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El 2011 cierra con buenas y malas noticias. La buena: se reactiva el intermitente Consejo de Defensa de la Nación. No queremos estar supeditados a poderes externos. La pésima: la Cámara de Comercio Internacional de Estados Unidos admite una de las demandas interpuestas por la Exxon en el exterior contra Venezuela, y nos condena a pagarle 907 millones de dólares. Estamos supeditados a jueces extranjeros que juzgan y condenan a  nuestro país, sin importarles que la Constitución lo dote de soberanía: del poder de darse sus propias leyes, de aplicarlas y de decidir las controversias sobre ellas sin estar supeditado a poderes externos. La soberanía no siempre se pierde porque extranjeros la arrebaten a la fuerza; también muere porque los nacionales abdican de ella, convirtiéndose en cipayos de los imperios y haciendo innecesaria la invasión. Sin soberanía no hay Defensa.

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Hay quien presenta como gran victoria para Venezuela el ser condenada a cancelarle casi mil millones de dólares a una transnacional. Victoria hubiera sido que condenaran a ésta a pagárselos a nuestro país. O que los cancelaran  los funcionarios que por su falta de patriotismo y de respeto a la soberanía nos pusieron en manos de cortes extranjeras, conjuntamente con los onerosos gastos que supone llevar un proceso en el exterior. La Exxon por su parte alega que “el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) afecta a una responsabilidad contractual limitada de Pdvsa por el acuerdo del proyecto de Cerro Negro”  y amenaza con otra demanda “más amplia” que sigue su curso en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (CIADI), sucursal del Banco Mundial que invariablemente sentencia  contra nuestros países. Hace doscientos años declaramos la Independencia, vale decir, la soberanía: el derecho a juzgar con nuestros tribunales y según nuestras leyes las controversias que afectan nuestros intereses públicos. Bolívar defendió irreductiblemente ese derecho contra Estados Unidos, que contrabandeaba armas a favor de los realistas y pretendía decidir con sus tribunales nuestro derecho a decomisarle naves y pertrechos. Nuestras constituciones desde 1901 reiteran que las demandas sobre contratos de interés público sólo pueden ser decididas por nuestros jueces y según nuestras leyes. En 1902 nos bloquearon y bombardearon acorazados de Alemania, Inglaterra e Italia para arrebatarnos ese derecho constitucional, que sigue vigente. Pero el 17 de diciembre de 2008 en la sentencia del expediente 08-0763,  el Tribunal Supremo de Justicia pretende anular el Acta de Declaración de Independencia al sostener que para nuestro país “resulta imposible sostener una teoría de la inmunidad absoluta” pues “se acogió al sistema de inmunidad relativa”.  Relativo es un magistrado que de tal forma ignora el artículo 1 de la Constitución, según el cual “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”. Debemos designar jueces que crean en la soberanía y en la inmunidad de jurisdicción de Venezuela. Sin inmunidad de jurisdicción no hay soberanía.

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Casi una treintena de demandas similares a la de la Exxon, por montos que superan el de nuestras reservas internacionales, están interpuestas ante tribunales y juntas arbitrales extranjeras. Algunas fuentes estiman el monto total de los reclamos en 80.000 millones de dólares. Funcionarios venezolanos permitieron esta abdicación de la soberanía al incluir en los contratos respectivos cláusulas inconstitucionales de sometimiento a jueces o árbitros de otros países. Constantemente las autoridades venezolanas sancionan convenios o leyes de Promoción y Protección de Inversiones que inconstitucionalmente someten nuestro país a tribunales de organizaciones dominadas por las grandes potencias, y a los cuales éstas no se someten. Hay que derogar o denunciar todos los instrumentos que pretenden anular el Acta de Independencia. Sin soberanía no hay Independencia.

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 En virtud de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Venezuela es repetidamente acusada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington  y condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, organismos a los cuales Estados Unidos no está obligado a comparecer. Estas cortes sentencian sobre cuestiones todavía no decididas por nuestras autoridades internas,  fundamentan sus veredictos en recortes de prensa y suposiciones sobre hechos futuros e inciertos, e incluso cuestionan las leyes sancionadas por nuestro soberano poder legislativo. Hace poco suscribimos otra convención, esta vez contra la Tortura. Gracias a ella,  relatores extranjeros vendrán a escudriñarnos como si fuéramos delincuentes y a juzgarnos ante tribunales foráneos como si fuéramos criminales. Urge denunciar todos los tratados que nos someten a esas jurisdicciones extraterritoriales, o en todo caso crear  órganos regionales en Unasur o en la Celac que asuman sus funciones. Sin soberanía no hay Derechos Humanos.

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Hace algún tiempo la Contraloría General de la República inhabilitó a un político para participar en elecciones por decisión de que lo declaró incurso en corrupción administrativa. No tardó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en habilitar al flamante corrupto, abrogándose así la potestad de determinar quién puede y quién no puede ocupar cargos públicos o participar en procesos electorales en Venezuela. Si aceptamos esta insolencia, también deberemos consultarle quién es el ganador de nuestras próximas elecciones. Sin soberanía no hay Poder Electoral.

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Vamos a explicarlo una vez más. El gobernar cualquier país comporta decisiones que afectan a empresas nacionales y extranjeras. Si las transnacionales se adjudican el derecho inconstitucional de hacer invalidar por tribunales o árbitros extranjeros los actos de los poderes públicos nacionales, éstos no podrán expropiar ni regular las actividades económicas ni frenar la especulación ni proteger la producción interna ni mantener el control sobre nuestros recursos naturales  ni negarse a cualquier solicitud de dichos consorcios, por abusiva, disparatada, ilegal o inconstitucional que sea. La soberanía popular sería sustituida por la soberanía de los tribunales y árbitros extranjeros. Es el sueño dorado del imperialismo: reducir a colonias a nuestros países sin tener que invertir en invasiones ni en bases militares. Jamás hubo ejército de ocupación  más eficaz que un bozal jurídico atado por vendepatrias.  Urge seguir el ejemplo de Bolivia y de Ecuador, que se retiraron del CIADI. Ninguna revolución podrá hacerse si para ello hay que pedirle permiso al Banco Mundial.

Sin soberanía no hay socialismo.

luisbritto@cantv.net

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