Al finalizar la XXXV Asamblea General de la OEA, donde se pretendió ejercer un "monitoreo preventivo" sobre las democracias (Venezuela) que no son afectas al gobierno estadounidense, el Secretario General, José Miguel Insulza, lideró una misión de alto nivel en Nicaragua, por invitación del gobierno del presidente Enrique Bolaños, para observar, analizar y ofrecer soluciones a la crisis política que vive este país producto de la confrontación entre el poder ejecutivo y legislativo por el control de las empresas estatales de telecomunicaciones, agua y energía.1

La misión de cuatro días surgió tras la declaración de la Asamblea General en apoyo a Nicaragua (7 de Junio de 2005), la cual reconoció el peligro que existía en "la separación e independencia de los poderes públicos" y la necesidad de fomentar "un diálogo nacional amplio para fortalecer las instituciones democráticas y solucionar el problema coyuntural." En este sentido, Insulza se manifestó a favor de la asistencia política con la presencia de una misión permanente de alto nivel que facilitase el diálogo, "un espacio de alcance nacional" y un mecanismo para "restablecer la paz y la concordia y consolidar la democracia." (OEA, 21 de Junio de 2005) A su regreso a Washington, Insulza se dirigió inmediatamente a la Casa Blanca donde "compartió" con el presidente Bush y miembros del congreso estadounidense sus apreciaciones sobre la situación política en Nicaragua (OEA, 22 de Junio de 2005), pero a diferencia de Venezuela - país que ha centrado la atención de la política exterior intervencionista estadounidense por su "populismo radical" y la "concentración de los poderes públicos", entre otras infundadas y malintencionadas apreciaciones - el gobierno neoliberal del presidente Bolaños es aliado de Washington, y esto le ha garantizado una carta blanca para atropellar los principios democráticos en nombre de la "democracia representativa" de la misma manera que la aplicación de políticas neoliberales pro-estadounidenses en Ecuador y la propensión hacia la privatización de los recursos gasíferos en Bolivia, le permitió al ex presidente Lucio Gutiérrez desbancar al Poder Judicial ecuatoriano y a los ex mandatarios Sánchez de Lozada y Carlos Mesa navegar en medio de una profunda crisis política que finalmente terminó por derrocarlos.

Efectivamente, el contundente apoyo de Washington ha sido un incentivo para que el presidente Bolaños confisque las atribuciones de los poderes públicos del Estado mediante la ejecución de un decreto que le ordena a la Policía Nacional "abstenerse de ejecutar cualquier orden de otros poderes" y acatar las decisiones de la Corte Suprema Centroamericana como si se trataran de sentencias emitidas por la propia Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, desconociendo así las reformas constitucionales y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional relativas a la organización, competencia y procedimiento del poder ejecutivo avaladas por el Poder Judicial. De acuerdo a la lógica intervencionista, la política autoritaria del presidente Bolaños deberá ser aceptada por el pueblo nicaragüense tal y como la población de América Latina tuvo que "aceptar" en el pasado las dictaduras, torturas y desapariciones que impuso el Departamento de Estado y Pentágono para protegernos del comunismo soviético. Sin embargo, las medidas tomadas por el ejecutivo han sido rechazadas por la opinión publica nicaragüense. El magistrado Rafael Solís las calificó de "inconstitucional... una barbaridad que nunca se había visto en la historia de Nicaragua... ni en la época de Somoza", al tiempo que el Nuevo Diario ilustraba magistralmente el total desprecio por los principios democráticos mostrado por gobierno al publicar en su titular de primera pagina (28 de Junio de 2005) lo que probablemente fue lo único que le faltó decir a Bolaños: "El Estado Soy Yo".

Vaya manera de comenzar el "diálogo nacional" que prometía la OEA.

(1) El conflicto entre el ejecutivo y legislativo surgió cuando la Asamblea Nacional, donde sandinistas y liberales son mayoría, ratificó las enmiendas a la Constitución Nacional, reconocidas como legítimas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero declaradas inaplicables por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y desconocidas por el gobierno del presidente Bolaños. Durante el pasado mes de enero, la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, y a la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) para reglamentar lo concerniente a la administración de las empresas estatales de telecomunicaciones, agua y energía. Una vez aprobadas las reformas, la Asamblea Nacional nombró a las nuevas autoridades de las empresas estatales, pero al desconocer las reformas, el gobierno ordenó a la Policía Nacional a custodiar los edificios públicos y prohibir la entrada de los nuevos intendentes. Inmediatamente, la Corte de Apelaciones de Managua ordenó la suspensión de la vigilancia al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), obligando al ejecutivo a acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, la cual sentenció a favor del gobierno al declarar "inaplicables las reformas constitucionales que restringen facultades al Ejecutivo." De esta manera, el presidente Bolaños encontró la excusa perfecta para desconocer las reformas constitucionales aprobadas por el legislativo, argumentando que el control de la oficina de correos por la oposición, permitiría la ejecución de un "fraude electoral" en 2006, y las "telecomunicaciones en manos enemigas de la democracia, podría representar un serio peligro contra la seguridad nacional y la seguridad de países amigos y aliados", haciéndose eco de la posición estadounidense y su abierto desprecio hacia los sandinistas. Sin embargo, las raíces de este conflicto parecen ser mucho mas profundas. En su articulo "La elite criolla y los hijos ilegítimos" (Nuevo Diario, 28 de Junio de 2005), el sociólogo nicaragüense, Orlando Núñez Soto, argumenta que la "elite criolla" conservadora nicaragüense, "descendiente de los colonizadores españoles", "herederos políticos de la Corona", con una "gran influencia económica, social, política y cultural sobre los poderes nacionales y sobre la población en su conjunto", ha ejercido su hegemonía intelectual mediante la "legitimación del estatus jerárquico impuesto durante varios siglos de dominación cultural", lo cual también "ha servido para justificar la legitimidad e ilegitimidad de las identidades o de las clases políticas", pero que con la "revolución liberal" que amenazó con romper "la cultura del viejo régimen conservador", se produjo una ruptura histórica entre conservadores y "la plebe liberal y sandinista" por el control del Estado. De acuerdo a Núñez Soto, los conservadores no solo han sido abandonados por sus adversarios políticos, sino también por la propia Iglesia Católica, "vieja amiga en los ritos y en los mitos", partidos políticos, ejército y policía, y por el propio soberano que en las pasadas elecciones municipales le dio el 90% del voto a liberales y sandinistas mientras los conservadores obtenían tan solo el 9,5% de apoyo. Es por ello que para Núñez Soto a la "elite criolla" no le queda otra opción que "desconocer el apellido liberal y sandinista, descalificar a los mengalos, destrozar la reputación de los infieles, difamar y calumniar a diestra y siniestra, reconstruir el santo oficio de la ilegitimidad política", por lo que "sólo queda, o regresar esta republiquita a sus "legítimos dueños" (¿las empresas transnacionales?), o decidir emanciparnos definitivamente a través de una insurrección cultural generalizada."

(*) Internacionalista