La apreciación generalizada de muchos revolucionarios y chavistas progresistas respecto a que el proceso revolucionario venezolano está viviendo un período decisivo, impulsa a reconocer que el chavismo mantiene una deuda no saldada sobre la necesidad de formar, afianzar y ampliar los ejes de un poder popular autónomo y no mediatizado que promueva y protagonice verdaderos cambios revolucionarios en lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Sobre esto no ha habido un balance y, mucho menos, un seguimiento serio que facilite explicar los hechos que están determinando en alguna medida la merma del apoyo popular, expresado en la apatía y el descontento chavista en términos electorales, como se desprende de los últimos resultados comiciales.
Ante este panorama, quienes ejercen actualmente cargos de gobierno debieran verse obligados a entender -como mínimo- que ya no es suficiente declararse chavistas, revolucionarios o socialistas para demostrar que su gestión pública se diferencia de la cumplida por los gobiernos conservadores del pasado, si no son capaces de involucrarse a tiempo completo y de manera sincera en el acompañamiento de aquellas estructuras organizativas creadas por el pueblo en atención a sus propias necesidades y expectativas. En este caso, todos están llamados a transformar sustancialmente las instituciones públicas que dirigen, ya que las mismas responden a esquemas de poder que son totalmente incompatibles con el ejercicio de la democracia participativa y, más aún, con el programa de una revolución popular socialista. Mientras no se dé dicho paso, el proceso bolivariano se mantendrá en un mar de contradicciones y en un escenario dominado por el reformismo, sin un avance significativo.
Por eso, plantear la simple eliminación de alcaldías y de gobernaciones como una demostración de querer hacer la revolución socialista en Venezuela debiera basarse más que todo en la experiencia acumulada por el pueblo en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, sabiendo de antemano que hay un escollo aparentemente insalvable, pero no difícil de subsanar como lo es la escasa o nula formación revolucionaria de muchos de los funcionarios del gobierno. De ahí que, en lugar de decretar leyes que, a la final, terminarán por quitarle independencia a los movimientos populares organizados, como los consejos comunales y las comunas, es imprescindible que las instituciones públicas definan cuál será su papel en relación con las nuevas realidades creadas por el pueblo en sus demandas de mayor justicia, democracia e igualdad.
Esto exige de los revolucionarios y de los chavistas progresistas una articulación de esfuerzos, dirigida fundamentalmente a organizar una plataforma unitaria de lucha y de formación revolucionaria que no esté marcada por la inmediatez electoralista, el clientelismo político ni el sectarismo partidista, de modo que se fortalezcan la confianza y la organización de los diversos sectores populares para la construcción del socialismo revolucionario.-
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