Abunda la quinta columna en los entes del Estado...
Son las más ineficientes y quienes, además, los que en mayor medida están por detrás de los hechos de corrupción…
Compartimos plenamente la posición de muchos camaradas que han fijado posición sobre la necesidad de apartar de los órganos del Estado a sus enemigos acérrimos que están ocupando cargos de gerencia media y alta en áreas claves del Estado, como lo son aquellas donde no solamente se manejan y custodian bienes y fondos públicos, sino en las que se toman decisiones políticas y estratégicas del gobierno, que es lo que hemos venido observando como algo increíble y que es lo que, a no dudarlo, sucede en muchas áreas públicas, asunto ese que durante la Cuarta República los partidos AD y COPEY lo tuvieron siempre muy en claro y ninguno de ellos incurrió en ese grave error de apoyarse en sus enemigos políticos para gobernar.
Pero es que además hay que tener perfectamente claro que tales cargos son declarados como de confianza y, además, están regulados en la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual los define en términos muy precisos y hace, además, una detallada relación de ellos e inclusive, prescribe, los mecanismos que deben seguirse para hacer las respectivas designaciones, así como los procedimientos para retirar a los que, por diversas razones, la pierden y en esos casos la norma solo contempla una simple notificación al funcionario por escrito de la decisión que ha sido adoptada por la máxima autoridad de la institución que corresponda. Allí no hay pataleo alguno que valga…
Recordemos que hasta hace 14 años (apenas ayer), cuando era elegido un presidente adeco, no quedaba un solo copeyano en esas posiciones por la razón lógica de que ellas sólo podían ser desempeñadas por militantes comprometidos con las causas y los proyectos de la socialdemocracia, que es lo que sucede en cualquier otro país serio del mundo. Igual pasaba cuando el elegido lo era un Copeyano. En algunas ocasiones ocurría que no botaban a los de la tolda contraria, sino que los arrinconaban para que no molestaran y les seguían pagando el sueldo sin hacer absolutamente nada. Muchos sinvergüenzas aceptaban ese trato indigno y calladamente esperaban cinco años para que su partido volviera a ganar las elecciones y de esa manera proceder a hacer lo propio con sus contrincantes. Vale recordar que tanto en AD, como en Copey funcionaban como dependencias del gobierno para cubrir los cargos del Estado, las respectivas Secretarías de Profesionales y Técnicos (en ambos casos se identificaban como tales), las cuales suscribían y certificaban las respectivas recomendaciones, sin las cuales nadie ingresaba a la burocracia estatal, salvo que el personaje que fuese estuviese apadrinado por algún alto integrante de la cúpula directiva del partido…
Con la llegada de Chávez en 1999 al gobierno eso se acabó, lo cual aplaudimos en su momento y aún lo seguimos haciendo, dejando a salvo que esa política de inclusión tiene que separar los cargos de gerencia en todas sus categorías para poder formar equipos cohesionados y de la más alta confianza para evitar que se nos cuele la quinta columna, como ha estado ocurriendo. En ello debemos impedir que la duda nos acose, ya tenemos una buena experiencia histórica política reciente que nunca debemos olvidarla y no fue un caso o apenas tres, sino muchísimos y bien emblemáticos que de vaina no se salieron con la suya y acabaron con la revolución, cuya relación no vale la pena que la consignemos, pues la gente resteada con el proceso ya los conoce suficientemente.
Sobre este tema también hemos escrito hasta la saciedad y hemos dicho siempre y con la misma vehemencia, que los llamados cargos de carrera son sagrados. Allí no es posible remover a nadie por sus ideas o filiaciones políticas, porque la ley lo prohíbe, por supuesto en tanto quienes ocupen tales cargos no incurran en saboteos de ninguna naturaleza o que sean reposeros de oficio bajo falsos justificativos o negligentes, en cuyos casos las propias normas determinan las acciones que deben ser tomadas y que pudieran llegar hasta el despido, sin violentar norma legal alguna.
Lo que más sorprende de esta arremetida de la oposición de ahora, como una de las tantas que resolvió diseñar para generar desconcierto y desestabilizar el país con la derrota de Capriles, entre las cuales sobre sale el asesinato a mansalva de casi una docena de venezolanos, es la de intentar imponer la matriz de que hay persecución en el gobierno contra los que disientan del chavismo, lo cual es totalmente falso, pues la inmensa mayoría de la burocracia estatal venezolana es anti chavista y eso lo sabemos quienes hemos trabajado o estamos trabajando en algún estamento público y retamos a cualquiera que nos los demuestre con pruebas de que estamos mintiendo.
En nuestro caso particular hemos vivido en los ocho últimos años experiencias en instituciones públicas de la salud, de las finanzas y de la defensoría del pueblo, donde esa es una realidad que se muestra demasiado sorprendente cuando se intenta indagar quienes están de un lado y quienes del otro. En los casos que conocemos, los chavistas de vaina llegan al 5% de la nómina total, incluidos allí los contratados y eso ha sido así por muchos años. Nunca hemos olvidado que el propio Diosdado Cabello en el ejercicio del cargo de Ministro de Infraestructura (2003) dijo en una ocasión que en ese ente público más del 80% eran enemigos feroces del rééééégimen. Igual lo dijo el general Muller Rojas en algún otro momento y en su caso creemos recordar que habló del 70% y eso para nada ha sido modificado en los entes públicos, allí eso sigue igualito y no estamos tan seguros de que haya habido algún intento por hacer cambiar esa realidad.
Con este llamado del presidente Nicolás Maduro Moros a profundizar y ser implacables en el esfuerzo por optimizar la gestión del gobierno en todas sus áreas, así como a no descansar ni un instante en la guerra contra la corrupción, creemos que se genera una ocasión inmejorable para que limpiemos el gobierno de gente que lejos de querer trabajar por la patria, lo que hace es aupar la ineficiencia y la corrupción, hacia dos objetivos muy claros, hacerse de unos dineros a fuerza de la “coima” y por el otro lado, coadyuvar a generar el mayor malestar social en sus entornos para así fortalecer los esfuerzos dirigidos a derrocar el gobierno y esto últinmo no tiene otro nombre que el boicoteo.
En la Misión Eficiencia o nada, bajo cuya responsabilidad no solamente debe estar la misma ministra del despacho de la Presidencia, la Almirante Carmen Meléndez, como su coordinadora mayor y el propio Presidente Maduro, quien ha dicho que hará parte activa en ese proceso, sino todos los venezolanos que pregonamos y decimos que somos revolucionarios, cada uno dentro de nuestro propio espacio de vida y de trabajo y mejor aún, con conjunto, dentro de las juntas comunales, dentro de los grupos de batalla social o de los mesas técnicas, cualquiera que ella fuese…
oliverr@cantv.net
