Veamos: Buena parte de la Renta Petrolera (RP) de Venezuela pareciera ser volcada a la circulación con nuevos bolívares  que no van con cargo a las  divisas empleadas en importaciones varias que contrarrestarían a los bolívares previos que el Banco Central de Venezuela (BCV) convierte en dólares. Si tales importaciones se refieren a bienes de consumo final, desde que desapareció el respaldo en oro y metales afines, entonces estamos ante un libre, fuerte y constante factor de desvalorización de la moneda por ese concepto.

Obsérvese que cada dólar que los compradores extranjeros de petróleo sacan de sus economías les es reintegrado en petróleo o derivados, y de esa manera los efectos monetarios se traducen en inversiones de capital con fines productivos a corto, mediano y largo plazos. En Venezuela, es preciso   aclarar que las Reservas Internacionales (RI), si bien respaldarían las importaciones, el pago del  interés y principal causados por concepto de Deuda Pública, no pueden regular el poder adquisitivo del circulante nacional, porque el banco emisor no garantiza la contraoferta de los  bienes demandados con los bolívares acumulativamente puestos en circulación. Este hueco económico surge desde que se acabó con el respaldo metálico del circulante nacional arriba citado.  En mis recientes disertaciones he tratado este tema y sobre las que espero retroalimentaciones constructivas.

El caso es que el Banco Central de Venezuela (BCV), según sus literales Web, A y B, definitorios del objetivo o utilidad de la Reserva Internacionales[1], se responsabiliza por la emisión del circulante nacional como medios de pago y compra, pero no de los efectos económicos que se derivan de cada nuevo bolívar lanzado al mercado, salvo el de una oferta permanentemente desfasada en relación con el volumen del torrente circulatorio. La inflación sostenida, la especulación  y la tendencia a la paramonopolización de la oferta se ponen diariamente a la orden, sobretodo cuando los bolívares del Presupuesto Nacional son dirigidos básicamente  al servicio burocrático, creación de organismos públicos y demás “gastos”, llamados sociales, que tienen mucho qué ver con la satisfacción de necesidades consuntivas, pero muy poco como aportes de “capital” para el reforzamiento e incremento  mediatos y a largo plazos del aparato productivo nacional, digamos, por montos sostenibles ya que, si bien incrementan rápidamente el Producto Interno Bruto, a largo plazo no darán cuenta de la sobredemanda que aquellos dólares de la RP   aumenta anualmente según nuestras ventas del recurso petrolero. En tal sentido, futuros períodos de depresión son perfectamente avizorables.

Las inversiones inmobiliarias habitacionales, por ejemplo, son un buen ejemplo de consumo popular del petróleo, una magnífica iniciativa estatal y una loable estrategia política, pero sus resultados económicos, como siembra productiva del petróleo, son inciertos o a muy largo plazo. Efectivamente, las familias que van contando con casa propia se inician como propietarios de un medio de consumo, y de producción en potencia que le abriría las puertas a la ejecución de trabajos distintos a los de asalariado, pero sus aportes al Producto Interno Bruto no son sostenibles, y son de bajo peso frente a la ingente inyección de   bolívares que se vuelca cada año en la economía nacional. La vivienda es una bien de consumo duradero y una condición de producción, pero no un medio de trabajo productivo.

Por eso   debemos cuidarnos del manejo del PIB, ya que este estadístico nos dice mucho sobre la dinámica comercial, pero muy poco sobre la productiva. Los países fuertemente dependientes de rentas naturales, como Venezuela, suelen ofrecer una alto PIB, pero este no se garantiza mejoras de la capacidad productiva satisfactoria de la sobredemanda que van generando esas rentas naturales. Tales rentas representan el papel del niño rico que sin trabajar mantiene satisfechas sus necesidades sólo y mientras el subsidio de sus padres o alguna herencia recibida no se le agoten.

Este tema ha sido muy poco tratado. Las críticas sobre el manejo de la Renta Petrolera han sido dirigidas básicamente a su utilización y distribución social, pero de lo que se trata esta vez es de medir los potenciales e inducidos efectos inflacionarios que se hallan en la estructura económica rentística de cualquier sociedad que lance dinero a la circulación sin una contraoferta de bienes   producidos con ese capital circulante. Muy diferente sería si el BCV utilizara dólares para la creación de empresas productivas que contribuyan directamente en el Producto Interno (PI) y básicamente en la creación de valor agregado, además de la recuperación de la inversión del caso. Esa sería la auténtica manera de “sembrar el petróleo”. La idea de una inversión o gasto social para la formación de ciudadanos potencialmente productivos no garantiza que realmente ellos crearían rentas equivalentes y superiores a la parte de la RP usada para su crecimiento y desarrollo.  

En todo caso, el desfasamiento seguiría presente por cuanto se trata de un poder de compra inmediato frente a una eventual oferta sólo factible a largo plazo. Tal es el caso del dinero   empleado en la industria de la construcción civil, vivienda y obras de vialidad en general. Su aporte al PI no garantiza empleo permanente, es un “capital dinero” que no se transforma en bienes productivos necesarios para una economía ampliada.