Una de las características de la historia de España, incluso cuando no era España sino Castilla o Aragón, era la farragosidad administrativa y legal, la burocracia, las tramitaciones interminables, los conseguidores y la corrupción inherente a todo ese entramado.
Durante la Colonia los españoles crearon una complicada y compleja maquinaria político-administrativa, basada en la división de la inabarcable extensión de América, que contaba con virreinatos, provincias, capitanías generales, reales audiencias, a lo que había que añadir la división administrativa eclesiástica y el monumental mamotreto de leyes llamado Leyes de Indias que nadie cumplía pero quedaban bien.
El doble robo (a los indígenas y a las arcas públicas reales) por parte del personal administrativo español en América (y en España) era constante. Entre ellos se mataban antes de repartirse las riquezas y el poder. Poco después de conquistar el Imperio Inca, es decir, de asesinar al Inca Atahualpa y robarle todo su oro, los conquistadores españoles Almagro y Pizarro iniciaron la primera guerra civil entre españoles en América, una guerra que no era más que por el oro y el poder.
Primero asesinaron a Almagro y después a Pizarro, después se mataron sus hijos y uno de ellos, Gonzalo Pizarro, pretendió declararse independiente de la Corona española, casarse con una indígena e iniciar una dinastía.
La situación actual española no dista mucho de la del Perú de 1530. Gobernantes corruptos y «encomenderos» reconvertidos en «conseguidores» de dineros públicos. Ahora los españoles son los indígenas, en el medio de la nada a nadie importan, sólo su trabajo y su dinero, que es el que se reparten, mientras unos funcionarios reales (políticos), «brillantes» escribanos de la cosa pública, hacen leyes que sólo son aplicadas a los indígenas españoles actuales sin poder y sin dinero, súbditos, eso sí, de la misma casa real que durante cientos de años masacró indígenas, robó y vivió del cuento.
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