Para 1970 los índices de pobreza en el país habían crecido de manera alarmante. La fuerza laboral campesina se redujo al 10 por ciento y en sólo tres años 600 mil personas emigraron a las ciudades y los trabajadores informales aumentaron de 34.4 por ciento en 1980 a 53 por ciento en 1989. Y después de un discurso anti Fondo Monetario Internacional, FMI, al asumir la presidencia de Venezuela y haber compartido actos con Fidel Castro y el sandinista Daniel Ortega, Carlos Andrés Pérez, CAP, al transcurrir pocos días anuncia el llamado Paquetazo Económico siguiendo las recomendaciones del FMI, donde se incluía la privatización de empresas publicas, la eliminación de las subvenciones y protección del Estado a empresas privadas y el fomento de la descentralización y el aumento en el precio de los servicios básicos como la luz eléctrica y la gasolina. Además de todo ello el gigantesco endeudamiento con la banca internacional convertía a los venezolanos en una sociedad debilitada y la desesperación obliga que el pueblo se lance a las calles para protestar ante tales medidas. CAP reunido en Consejo de Ministros ordena al Ejército reprimir los disturbios y decreta el estado de emergencia, con lo que quedan suspendidas algunas garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Fue en la tarde del martes 28 de febrero que comienza el toque de queda más cruento de la historia de Venezuela. La fosa común llamada (La Peste) fue el testigo y acusador principal de esta inmensa masacre. El Caracazo no sólo fue una respuesta a las medidas impuestas por el FMI y acatadas por el gobierno de Pérez, sino también la expresión popular que no tenía forma de canalizar su descontento ante la corrupción generalizada y la crisis originada por los gobiernos del puntofijismo. A finales del año 1989 también se realizaron las primeras elecciones de Gobernadores y Alcaldes, regidas por la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal, porque antes los gobernadores de todos los estados eran designados desde el nivel central por el Presidente de la República y los alcaldes por dichos gobernadores. Desequilibrios macroeconómicos, arcas del Estado exhaustas, renta petrolera insuficiente para satisfacer las crecientes demandas de la población, pobreza y desencanto social, constituían el cuadro de la Venezuela de esos años.
Con Pérez en la Presidencia se liberan las tasas de interés y el tipo de cambio, aumentan todos los servicios públicos y el combustible, los precios de los alimentos se disparan inmediatamente y los negocios empezaron a acaparar y esconder la mercadería. El paquete económico de ajuste neoliberal orientado a la liberación de la economía, tras la firma de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, golpearía fuertemente el ya debilitado ingreso de las franjas más pobres de la sociedad. El 27 y 28 de febrero se encendió la llama del descontento popular que llevó a cientos de miles de personas a salir a las calles de Caracas, y de otras ciudades del país. para protestar el implemento de aquel injusto paquete neoliberal. La mañana del 27 de febrero de 1989 no tenía nada de especial, excepto que empezaba a regir el aumento del ciento por ciento en el transporte público. Apenas había amanecido, eran las seis de la mañana, cuando las primeras corridas, peleas y enfrentamientos se registraron en las afueras de Caracas, en el sector de Guarenas. Los pasajeros se negaban a pagar las nuevas tarifas y, en medio de la ira, comenzaron a quemar los colectivos y las tiendas aledañas. Se producen saqueos a comercios y se protagoniza hechos de violencia, seguida de una de las más sangrientas represiones policiales–militares jamás registrada en la historia contemporánea venezolana. El gobierno suspendió varias garantías constitucionales e impuso un toque de queda durante varios días.
En los barrios céntricos y de las afueras de Caracas comienza la matanza y el número derivados de la masacre ascendería a más de 5.000 personas, la mayoría a manos de soldados que dispararon a diestra y siniestra al pueblo desarmado en las calles y dentro de sus propias viviendas; aquello parecía una macabra práctica de tiro al blanco. El Caracazo generó una gran crisis de identidad en los mandos militares intermedios y ello permitió elevar la conciencia de oficiales que hasta esos momentos habían permanecido al margen de las actuaciones políticas públicas; de allí la rebelión del 4 de febrero de 1992. Hoy, a más de 23 años del Caracazo, miles de familias de las víctimas siguen esperando justicia; no hay ninguna persona procesada por esos crímenes. La forma brutal e inhumana de proceder de un gobierno puntofijista despiadado, jamás debe repetirse en esta patria y por tal circunstancia se debe de tener mucha conciencia al depositar el voto en el próximo proceso electoral presidencial del 7 de Octubre.
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