Una vez iniciada la XXXV Asamblea General de la OEA, los neocipayos de la oposición venezolana hicieron frente junto al Departamento de Estado para promover el "Observatorio Interamericano de la Democracia", el cual permitiría que organizaciones como Súmate, Consorcio (Primero) Justicia y Fedecámaras canalizaran la intervención de Estados Unidos en Venezuela y derrocar al presidente Chávez para implantar un régimen neofascista y obstaculizar el proceso de integración de América Latina y el Caribe.

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, por ejemplo, hizo hincapié en el "papel fundamental" que tiene la "sociedad civil" para obligar a los gobiernos a rendir cuentas y determinar las amenazas de las democracias, al tiempo que anunciaba la creación de un fondo de 250 mil dólares para el apoyo de la "sociedad civil" en las actividades de la OEA. Igualmente, el representante de Estados Unidos en el diálogo con la sociedad civil manifestó que el momento había llegado para que la OEA acogiera la incorporación de la "sociedad civil" en evaluar los gobiernos del continente. Por su parte, la gran mayoría de las organizaciones que conforman la oposición venezolana, se pronunció a favor de la creación de dicho "observatorio." Los medios de comunicación privados en Venezuela también manifestaron su entusiasmo con la propuesta de Washington, al tiempo que descalificaban la iniciativa del gobierno venezolano en impulsar la Carta Social de las Américas asegurando que ocupaba el "último lugar" en la agenda de la OEA, "en lo que puede ser un reflejo del poco interés y hasta de la incomodidad estadounidense" (El Universal, 6 de Junio de 2005), como si los temas a tratar en la Asamblea General hubieran sido discriminados de acuerdo a su importancia, y siendo que dicha iniciativa fue en efecto integrada junto a otras siete propuestas venezolanas en la declaración final, lo cual no fue precisamente cierto para la propuesta intervencionista de Washington y sus neocipayos venezolanos que "fue bloqueada por una coalición de más de veinte países de América del Sur, México y el Caribe." (El Clarín, 8 de Junio de 2005)

Brasil manifestó rotundamente que la democracia "no se impone" sino que es fruto del dialogo constructivo por lo que se hace necesario evitar cualquier tipo de mecanismo intervencionista, mientras que Belice advirtió que "ningún país, por mas poderoso que sea, no tiene el derecho de definir la democracia para el resto del mundo." Asimismo, México dejó claro que no respaldarían un "tutelaje de nadie'', al tiempo que Argentina señaló que el apoyo que debe dar la OEA a los gobiernos de la región "debe efectuarse cuando los países en crisis lo piden," coincidiendo plenamente con el canciller venezolano, Ali Rodríguez, quien en su elocuente intervención manifestó que la OEA no estaba facultada para evaluar el estado de la democracia" y que "encomendar a una comisión nuevos mecanismos, además de los que ya están en la Carta de la OEA, [son] violatorios de los principios establecidos en la Carta [los cuales] deben ser escrupulosamente respetados y no alterados bajo ninguna circunstancia." En este sentido, Rodríguez sentenció que "Venezuela es un país soberano y en cualquier condición hará respetar su soberanía; no va a tolerar ninguna injerencia externa, sea de quien sea y por mucho poder que tenga."

Asistiendo a la cortesía diplomática de no ocasionarle un mayor desaire al país anfitrión, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Bolivia redactaron una resolución "alternativa" a la propuesta estadounidense en donde los países tendrían la potestad soberana de solicitar "asistencia" cuando enfrenten problemas de gobernabilidad, mientras que Bolivia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Surinam, Guatemala y Canadá propusieron "recomendaciones y medidas específicas para prestar asistencia a los países que lo soliciten", tal y como lo indica la Carta Democrática Interamericana. Igualmente, la comunidad caribeña (CARICOM) presentó otra propuesta alternativa donde se elimina cualquier referencia al "papel preventivo de la OEA", aun cuando México y Venezuela advirtieron que no firmarían proyecto alguno que asome algún tipo de intervencionismo (La Jornada, 7 de Junio de 2005), posición que finalmente privó en la declaración final, la cual además no recoge la propuesta de Estados Unidos en ninguna de sus formas. (ABN, 7 de Junio de 2005)

(*) Internacionalista