De entrada, fue hábito burocrático invertir grandes sumas de dólares del Crédito Público, montar y arrancar fábricas o empresas como las telefónica, eléctrica, petrolera, hospitalaria, educativa, etc., para luego descuidarlas administrativamente con personal irresponsable y desestimulado para trabajar en equipo, y con disgusto con el trabajo realizado. Esas empresas públicas terminaron paralizadas, fueron llevadas a la ruina por insuficiencias presupuestarias para así y entonces venderlas al sector privado, al mejor y más matraquero postor y a precio de gallina flaca.1

Este proceso político muy venezolano y de la 4ta república puede y podría ser perfectamente aplicable al resto de las sociedades capitalistas cuyo rasgo básico comercial es la conversión de todos los bienes en mercancías, sin exclusión de la mismísima mano de obra, tanto la contribuyente al Producto Interno Bruto (PIB) como la dedicada a otros servicios reñidos con las “buenas” costumbres. Nos referimos al obrero asalariado2 y al sicario-mercenario y afines-respectivamente.

De hecho, la producción de mercancías es frecuentemente una actividad ejercida por las personas citadinas o campesinas que no aparecen limpiamente en las plantillas burocráticas de ningún ministerio del Estado. . El egresado universitario, por ejemplo, ha sido lanzado al mercado como un mercader de la profesión respectiva, se le ha otorgado una titularidad republicana para ejercer privadamente unos servicios que por derecho y de partida deberían ser públicos.

Así, cuando el PIB resulta estricta y completamente privado, de hecho y de derecho el concepto de patria sale sobrando, se desconoce, se lo niega o, a lo sumo, se le respeta sólo como un convencionalismo o formalidad constitucional.

Concretamente, el Estado burgués, es apátrida por excelencia, ha pretendido convertir el planeta en un gran mercado bajo el camuflaje político de las compraventas de una megamercancía llamada “progreso” de la industrialización transnacional.

Así las cosas, el proceso de comercialización privada que se inició con artesanos pasa por los modernos fabricantes de baja, mediana y gran escala hasta llegar a los actuales momentos cuando el Estado, y desde comienzos del siglo XX, opta por restringir, regular, controlar y hasta asumir directa, total o parcialmente, la producción de los bienes, particularmente los de carácter estratégico para el país, para la patria.

Buena parte de los países que se han sumado al boom de la industrialización confronta el conflicto entre reducirle el mercado a la burguesía, y la continuación de importaciones de variopintas maquinarias, tecnología y equipos. De aquí, la imperiosa necesidad de consolidar una economía máximamente autárquica, o sea, tal como lo viene haciendo y conduciendo el presente Estado venezolano al lado de los países bolivarianos de Suramérica y Centroamérica. Es que sólo un gran mercado, una gran patria, podría doblegar pacíficamente el divisionista mercado transnacional y burgués3.

Bien, los grados o fases de la privatización se hallaron (¿hallan?) presentes en los hospitales públicos de la Venezuela prechavista, particularmente la de los tiempos puntofijistas4. Por ejemplo, muchos profesionales, como empleados públicos, optaron por mostrarse irresponsables con sus obligaciones laborales mediante la malversación, la negligencia y el mal servicio prestado a los usuarios públicos, para remitirlos a sus laboratorios, despachos o consultorios privados. Hubo ¿hay?) “profesores” (?) que se dedicaban a la venta de tesis de grado, pero en sus aulas públicas prestaban el peor y más irresponsable servicio como docentes, cosas así.5

De manera que el proceso de privatización ha estado precedido, inducido, fomentado y promovido por todos esos egresados universitarios a quienes el Estado burgués les regaló todos sus estudios, sin exigirles ni imponerles un reintegro solidario de la inversión realizada en su favor.6

1 Por ejemplo: Licitador 1 ofrece 100 como precio de una empresa estatal en mal estado, 20 para el funcionario y 80 para el Estado; el 2 ofrece 90, 30 para el funcionario y 60 para el Estado; y un tercero ofrecería 80: 40 para el Estado y 40 para el funcionario corrupto. Véase así como sale ganando el más matraquero y el funcionario más putrefacto. El gran perdedor es el Estado carente de patriotas y de patria, en consecuencia.

2El personal gerencial y supervisor, sin ser creativo, es también reducido a mercancía. Véase mi obra: Praxis de El Capital, de Carlos Marx.

3 Esa fue groso modo la idea bolivariana proyectada en aquel congreso anfictiónico panameño.

4 Se entiende por “puntofijistas” los miembros del contubernio firmado de consuno por adecos, copeyanos y por gentes disfrazadas de izquierdistas que les apañaron las corruptas y degradantes prácticas burocráticas a los dos primeros socios integrados por laicos, clérigos y militares de semejante y aterradora organización política nacional, irrefragablemente hoy cayendo en picado.

5 Una vez invité a todo el personal docente, que me acompañaba en la Universidad donde operé durante 24 años en línea sin faltar injustificadamente, para que exhibiéramos en nuestros cubículos todas las credenciales académicas de cursos, estudios y afines de pregrado, grado y posgrado, tal como tan exhibicionista y comercialmente suelen hacerlo los profesionistas aburguesados, atrapados como se hallan entre las poderosas garras del burguesismo de la escualidad nacional. En el film-valga la cita-El Fugitivo, Harrison Ford, la policía de EE UU considera que si el presunto victimario comete algún crimen, a él se le atribuya sobreentendidos motivos extraeconómicos por el sólo hecho de ser médico. La conducta del médico aburguesado se ha mercantilizado tanto en los países despatriados que sus profesionales hacen de sus servicios una mercancía de lujo, al punto de tropezar, por ejemplo, en la calle, en alguna reunión social, con alguna persona que a ojos vistas presente algún síntoma patológico, y ellos son incapaces de recomendarle alguna decisión en favor sanitario de dicho potencial cliente.

6 Corría el último año de mi carrera universitaria, conversábamos algunos estudiantes y les planteaba la obligación que tendríamos de reintegrar de alguna manera parte de la inversión que el Estado había realizado en nosotros: No había terminado yo de exponer mi propuesta cuando saltó uno de ellos y me dijo que para eso era el “impuesto sobre la renta”. Pocos años después, supe de una asociación civil que solicitaba aportes al personal egresado y a amigos para contribuir con esa Universidad. Han pasado ya varias décadas y esa recaudación sigue vigente. No he tenido noticias de aportes para los liceos y escuelas de primaria. Pero, una cosa es clara, muchas han sido las llamadas fundaciones privadas que más han servido a intereses personales que colectivas. Recuerdo que el Presidente Chávez estuvo al tanto de esas posibles irregularidades y hasta pensó en su vigilancia o seguimiento.

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