La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, fue aprobada el 21 de diciembre de 2010. La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada el 29 de Junio de 2006, consta de 45 artículos, y 85 países han ratificado la Convención.
La desaparición forzada de personas se ha usado como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición se ha convertido en un problema mundial, tras haber sido una característica habitual de la segunda mitad del siglo XX, desde que empezaron a ser cometidas en la Europa ocupada por los nazis en 1941. Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego no se reconoce su detención, y se oculta su paradero.
Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas, y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades nunca jamás llegan a saber qué les sucedió. En la Resolución de Naciones Unidas, se aprobó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la misma establece que la desaparición, constituye un delito y en comprobados eventos un crimen de lesa humanidad; señalando el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación.
En America Latina esta violación, comenzó cuando se creo la Escuela de las Américas por los Estados Unidos, donde se formaron más de 60 mil oficiales de todo el continente. Se enseñaba a encarcelar, torturar y desaparecer a los líderes de la región. En nuestro país comenzó esas prácticas en los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez, y de Acción Democrática y Copei.
Durante la época de las guerrillas en Venezuela, se implementaron Teatros de Operaciones Militares donde se desaparecían las personas luego que se les torturaba para obtener información. Estas mismas prácticas fueron aplicadas en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, violaciones conocidas como la operación Cóndor.
Estados Unidos junto con la complicidad de otros gobiernos, ha cometido desapariciones forzadas de personas a las que declaraba sospechosas de terrorismo. Algunos gobiernos progresistas han hecho campaña para pedir que Estados Unidos revele la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en cárceles clandestinas.
El Presidente Hugo Chávez hizo recientemente justicia, con los torturados y desaparecidos en Venezuela, aprobando la LEY PARA SANCIONAR LOS CRÍMENES, DESAPARICIONES, TORTURAS Y OTRAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR RAZONES POLÍTICAS EN EL PERIODO 1958-1998. Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Aprovechamos para recordarle al Presidente Chávez que los miembros de la Comisión Presidencial por la Justicia y la Verdad no han sido juramentados.
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