio de José Ramón Rivero. El triunfo de los sidoristas, y el fracaso de la FSBT en crear una central sindical paralela a la UNT, allanaron el camino para que Rivero saliera del ministerio, y fuera sustituido por Roberto Hernández.
No son pocos los propósitos de enmienda para el ministerio, ahora a cargo de Hernández, pero todos ellos se derivan de dos características generales de la gestión de Rivero: su vocación patronal y su poco respeto por las leyes laborales. El nuevo ministro debe demostrar su capacidad de mediación, y velar por la vigencia práctica de los derechos que las leyes reconocen a los trabajadores. Para avanzar en la dirección correcta, es necesario que se respete la autonomía sindical, y que se comience por hacer justicia en los casos más emblemáticos de atropello estatal a la actividad sindical clasista.
El despido ilegal, en abierta violación del fuero, de líderes sindicales de la talla de Orlando Chirino, William Díaz, o Armando Guerra, por parte de la burocracia, es síntoma de lo que ha sido una política de ataque a la independencia del movimiento obrero. La violación de los derechos legales conquistados a costa de largas luchas, en el caso de estos reconocidos dirigentes despedidos y otros tantos casos de luchadores perseguidos, sienta un precedente contrarrevolucionario, pues apunta a escarmentar a toda la clase trabajadora organizada: si la alta burocracia es capaz de violar de manera tan descarada los derechos de dirigentes con prestigio y reconocimiento, ¿qué suerte puede esperar a los demás luchadores que defienden los derechos de los trabajadores frente a patronos estatales? Esos altos burócratas, guapos y apoyados, se dan el tupé de prescindir de coartadas medianamente serias, a la hora de perseguir a los sindicatos clasistas. Para despedir a Armando Guerra, sus patronos en Hidrocapital han esgrimido en su contra la acusación de haber compartido con los trabajadores información acerca de la negociación del contrato colectivo, a través de un correo electrónico.
La directiva de la Asamblea Nacional se niega a reconocer el carácter mayoritario del sindicato liderado por William Díaz, y prefiere entenderse con el sindicato minoritario, dirigido por Acción Democrática. Cuando Díaz es despedido ilegalmente, la Inspectoría del Trabajo se declara incompetente para conocer de la violación al fuero sindical, en una de las resoluciones más extrañas de las que se tenga noticia.
Es el cinismo burocrático en su máxima expresión.
Además de restituir los derechos de estos dirigentes sindicales revolucionarios, el Ministerio del Trabajo debe honrar la justicia en el caso de luchas obreras ejemplares, como las libradas en Sanitarios Maracay, o la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida, en las que la explotación capitalista fue execrada del medio de producción por los trabajadores, luego de que los capitalistas demostraran su absoluto desprecio por la legalidad y la dignidad humana. El mismo ministerio que hasta ahora sirvió como instrumento de los patronos para violar la ley y atropellar, ahora tiene la oportunidad de hacer valer los derechos de estos trabajadores.
Luego de que el gobierno lograra con sus políticas desarticular a la UNT, el nuevo ministro reconoce la necesidad de una constituyente sindical.
Sin la pertinaz oposición de Rivero, es más factible que se avance en la convocatoria a un proceso de refundación sindical, pero para que logre sus objetivos declarados, debe tratarse de un proceso verdaderamente democrático, que siente las bases para una central obrera autónoma, clasista y revolucionaria, que permita a los trabajadores avanzar más allá del estrecho horizonte que les asigna la burocracia. Este es el mayor reto organizativo que tiene ante sí el movimiento obrero.
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