La cárcel es la noticia. Pero la noticia es lo que menos importa. Los trágicos acontecimientos en la cárcel de El Rodeo atizan la polémica sobre los medios y el poder en Venezuela. Desde abril de 2002, cualquier motivo es bueno para sustituir la información con la propaganda y la veracidad con el sensacionalismo. La imagen de la sangre importa más que la sangre derramada.
Otra vez, medios y oposición partidista se funden para explotar un suceso. La crónica roja y la política entrecruzan sus roles. El objetivo es crear una sensación de ingobernabilidad, casi de acracia. El Rodeo es convertido es un espectáculo, un show macabro. La imagen de aquella foto de la morgue en las primeras páginas va y viene en la memoria, como una orgía de luces y cuerpos inánimes.
Las cifras oficiales no valen. La credibilidad se le adjudica a fuentes interesadas: el capo de presos llamado Pran, la Ong que desvirtuó su misión y vive de la tragedia ajena, el político que hace de la muerte un reality show. Los números de víctimas se dan alegremente, se suben o bajan a capricho. Cuando se tiene una cifra exacta, no se rectifica. Este verbo es letal para el amarillismo y el sensacionalismo.
La fragmentación de la realidad burla al cerebro. La superposición de imágenes inconexas impide la percepción coherente de los sucesos. La yuxtaposición de planos temporales escamotea cualquier orden cronológico. En páginas completas te hacen un collage de fotos sin relación alguna. La televisión mezcla luces y sombras, imprime velocidad a imágenes inconexas para no dar tiempo a pensar. Repetirá esos micros durante todo el día. Los más afectados son los familiares de los presos. Se les causa angustia, incertidumbre y desesperación. En ese estado, no vacilan en lanzarse al paso de una patrulla o una ambulancia.
El amarillismo anula el raciocinio, el sensacionalismo se dirige a los sentidos. Los antecedentes de los hechos no importan. Por eso, cierto periodismo no investiga. Un político, Enrique Mendoza, ante los sucesos de El Rodeo, alude los derechos humanos. Un periodismo que investigue le preguntaría cómo los trató él cuando fue gobernador. En aquel tiempo le ponía precio a la cabeza de los delincuentes, como en el lejano oeste. O pagaba recompensa a quienes los delataran. En un viejo informe sobre derechos humanos, éstas son sus palabras:
“…ante la ola de robos, atracos y asaltos en la carretera Panamericana, di órdenes expresas a los efectivos de la IAPEM de que disparen a aquellas personas que sean capturadas infraganti, cometiendo actos vandálicos en la transitada vía”.
Es obvio que en los tiempos del gobernador Mendoza, los delincuentes ni siquiera tenían tiempo de ir a la cárcel. Se les ejecutaba in situ. También es del ex funcionario, hoy dirigente de la Mesa de la Unidad, la siguiente expresión, paradigmática de los derechos humanos:
“Los choros y delincuentes del Estado Miranda deben saber que quien mate a un policía no lo va a poder contar y mi orden es capturar vivos o muertos a los antisociales que cometieron este crimen”.
Las citas que hago no excusan al gobierno bolivariano de su responsabilidad en la actual situación penitenciaria. Con ellas quiero llamar la atención sobre el fariseísmo mediático al politizar un problema que nos afecta a todos y del que todos, tarde o temprano, podemos ser víctimas. Después no preguntemos, colegas periodistas, por quién doblan las campanas.
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