en la defensa de los más altos intereses de la

Patria.  

Nelson Pineda Prada

Profesor ULA 

      Han transcurrido diez años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), ocurrida en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001. Documento que algunos han pretendido convertir en un tratado, siendo el mismo una resolución, cuyo alcance está determinado por un conjunto de límites que imposibilitan que esta pueda ser utilizada con propósitos distintos a las normas y principios contenidos en ella. Largo e intenso fue el debate previo a su aprobación.  

Democracia sin justicia social no es democracia

      Necesario era abrir un amplio y profundo proceso de reflexión acerca de la democracia. Reflexionar sobre la democracia requería hacerlo a partir de la definición del modelo de desarrollo que se quiere y debe construir en el hemisferio. Ello implicaba definir cómo es que vamos a alcanzar el desarrollo del ser social americano. Implicaba, definir qué tipo de modernidad se quiere edificar. 

      Frente a la pregunta ¿cuáles son las razones que explican el malestar por la democracia que manifiestan millones de americanos? La respuesta no podía ser otra que la permanencia y profundización de la pobreza en el hemisferio, la dificultad para lograr una vida digna en América se había vuelto muy generalizada y cada vez más creciente.

      Necesario era entender que la democracia trasciende los marcos exclusivos de lo político. Que la democracia es una forma de vida, es una cultura, en la cual los principios de libertad, felicidad e igualdad tienen que ser alcanzados por todos los ciudadanos, como garantía para el establecimiento de una verdadera democracia. Que conciba el desarrollo, no sólo como desarrollo económico; ya que, el objetivo supremo a alcanzar es el desarrollo del hombre y la sociedad de manera integral.

      Necesario era entender, asimismo, que estamos obligados a  cumplir con la exigencia histórica de balancear adecuadamente el interés individual y el interés social, especialmente superar la exclusión y marginalización de los más necesitados. Que debemos alcanzar un relacionamiento racional y justo en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional.

      Necesario era entender, que democracia sin justicia social no es democracia. Y, precisamente, éste tema estaba excluido en el texto original de la CDI.

      Si bien es cierto que, la CDI constituye un conjunto de normas y principios que tienen como intensión modelar un normal funcionamiento de nuestras democracias, abordar su discusión sobre los nuevos contenidos que esta debe tener, es un tema de enorme actualidad.

      Las exigencias que hoy se hacen a las democracias son inagotables. Inagotabilidad que no solo está determinada por las cada vez mayores necesidades del ser humano en su desarrollo social, sino porque las necesidades más inmediatas, las que puedan garantizarle una buena vida, les han sido negadas a millones de americanos.

      A decir verdad, esto no está plasmado de manera clara y precisa en el texto de la CDI. De allí la persistente insistencia del Gobierno Bolivariano de Venezuela acerca de la importancia que tiene para el hemisferio la formulación de la Carta Social Interamericana, si en realidad se quiere construir sociedades auténticamente democráticas.   

La CDI no expresa la realidad americana

      A lo largo de estos diez años, son muchos los cambios que se han producido en el hemisferio. La democracia de éste tiempo debe tener como fines esenciales, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en  diversos instrumentos universales e interamericanos; plasmados -incluso- en la mayor parte de los textos constitucionales de nuestros países.

      Por el desfasaje de su contenido teórico con respecto de la realidad americana, la CDI se ha convertido en un documento de enunciados, que muy poco contribuye a la construcción de sociedades más democráticas en el hemisferio.

      Su añeja concepción de la democracia, al reconocer sólo al  representativo, como único modelo de democracia, no entendiendo que el mismo se agotó en la década de los ochenta con la crisis de legitimidad de los partidos políticos, hizo necesario avanzar en la conformación de nuevos modelos de democracia, determinados por nuevas formas de organización y participación ciudadana en los asuntos públicos. Se obvia que los pueblos están demandando cada vez más democracia. 

La CDI no es un Tratado

      Hay quienes han pretendido hacer de la CDI un Tratado interamericano, de obligatorio cumplimiento por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ello no es una simple ocurrencia. Muy por el contrario, quienes así piensan han entendido con absoluta claridad que en su origen la formulación de la CDI tenía como objetivo colocar una “camisa de fuerza” a aquellos gobiernos que se distanciaran de las directrices emanadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

      Dicho de manera más precisa, el objetivo era elaborar un documento que estableciera un conjunto de normas a partir de las cuales se pudiera controlar e impedir los cambios que el gobierno de Hugo Chávez Frías, comenzaba a formular para la sociedad venezolana. Este era el objetivo, no otro.

      Pretensión que fue abortada por la Delegación Venezolana en la Asamblea General Ordinaria de la OEA, realizada en junio del 2001, en San José, Costa Rica, lo cual obligo a convocar la precitada Asamblea Extraordinaria realizada en Lima, Perú.

      Los cambios fueron significativos. Se logro incorporarle la dimensión social a la democracia, se logro incorporar el concepto de participación ciudadana como un elemento fundamental para el sistema democrático y, se logro ratificar los principios de soberanía y de no intervención en los asuntos internos de otros países, como principios inalienables.  

Monitoreo y evaluación de las democracias

      Convencido el imperio del amplio grado de legitimidad que presentaba el gobierno venezolano diseño una estrategia que lo presentara en el hemisferio, y ante los demás países del mundo, como un gobierno ilegitimo.

      La CDI ha sido el documento a través del cual ha pretendido darle sustentación conceptual a tal objetivo; la conformación de una Comisión de Monitoreo y Evaluación de las democracias en el hemisferio, sería el organismo a través del cual se produciría un intervencionismo encubierto, de nuestros estados.

      Pretensión del imperio que fue derrotada en su propia casa, en la Asamblea General de la OEA, del año 2005, realizada en Fort Lauderdale. Después de un largo y profundo debate, en el cual la delegación venezolana  liderizó la oposición a la misma, los países del hemisferio rechazaron las pretensiones intervencionistas de EEUU. 

América vive una nueva realidad

      Se resistía el imperio, y aun se resiste, a entender que en América se están abriendo espacios para la edificación de sociedades justas. Nuestros pueblos han demostrado el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas a la región, las que generaron los altos índices de pobreza, hambre y miseria, que hoy presentan los países del hemisferio.

      “Vivimos una época de cambio”, la “Política de Seguridad Nacional” con su plan de “Ataque Preventivo”, instrumentado en otras latitudes y que para el caso hemisférico el gobierno de Estados Unidos bautizó con el nombre de “Diplomacia Preventiva”, fueron derrotados por los pueblos de América.

      Pretendió  utilizar a la OEA como escenario para su instrumentación, aún recordamos lo expresado por la Secretaria de Estado Condoleza Rice, cuando dijo que: “La OEA puede hacer mucho. Esperamos que el reconocimiento de que no está siguiendo una vía democrática (refiriendo al gobierno de Hugo Chávez), pueda ayudar a movilizar a la OEA”.

      La idea de utilizar a la OEA, a sus órganos y sus instrumentos como forma de penalizar a los gobiernos que se salgan de sus directrices, pervive en la agenda del gobierno norteamericano. No les va a resultar fácil aplicar esta política. La presencia de varios gobiernos progresistas en el hemisferio, nos dice que se está conformando un nuevo mapa político en la región. De nuestra parte, Venezuela diseña una estrategia que nos permita frustrar las pretensiones hegemónicas del imperio.

      Como bien lo dijera nuestro coterráneo, el Embajador Jorge Valero:

      “Los adoradores del capitalismo salvaje, y quienes se benefician de su perversa dinámica, consideran que la soberanía ya no tiene pertinencia. Nosotros, los bolivarianos, por el contrario, consideramos que frente a la globalización inhumana y desintegradora, es absolutamente indispensable mantener, desarrollar y defender la soberanía. Sólo así podremos resguardar la identidad nacional. Sólo así nuestros pueblos serán dueños de su propio destino. Sólo así honraremos la memoria de nuestros libertadores”.

      Diez años después, la Carta Democrática Interamericana es una resolución que ha perdido su vigencia. Enmohecida por las imprecisiones conceptuales, desfasada de la realidad sociopolítica del hemisferio, su obsolescencia es la misma que hoy tiene su partera: la Organización de Estados Americanos (OEA).