Luego del silencio sepulcral que el gobierno venezolano mantuvo durante meses en relación a la captura en territorio venezolano de Julián Conrado, finalmente Luisa Ortega Díaz, Fiscala General del Ministerio Público de Venezuela se pronunció sobre la no procedencia de la extradición del cantautor a Colombia. El principal motivo alegado por la alta funcionaria es la incongruencia de los motivos de la detención inicial, motivada por la solicitud de Interpol, con los alegatos presentados posteriormente por el gobierno colombiano para fundamentar la misma. Si recordamos, Conrado fue detenido bajo la falsa acusación, con una írrita solicitud de captura de INTERPOL –que no de extradición-, de participar en un combate en la localidad de Parranda Seca, mientras estaba a 2000 Kms. en el Caguán, participando como delegado en los Diálogos de Paz que mantuvo las Farc-Ep con el gobierno de Pastrana; también le fue forjado el delito de extorsión telefónica. Una vez develada la fantástica patraña, el paragobierno de Santos trato de cursar fuera de lapso y violando lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional y venezolano la extradición con una nueva acusación, tan mediocremente imaginada como la anterior, acusando al artista de reclutar forzosamente con su canto a menores de edad para incorporarlos a las filas insurgentes. Como se ve al entuerto inicial del aparato represivo colombiano, siguió otro de mayor estupidez.



Si bien, no es definitiva pues habrá que esperar la decisión del Tribunal Supremo, la declaración de la Doctora Luisa Ortega, comienza a reivindicar a la justicia y al gobierno venezolano en este caso, que se vio muy comprometido desde el inicio, en tanto Conrado fue capturado en una operación conjunta entre las fuerzas de inteligencia colombianas y venezolanas. Así mismo, luego de su detención es víctima de aislamiento durante varios días y de exabruptos y procesales jurídicos ya denunciados anteriormente. Ortega, refrendó con su opinión apegada al derecho, lo que denunciamos una y otra vez. Aunque con mucha delicadeza, la Fiscala dejó al descubierto los manejos torcidos del sistema judicial colombiano en su lucha contra la insurgencia, ratificando a la luz del derecho una de las tantas inconsistencias de la “solicitud” de extradición.



También, la Fiscala expresó que se diligenciaría de inmediato para atender la quebrantada salud del cantante, aspecto denunciado una y otra vez de manera pública por multitud de personalidades y colectivos dentro y fuera de Venezuela. Para el momento que redactamos estas líneas sabemos que, por orden de la Fiscalía, comenzaron las revisiones médicas del cantautor, el cual será sometido a exámenes más detallados para determinar y atender los males que lo aquejan, dolencias que la médica enviada por la Fiscal constató. A pesar de esta buena noticia, valga la observación de la tardanza en los trámites médicos y, por otro lado, de la liberación reciente por problemas de salud de los golpistas Lázaro Forero y Henry Vivas, ex-comisarios de policía convictos por golpistas y asesinato masivo y del fascista Alejandro Peña Esclusa, procesado por delitos de terrorismo.



No obstante lo anterior, el caso sigue siendo complicado en tanto aún está pendiente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, instancia llamada a tomar la decisión definitiva. De ser absuelto, como corresponde si la justicia es aplicada, Conrado deberá enfrentar una difícil libertad. Se sabe que el paramilitarismo y los cuerpos de seguridad colombianos han hecho del territorio venezolano un campo de operaciones, evidenciado esto desde la captura en Caracas y traslado al país vecino de Rodrigo Granda en el 2003. La misma detención del cantante demuestra la impunidad y violación de la soberanía por parte del gobierno colombiano, que ha extendido su red represiva en esta nueva versión del Plan Cóndor en diversos países. En Venezuela, esto último se ve apuntalado por la actitud entreguista y cipaya de algunos personeros de la reacción (agrupados en la MU$), como el Alcalde opositor Emilio Graterón, quien anunció la asesoría del gris capitoste José Obdulio Gaviria, uno de los voceros “ilustrados” del paramilitarismo y perro faldero de Alvaro Uribe; un indicio que confirma que la reacción colombiana persiste en involucrar a Venezuela en su barbarie represiva, esta vez simulando -o pagando- aparentes cortesías.



Todo parece indicar que se les enturbió la Navidad y el Año Nuevo a los cazarecompensas -no sabemos si venezolanos o colombianos- con la declaración de la alta funcionaria. La mentira corre mucho, pero tiene patas cortas, dice la conseja popular. Sigamos alertas que no parará de correr.





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