Venezuela tiene el privilegio de ser el país que con el advenimiento de la revolución bolivariana en diciembre de 1998, enfrenta hoy con relativo éxito el dogma neoliberal pero además la poderosa maquinaria mediática global-regional-local que lo sustenta en esta su vieja puja por mantener la hegemonía global ideológica-política-económica-militar mundial capitalista-imperialista, a base den querer imponer sus tesis principales como son las de “el pensamiento único”, “el fin de la historia” y “el choque de civilizaciones”; intento contra el cual viene jugando un papel que no debe desdeñarse la comunicación alternativa venezolana.

El crecimiento exponencial de medios alternativos en Venezuela en estos últimos 14 años de revolución bolivariana, democrática y pacífica, es un fenómeno al cual pareciera a veces no querer dársele aún la verdadera importancia estratégica que tiene en la titánica tarea de desmontar el discurso de dominación y/o hegemónico del capitalismo en su fase imperialista y neoliberal. Por lo que este crecimiento cuantitativo no ha sido seguido de un de un acompañamiento sostenido que redundase hoy en un crecimiento cualitativo creciente en cuanto a su impacto en la opinión pública. Y lo que es más estratégico aún: en cuanto al impacto en la conciencia social.

Pareciera olvidarse, por una parte, que la deuda social acumulada del Estado con las mayorías nacionales excluidas tiene una arista comunicacional; y por la otra, también parece olvidarse con frecuencia que ha sido, es y será siempre en el escenario mediático donde se viene librando desde hace más de un siglo una de las batalla más arduas entre el capitalismo y el socialismo, como es la de ganarse esas conciencias para la lucha por el modelo de sociedad necesario para alcanzar la verdadera justicia social.

Y más allá: cuando es hacia ese horizonte, el socialista, hacia el cual acertadamente el liderazgo bolivariano actual –con el legado del inmortal Hugo Chávez en la mano- nos llama a avanzar todos los días, convencidos pues de que es el único camino para alcanzar “la mayor suma de felicidad posible”, en su nueva versión bolivariana, para todas y todos los venezolanos.

Por ello no debe dejar de saludarse todo intento sensato en esta dirección, hecho desde el Estado, como parece es el objetivo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, cuando en apenas dos meses impulsa 2 encuentros nacionales de medios alternativos y comunitarios, el último por realizarse en los próximos días.

En esta nueva oportunidad, los asistentes contarán con un “nuevo” papel de trabajo para el debate democrático de ideas, surgido de un encuentro anterior a finales del 2013, y que sin dejar de reconocer ese esfuerzo, necesario y conveniente es fijar posición pública sobre algunos temas tratados en estos, para aportar insumos para tan necesario y urgente debate.

A buen entendedor…

De entrada, es necesario advertir que quien desconozca nuestra Constitución Bolivariana, en particular sus preceptos sobre el derecho a la comunicación y a información contenidos en sus artículos 57 y 58, nada tiene que buscar en ese encuentro. A buen entendedor pocas palabras. Y es que en esta nueva oportunidad no deberían tener cabida interpretaciones, si se quiere, ideologizadas sobre su contenido.

No otro intento es lo que se nota cuando se pretende sustituir el concepto constitucional de “democracia participativa y protagónica” por el de “democracia popular revolucionaria”; fase que si bien pudiese transitar un proceso revolucionario en un momento histórico determinado, nadie puede decretarla alegremente, ni mucho menos ocultar afanes confiscatorios y hegemónicos tras esta a todas luces vulgar manipulación conceptual.

Sobre todo, deberá ser así en cuanto a que como bien lo establece el Artículo 57, “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura previa”.

Y mejor aún, el Artículo 58 lo reafirma taxativamente cuando establece que “la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley”.

Esta referencia pretende ponerle un freno a ciertas tentaciones totalitarias, cuando no corporativistas –que en definitiva es lo mismo-, hacia las cuales se quiere encallejonar la discusión sobre el desarrollo de la comunicación alternativa en Venezuela, incluso la discusión sobre una necesaria ley que les garantice este derecho a su sustentabilidad en el tiempo.

De entrada, si se aprobase en el futuro inmediato una ley, el debate sobre la misma debería generarse en torno a si debe o no ser una ley de ejercicio de la comunicación popular (alternativa y comunitaria), así como se dio en su oportunidad entre los periodistas (egresados o no), y que llevó a que en la actualidad exista una ley del ejercicio del periodismo. Ello, porque en ambas situaciones, los mensajes, o los contenidos, por lo general son elaborados por una sola persona, a la cual se le califica bien como periodista, bien como comunicador alternativo, o comunitario y/o popular, una vez demostradas sus destrezas para producirlos. Aquí, con mucha más razón si se habla de construir el socialismo, no cabe la máxima capitalista de que “el medio es el mensaje”. ¿O sí?

Ahora, cuando varios comunicadores alternativos, bien sean comunitarios o de otra índole social, coinciden en la defensa de determinados intereses, ya sean de corte sectorial o territorial, estos pasan a conformar organismos para defender esos intereses de forma mancomunada y a través de una política comunicacional determinada que diseñan en colectivo.

Según los artículos de la CRBV aludidos, entonces, desde personas naturales hasta personas jurídicas tienen el derecho a la comunicación y a la libre y plural expresión de sus ideas. Y hoy parecen cobrar mayor pertinencia estos preceptos con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, gracias a las cuales vemos personas naturales que deciden libérrimamente editar un blog, al igual que vemos colectivos de personas que deciden hacer lo mismo, sin que requieran de mayor infraestructura o recursos financieros. Ello sin hablar de las capacidades infinitas de comunicación, aunque también de manipulación, que comporta hoy el mundo de la tecnología digital.

Quién si y quién no

Ahora, pretender que sólo podrán hacer comunicación alternativa, comunitaria o popular, las personas que hagan vida socio-política en una comuna o consejo comunal; o que serán estos u otros espacios orgánicos nacidos los unos en el marco de las leyes del poder popular, y los otros producto del impulso propio de toda revolución a la organización gremial-sectorial, incluso con rango constitucional (llámese consejo, frente, etc.) los que tendrán la potestad de decidir quién sí y quien no hace comunicación alternativa, popular o comunitaria, constituye un exabrupto en toda la extensión de la palabra, de corte eminentemente “orweliano”, por aquello del “gran hermano” que pretende controlar todo.

Ningún interés sectorial de la comunicación alternativa y/o popular, por mayoritario que este sea, tiene el derecho de imponerle a los demás sectores sus concepciones. De ser así, se le estaría dando una puñalada mortal a la democracia. Mucho menos tiene derecho de ocultarse tras una fraseología “híper revolucionaria” para, no sólo imponerle a los demás sus puntos de vistas sobre lo que es o lo que no es comunicación alternativa y/o popular, sino lo que es peor aún: para ocultar intereses mezquinos, como pudiesen ser los asociados al control deseado sobre algún tipo de mecanismo para el otorgamiento de fondos que pudiese surgir en un futuro mediato para el desarrollo de la comunicación alternativa y popular.

Estas reflexiones son, pues, un “abreboca” para el debate democrático de ideas que habrá que dar en esta nueva oportunidad, y que busca dotar al movimiento social de la comunicación alternativa de una plataforma de lucha más clara y acertada ante su histórica tarea de contribuir con la derrota definitiva de las pretensiones hegemónicas imperialistas contra nuestro país y contra la Patria Grande latinoamericana-caribeña; y también derrotar el burocratismo, la ineficiencia y la corrupción, amenazas no menos peligrosas contra la continuidad de la Revolución Bolivariana.