La opinión pública nacional ha sido estremecida por la reciente detención del doctor y profesor universitario, Luis Fuenmayor Toro, científico, ex rector de la Universidad Central de Venezuela y político de larga trayectoria de connotación nacional.
La proyección pública de la persona del doctor Fuenmayor, por su investidura académica y científica, y por constituir un personaje de gran notoriedad en el escenario político y partidista nacional, con frecuente figuración en los medios de comunicación venezolanos, nos impone realizar algunas reflexiones acerca de las implicaciones de este caso.
Los órganos encargados de administrar justicia en un país deben mostrar permanentemente gran celo a la hora de tomar sus decisiones. Y la sociedad toda debe constituirse en defensora de la independencia y condición de estos órganos, debido a que las decisiones de justicia poseen graves implicaciones no solamente sobre las personas directamente involucradas, sino –me atrevo a decir fundamentalmente- sobre todos los miembros restantes de la sociedad. Las decisiones de los órganos de justicia tienen importantes consecuencias pedagógicas, sancionadoras de modelos de conducta social. Por tal razón, a la hora de decidir debe tomarse en cuenta exclusivamente las evidencias que soportan los reclamos y las pretensiones de justicia de las partes que intervienen en un caso, sobre todo en los casos –como el que nos ocupa- en los que puede estar involucrado muy visiblemente el interés público.
Un elemento clave para que funcione este celo de los órganos judiciales es la garantía de que la decisión está libre completamente de la influencia indebida de factores personales, y de la intervención de intereses políticos, económicos, sociales, religiosos, culturales, etc., cualquier factor extraño que intente sesgar la decisión en una dirección dada, distinta a la que aconseja el mandato de la ley y la vigencia de los principios supremos de la verdad y de lo que es justo.
La acción contraria a estas máximas arrebata a la sociedad el control del Estado, colocando la administración de justicia al servicio de intereses privados, lo que suele tener consecuencias graves sobre la ilegitimidad de tales organismos y sobre la desestabilización del orden social y político que los contiene.
Éstas parecen ser consecuencias visiblemente implicadas en el caso del profesor Fuenmayor. La posibilidad de que factores personales, sociales y, notablemente, políticos influyan en la decisión para sesgarla indebidamente en una dirección determinada, en contra de lo que es justo, apegado a la verdad y al mandato de la ley, debe poner en alerta a la sociedad y movilizar a las institucionales encargadas de corregir situaciones visiblemente injustas y devolver no sólo a las personas directamente afectadas, sino a todos los miembros de la sociedad, especialmente, a los más débiles y humildes, más propensos a sufrir abusos precisamente por esta condición, la garantía básica de funcionamiento de las leyes, y asegurar la vigencia de sus derechos fundamentales; así como ofrecer confianza pública y tranquilidad general, sobre la posibilidades de que todos seamos tratados –sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo- de manera igual ante a la ley.
El conocimiento que poseo de la persona del doctor Fuenmayor me motiva a mostrar públicamente mi plena confianza y convicción en que saldrá bien librado de un proceso justo en el cual se mantengan vigentes tales garantías.
(*)Politólogo
Docente/investigador
Subdirector del Instituto de Estudios Políticos de la UCV
magallan@hotmail.com
