En nuestra querida Venezuela y el proceso bolivariano actual, tenemos una Constitución, unas leyes y antecedentes que en el comienzo del milenio, los primeros años del presente siglo, presagiaban una mayor adhesión –para expresarnos sin rimbombancia– a los principios del Socialismo indígena. Pero el secular y ya tradicional rechazo del venezolano medio y sus instituciones –por más que aspiren a ser revolucionarias– al mero existir de lo indígena ha impedido hasta ahora que tales esperanzas fructifiquen en alguna medida apreciable; en contradicción con el hecho tan obvio de que nuestros países aliados cuentan con numerosas poblaciones y pueblos indígenas: Nicaragua, Ecuador y por supuesto Bolivia. Al igual que con respecto a lo ambiental y los valores ecológicos, en lo tocante a las políticas indígenas, tomadas en el sentido más amplio, hemos padecido cierto retroceso en el último lustro. Sin alargarnos en dar explicaciones, que las hay en abundancia, veamos tan solo que en lugar de tratar de aprender algo útil de tantos pueblos autóctonos que hay en nuestro territorio, estamos más bien imponiendo un socialismo de corte eurocéntrico a las comunidades indígenas, con olvido voluntario de sus valores milenarios. Esto es todavía reversible, pero es necesario actuar con prontitud y ponderación. Hay que apresurar, por ejemplo, la demarcación, delimitación, adjudicación y reconocimiento de las tierras colectivas indígenas; mejorar las políticas de salud hacia estas comunidades, reconociendo al propio tiempo la vigencia de la medicina autóctona como tal; reforzar al máximo la educación intercultural bilingüe en todos los niveles; fortalecer muchísimo más las culturas indígenas, algunas en franco deterioro por una larga aculturación compulsiva unida a la vergüenza étnica inducida; detener el pernicioso fenómeno de la postergación de los idiomas indígenas, que en casos extremos lleva a su extinción total. Por otro lado, no hay duda de que el Estado venezolano bolivariano ha fraguado más planes y gastado más recursos en políticas indígenas que todo el conjunto de gobiernos anteriores habidos en el país. Mas también es cierto que muchos de estos esfuerzos se perdieron o se desviaron por razones de variada índole, por lo cual los resultados no han sido más alentadores. 
 

En estos días una delegación de comunidades yukpa –pueblo karibe íntimamente emparentado con los karaka, vale decir, con los verdaderos fundadores históricos de nuestra ciudad– bajaron de la Sierra de Perijá para visitar la Capital, en defensa de los derechos sobre sus tierras y comunidades y el respeto a su identidad cultural, incluyendo el derecho consuetudinario que siempre ha normado sus vidas. Partidario como soy del pensamiento complejo y del análisis minucioso de los hechos, no querría hacer una apología o defensa irrestricta de la posición que ellos defienden y sobre la cual piden el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Pero lo cierto es que el Estado venezolano se ha tardado demasiado tiempo sin lograr la demarcación de las tierras que les pertenecen. Aun tomando en cuenta todas las dificultades objetivas y subjetivas frente a este reto, ya sería hora de acometer y consolidar a través de las discusiones, mediaciones y acuerdos que fueren necesarios una solución aceptable, por encima de cualquier otra consideración, para este valeroso pueblo sometido a una larga espera que amenaza con despojarlo del apenas 10% que todavía les queda de su territorio ancestral. Los acontecimientos me obligan a constatar que hasta ahora la reacción de las autoridades regionales y nacionales no ha sido receptiva ni apegada a las normas constitucionales conquistadas con tanto esfuerzo, que en un principio brindaron tanta esperanza justificada a los indígenas, sus aliados y a nuestra opinión pública afortunadamente cada vez más sensibilizada. Fue una decisión demasiado injusta y desafortunada radicar el proceso en el estado Trujillo, aislando así a los dirigentes yukpa y wayuu privados de libertad respecto de sus familiares y el mundo exterior. Los indígenas presos –cuya culpabilidad aún no se ha demostrado– deberán procesarse como mínimo de acuerdo con sus leyes y costumbres, en sus propias comunidades; sin aplicar el procedimiento del encierro, totalmente incompatible con cualquier cultura originaria. Como luchador social de toda una vida y partícipe activo del proceso de transformación profunda que vivimos en Venezuela, solicito con el mayor respeto, mas también con la firmeza de mis principios, que se haga justicia con estos hermanos de los primeros habitantes de nuestra gran ciudad cuya existencia –no su fundación en el sentido propio de la palabra– conmemoramos y celebramos el día de hoy. Tenemos todavía la posibilidad de revisar este sonado caso; con la ventaja de que cualquier precedente a que se llegare, en el transcurso de su resolución, podría servir más adelante de fundamento certero para el tratamiento a futuro de la demarcación de todas las tierras indígenas, incluyendo los valores ambientales concomitantes. Ello constituiría un avance inconmensurable, no solo en nuestra política indígena como tal sino igualmente un reconocimiento pleno al componente originario y raigal de la identidad nacional venezolana. Sería también un homenaje definitivo a los pueblos fundadores de Caracas, nuestra ciudad capital, que en ausencia del patrimonio karibe indoamericano –y sin ningún desmedro de otros aportes demográficos y culturales– nunca habría adquirido las características ni la identidad propia y específica que hoy exterioriza ante el mundo, que le confieren una personalidad única e inconfundible entre las ciudades de América o Abya Yala, al decir de los hermanos indígenas kuna de Panamá.

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