Hemos sido reiterativos en abordar el tema con regular frecuencia, pues consideramos que es una buena forma para que se comprenda que se trata de un asunto sumamente grave y no podemos, en consecuencia, manejarlo como un asunto menor, que no reviste importancia alguna.
De mil formas hemos dicho que los esfuerzos por destruir a los corruptos hay que potenciarlos cada día con mayor voluntad y decisión e igualmente afirmado con mucha terquedad, que allí no puede haber tregua. Es una confrontación que hay que darla minuto a minuto y ante las instancias que sean, por más poder que ellos puedan tener.
Pero, también hemos sostenido que no sólo son corruptos aquellos que directa o indirectamente están involucrados por sí, o a través de terceros, en actividades que comprometan el pulcro y transparente manejo de los dineros y bienes públicos, sino los que de manera abierta o solapada sabotean el cumplimiento de las metas y programas que se ha trazado el gobierno nacional para el logro de sus objetivos, los cuales no son otros que el bienestar y la satisfacción del colectivo en general, en el marco de las mayores garantías de equidad y de justicia social.
Hay que terminar de entender, por otra parte, que esa lucha no solamente le corresponde llevarla adelante al gobierno, sino a todos los estamentos del Estado y a todas las organizaciones sociales, pues como sabemos, los actos ilícitos contra los dineros públicos y el sabotaje se propician en cualquiera de las instancias de carácter oficial que cubren la geografía nacional.
El robo y la dilapidación de los recursos públicos son actos que se perfeccionan, a todo evento, entre dos partes, aquella que administra y/o ejecuta las decisiones que se adoptan acerca del uso y destino de esos dineros y la que, sin tener otra responsabilidad que la de manejar y cuidar únicamente intereses particulares o de grupo, se avienen para repartirse entre ambas una determinada comisión de alguna partida destinada para construir una obra pública, o adquirir algún bien o pagar un servicio requerido por la entidad gubernamental de que se trate y para eso recurren a la vieja práctica de acordar escandalosos sobreprecios en las contrataciones y órdenes de compra.
El saboteo, por su parte, se expresa de mil formas y las más evidentes son: la demora injustificada para tomar decisiones y eso ocurre, quizás, en algunos casos, por desidia de una burocracia pesada, pero muchas veces porque a propósito se esconden los expedientes o, sencillamente “permiten” que se extravíen, o también sucede cuando se imparten órdenes confusas para generar ambientes tensos en las áreas de trabajo o cuando se irrespeta al ciudadano que exige un servicio al que tiene pleno derecho, atendiéndolo mal o, simplemente, sometiéndolo a un "ruleteo" interminable, como ocurre con demasiada frecuencia en los establecimientos prestadores de salud, así como en aquellos encargados de administrar justicia y en otros muchos, cuya relación se nos haría interminable.
El presidente Chávez ha sido un adalid en la vocería de muy alto tono para enfrentar y castigar con todo rigor ambas formas de corrupción. Ha dicho ene veces que hay que marchar en esa dirección sin contemplaciones de ninguna índole. Le ha pedido a su equipo de gobierno que, sin vacilaciones, debe tomar medidas no solamente para impedir que esos sujetos hagan de las suyas, sino que debe identificarlos plenamente y llevarlos a la justicia, sin importar quienes puedan ser.
Y en eso no dudamos ni un ápice de la palabra del Comandante Presidente. Recordemos, sólo a título de ejemplo, que el general Baduel está preso por actos de corrupción, así como los militares responsables de los ilícitos detectados en el Complejo Azucarero Ezequiel Zamora y ayer nomás, luego de juramentar como Ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario a la diputada Iris Varela, le dijo a ella que contara con todo su apoyo y el del gobierno íntegro para acabar con las mafias enquistadas por décadas en el sistema carcelario del país. Sus palabras estuvieron cargadas de la mayor contundencia, de manera que la nueva ministra no está sola para abordar ese terrible problema y es por ello por lo que a su desempeño le auguramos el mayor éxito.
Cerremos esta nota reiterando lo que ha sido nuestra permanente consigna: la lucha anticorrupción tiene que corresponderse con una política clara, firme y de largo aliento, así como tenerla como prioritaria en los planes del gobierno Bolivariano, si queremos preservar su estabilidad.
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