Las leyes y códigos de ética de los Colegios Profesionales en Venezuela permiten establecer dentro de cada uno de esos feudos Tribunales Inquisidores que operan en contra de sus afiliados. Bien se sabe, por ser público y notorio, que los Colegios Profesionales usan esos instrumentos solo para consumar venganzas contra sus propios asociados, y que esos asociados se exponen a esas venganzas porque están obligados, por Ley, inscribirse en esos Colegios apenas terminan sus carreras universitarias, ya que de no hacerlo los mismos Colegios les prohíbe ejerzan la profesión alcanzada después de haberse estudiado no menos de 18 años. Todo egresado universitario es un seguro afiliado a su respectivo Colegio, no tiene escapatoria alguna, y aquellos que no estén de acuerdo con las ejecutorias de las directivas de turno de esas organizaciones más temprano que tarde le serán levantados falsos expedientes incriminatorios por algún delito, pasados éstos a comisiones honoríficas integradas por personas del mismo grupo y por último remitidos, sin perdida de tiempo, a sus propios Tribunales Disciplinarios. Los Colegios Profesionales siguen al pie de la letra la metodología oficial, es decir, actúan como si fueran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, C.I.C.P.C., la Fiscalía de la República y los Tribunales de cada Circunscripción Judicial de la República. ¿Cómo es posible existan organizaciones privadas, Colegios de Profesionales, que continúan teniendo permiso del Estado para poseer un Poder Judicial propio y allí juzgar a sus afiliados que no siguen el ideario político partidista de los miembros que conforman sus directivas?
Además de que la autorización otorgada a los Colegios Profesionales no termina allí, pues una vez que el Tribunal Disciplinario de cada Colegio sentencia una causa seguida a un imputado perteneciente a su propio gremio, el Colegio pasa el expediente al Tribunal Disciplinario de la Federación y este órgano del Colegio prontamente dicta la sentencia definitiva y firme; tal como si fuera otro Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, ¿Puede ser lógico que a 13 años de un gobierno revolucionario puedan subsistir todavía esos adefesios? En la Revolución Bolivariana es el hombre y su dignidad lo que más cuenta y parece mentira que todavía los egresados de la universidades estén obligados a pertenecer a una determinada institución gremial y que a ellos no se les brinde alguna otra alternativa. La verdad que da pena que ésto exista todavía, porque después de más de una década de implantarse en el país un sistema verdaderamente democrático, constitucional, de derecho y de justicia, esta facultad otorgada gratuitamente a los Colegios Profesionales exista todavía como residuo que la Cuarta República. En el tiempo transcurrido desde que se instaló este gobierno revolucionario en Venezuela, muy bien se han podido crear Tribunales Ordinarios donde ventilar los casos relacionados con los delitos de malas praxis ejecutadas por profesionales, y también estos mismos Tribunales podrían ocuparse en dirimir los casos de ofensas al honor de las personas, ofensas que se producen abundantemente en este país. Actualmente la persona ofendida prácticamente no tiene a donde acudir para reclamar y lograr se le devuelva el patrimonio más importante del ser humano; su integridad.
¿Cómo es posible que unas organizaciones privadas puedan administrar justicia y arrojar al desprecio público a sus afiliados por sentencias producto del rencor y la retaliación? ¿Cómo es que se facultó al Colegio de Abogados a cobrar un impuesto en las Notarías y Registros del país al legalizar cualquier documento y que el total de esas recaudaciones se depositen totalmente en sus propias arcas? El administrar Justicia y el cobrar impuestos son tareas soberanas e intransferibles del Estado venezolano, y entonces, ¿Como es que hay organizaciones privadas que todavía lo hacen? La autoridad del Estado estaba y todavía sigue disminuida ante los Colegios Profesionales.
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