Empezó la precampaña, y creo importante hacer la diferencia entre ésta etapa y la campaña que debe cumplir con parámetros de formalidad en lo legal: tanto por los tiempos y los conceptos que acompañan a éste período; como por lo político, ya que en este sentido debe haber un candidato a escoger y en la actualidad una de las partes involucradas políticamente (la oposición) no cumple este requisito, ni siquiera en su designación plena ya que lo han fijado para el mes de febrero del año 2012. 

La designación del calendario oficial de los próximos procesos electorales es un verdadero acierto técnico del Poder Electoral y del CNE como órgano rector, y aún a pesar de los esfuerzos de los eternos detractores de todo lo que se haga desde las instituciones (en un coro permanente a las directrices del gobierno y sectores más conservadores de los Estados Unidos), la separación de las tres elecciones está vez demuestra que hemos aprendido de los errores pasados que en algún momento cometimos (por ejemplo: el famoso 28, 28… de Eduardo Semtei, actualmente y siempre, actor protagónico de la oposición venezolana), y sienta un precedente importante de separación entre lo técnico y lo eminentemente político en una decisión de esta magnitud.  

Enumeremos algunas razones: 

1.- Dos meses de diferencia en relación a la costumbre de realizar las elecciones en el mes de diciembre de las presidenciales, poco afecta el cronograma organizativo, y menos aún el desarrollo de las primarias de la oposición, aún más cuando ya existía el escenario en el tapete planteado por parte de ellos mismos, de que fuese en el mes de septiembre la presidencial. 

2.- Si hubiese una intencionalidad política a favor de la revolución y del presidente Chávez: a. Para un convaleciente, anticipar un proceso electoral no sería conveniente porque disminuye su capacidad de mejora, b.- Estando con los niveles de popularidad e intención de votos tan altos como expresan los estudios actuales, que fuesen las elecciones antes de octubre sería más favorable para minimizar el riesgo de disminución de esta tendencia, c.- Si estuviese al borde de la muerte, como algunos necrofílicos expresan, el escenario debería ser de mucha anticipación de la elección. Todo esto resume que cualquier cuestionamiento es infundado ya que quienes han pedido desesperadamente salir de Chávez, ahora tienen dos meses menos de espera y zozobra para saber si lo lograrán.  

3.- Era un hecho que debían dividirse, ya que la Ley Orgánica de Régimen Municipal así  lo exige en su articulado. 

Sin embargo, es aún más sorprendente que voceros de la MUD, como consecuencia de la fijación de fechas del calendario electoral anden exigiendo el establecimiento de una “Ley de transición” para fijar condiciones que garanticen en los 3 meses de diferencia con la asunción oficial la “estabilidad” necesaria para logran tal fin, cuando en comprobadas ocasiones ha sido la oposición la que ha puesto en juego la transición de mandatos o propuestas ratificadas por el pueblo. 

Y digo que es sorprendente por dos razones: 

1.- La aceptación de una propuesta como la planteada por la oposición, implicaría la elaboración de una Ley bajo el condicionamiento de un escenario político que sólo se resolverá en la pugna electoral, lo que demostraría una debilidad por parte de quien en este momento aparece con la mayoría de intención de votos en los estudios de opinión pública y electoral (el Presidente Chávez). 

2.- Una “Ley de Transición” sin establecer un acuerdo político previo de respeto de los resultados dados por el CNE sería incoherente e incitaría al desconocimiento de los resultados al afirmar que el gobierno al aprobar una Ley como ésta, estaba aceptando su derrota por anticipado. 

Por ello, creo razonable proponer que en lugar de una “Ley de Transición” se establezca: “Un Acuerdo Político de respeto al árbitro y los resultados electoral”, que aunque pareciera evidente o tácito en nuestra legislación y el respeto al Estado de Derecho, cada día se hace más necesario, en especial cuando parte de los sectores en pugna electoral demuestran permanentemente con sus agresiones a la institucionalidad, estar dispuestos a reproducir su postura del año 2004 cuando denunciaron fraude y ofrecieron entregar pruebas que aún estamos esperando.  

Este “Acuerdo Político” (o como se defina llamar) de respeto al árbitro y los resultados electorales consistiría en el compromiso escrito y formal de todos los actores políticos en pugna en el proceso electoral presidencial del 7 de octubre de su reconocimiento inmediato a los resultados pronunciados por el árbitro (sin abandono de su derecho a pedir auditorías, etc.), y la restricción pública al ataque a la institucionalidad del Poder Electoral desde el momento en que las organizaciones políticas decidan inscribir sus candidatos, lo que impediría generar argumentos para el saboteo a la gestión del CNE, por lo que lo lógico en este sentido es que dicho acuerdo sea con base en una redacción propuesta por el CNE. 

Una organización o actor político que juegue a participar en las elecciones sin respetar al árbitro y sin estar de acuerdo en reconocer los resultados a pesar de que le sean contrarios, lo que hace es práctica de desestabilización y provoca la injerencia extranjera en asuntos internos que se ha demostrado, por nosotros lo venezolanos, que estamos en la capacidad de solventar por vías democráticas. 

¿Serán capaces las organizaciones de oposición de aceptar un “acuerdo político de respeto al árbitro y los resultados electorales”? o ¿tendrán que pedir permiso a sus financistas primero? 

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