Un considerable sector de la opinión pública nacional tenía fuertes temores de que se produjese en cualquier momento, y en el marco de la campaña electoral presidencial, uno o más eventos catastróficos que impactaran fuertemente a la ciudadanía, y más aún: a las y los electores, ello en virtud de las advertencias hechas con antelación y las situaciones extrañas ocurridas previamente a los lamentables sucesos.

Los temores sobre la eventual ocurrencia de hechos catastróficos en el marco de la puja electoral, fueron lamentablemente confirmados en este reciente y luctuosamente finalizado mes de agosto, cuando al derrumbe del puente de Cúpira, le seguirían el motín de la Cárcel Yare I y luego el más devastador suceso en la historia petrolera del país: la explosión el sábado 25 en la madrugada de un área de la refinería de Amuay en el estado falcón, con el lamentable saldo de 42 personas fallecidas hasta el cierre de este reportaje.

En los oídos de muchos aun resuenan las opiniones de los encuestadores Oscar Schemel y Jesse Chacón suministradas en el pasado mes de junio, coincidiendo en que sólo un evento catastrófico, o extraordinario, podría modificar la intención del voto que ya reflejaba una tendencia sostenida y más aún: difícil de revertir, y que no era otra que el favoritismo mayoritario por la candidatura del presidente Hugo Chávez, lanzado una vez más a la reelección presidencial.

Aunque seguramente aquellas palabras se convirtieron en un alerta, pues por encima de todo, un gobierno serio debe resguardar la vida de las personas ante algún riesgo de actos de terrorismo; la historia de otros países con situaciones políticas parecidas a las que vive Venezuela -caracterizada por una elevada polarización y consecuencialmente reflejada en una campaña presidencial tan vital para ambos sectores enfrentados en la contienda electoral-, tiene mucho que mostrarnos, e incluso enseñarnos.

En Chile y Nicaragua

Ya en el pasado reciente, tanto el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, en Chile, como el del izquierdista Daniel Ortega en Nicaragua, fueron en su momento blanco de ataques terroristas, y fueron muchas las infraestructuras, como oleoductos, puentes, estaciones eléctricas y otras igual de sensibles que sucumbieron, consecuencia de explosiones provocadas o bien desde afuera, es decir, por expertos terroristas extranjeros clandestinamente ingresados y huidos del país; o por terroristas internos, como en el caso de los terroristas pertenecientes a la organización fascista chilena “Patria y libertad”, emparentada por cierto en sus postulados con la tenebrosa “Tradición Familia y Propiedad”, de cuyo capítulo venezolano -dirigido por el terrorista confeso, Alejandro Peña Esclusa- fueron militantes cuando jóvenes Henrique Capriles Radonski y Leopoldo López.

En este orden de ideas, cabe recordar que el gobierno venezolano anunció días atrás (8 de agosto) la captura de un individuo de nacionalidad estadounidense que intentó cruzar ilegalmente la frontera colombo-venezolana, quien al ser sorprendido por efectivos militares nuestros destruyo una libreta de notas y se negó a suministrar información sobre su presencia en nuestro país. Uno de los documentos que portaba consigo lo vincularían a una empresa contratista de ese país, que como ya es público y notorio, viene utilizando los servicios de empresas de seguridad privadas, como Blackwater y otras, que contratan mercenarios de cualquier nacionalidad para que realicen el trabajo sucio en el país que tengan en la mira de sus planes de desestabilización y agresión.

Denuncias sobran, además, sobre la existencia activa de una red terrorista dirigida por el prófugo por este delito Luis Posada Carriles, protegido hoy en EE. UU. por sus servicios en la CIA.

Más aun: para muchos es inevitable unir este hecho con la denuncia que 15 días antes (22 de julio) de la captura del supuesto mercenario latino-estadounidense, hiciera el periodista José Vicente Rangel en su programa dominical sobre las palabras vertidas por un diplomático estadounidense, quien le habría comentado a un encuestador que no le preocupaba que el candidato Chávez se mantuviese arriba en las encuestas pues sucedería un hecho que revertiría esa situación a favor del candidato derechista Henrique Capriles.

Cuesta mucho pero…

Cuesta mucho entender que viviendo una época en la que el desarrollo de las tecnologías de vigilancia electrónicas es sorprendente (dispositivos audiovisuales, etc.), a estas alturas la opinión pública no tenga información sobre si hubo o no presencia sospechosa de personas en los alrededores de la zona antes de la explosión; a menos que las autoridades requieran en estos momentos mantener un hermético silencio para contribuir a las investigaciones, y que cualquier veredicto al respecto que deba verterse a la opinión pública esté blindado con la seriedad requerida, en particular a la hora de señalar posibles responsables.

De igual modo da mucho que pensar el hecho de que en el perímetro de la explosión, estuviesen emplazados, además de asentamientos humanos civiles de larga data, también uno de tipo militar, como es el caso del destacamento 44 de la Guardia Nacional Bolivariana, que al recibir el primer impacto de la onda expansiva junto con las primeras lenguaradas de fuego, arrojó el mayor numero de víctimas al listado trágico de fallecidos, como si de un objetivo militar a destruir se tratase.

Es de lógica elemental que si tan alto riesgo existía de un accidente como este, el área impactada debió ser desalojada e incluso cerrada al tránsito automotor civil desde hace mucho tiempo atrás, y no fue así. ¿Por qué? En todo caso son respuestas, entre otras muchas, que espera la opinión pública y que es de imaginar que las autoridades están a la espera de que cese la campaña mediática privada desatada inmisericordemente, como zamuro a la carnecina, cese; y entonces sí, proceder a informar con más veracidad de lo ocurrido.

Inevitables sospechas

Por cierto, muchas de las especies difundidas en estos días por los medios privados de información, como el persistente olor a gas desde hacía ya varios días en el lugar, y la ocurrencia luego de la explosión, de supuestos intentos de saqueos, han sido desmentidas por personas sobrevivientes, a la vez que dejan al descubierto que tanto estos como la oposición derechista, incluido su candidato Henrique Capriles, tienen una clara vocación necrofílica, y también levantan sospechas sobre su proceder, pues sin esperar el resultado de las investigaciones, no pierden oportunidad mediática para señalar responsables directos e indirectos sin prueba alguna contundente.

Todo lo cual, no hace sino generar más sospechas de que se trató de un suceso esperado y para el cual ya se tenía previamente diseñada la campaña mediática “ideal” para golpear la imagen del gobierno bolivariano y por supuesto la candidatura de Hugo Chávez. Y es que no es tan difícil comprender que lo pertinente es esperar el resultado de las investigaciones, que tal actitud opositora mueve, por decir lo menos, a tener suspicacias.

Y es que al igual que lo sucedido el 11 de abril de 2002, estos mismos medios privados (Globovisión, Venevisión, El Nacional, El Universal y otros) acusaron al presidente Chávez y a sus funcionarios más cercanos de ser responsable de la muerte de civiles inocentes, y nuevamente como ayer llevó a personeros opositores, como el editor Rafael Poleo, a pedir su renuncia a la presidencia.

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