Es indudable que los sectores de la oposición buscan generar las condiciones que propicien el intervencionismo de poderes extranjeros en los asuntos internos de Venezuela, aduciendo que el gobierno presidido por Nicolás Maduro es ilegítimo y que en nuestro país se estarían cercenando las libertades públicas. Con estas intenciones, sus representantes iniciaron una gira por algunos países con la finalidad de obtener apoyo internacional y así acusar al gobierno nacional de estar transgrediendo la carta democrática interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), con lo cual se abrirían las puertas para que el imperialismo yanqui, el cual no reconoce al Presidente Nicolás Maduro, despliegue sus tropas y someta a nuestro país a un control directo, del mismo modo que el logrado en varias naciones del Medio Oriente, luego de haber desarrollado una permanente campaña mediática que condicionó la opinión pública internacional.
Frente a este hecho que atenta abiertamente contra la soberanía nacional y pretende imponer el total desconocimiento de todos los poderes públicos por parte de los gobiernos de otras naciones, el pueblo venezolano y los sectores revolucionarios estamos obligados a activar de inmediato un plan de contingencia conjunto que minimice y neutralice de manera efectiva el plan desestabilizador montado por la oposición desde el año pasado, el cual se ha manifestado a través del desabastecimiento de varios productos, sobre todo alimenticios, y el desencadenamiento de acciones violentas que, hasta la fecha, han causado once muertes de ciudadanos a manos de los opositores, instigados por Henrique Capriles Radonski, manteniéndose impunes. Este plan incluiría, de ser posible, la activación de un boicot en contra de aquellas empresas que estarían propiciando dicho desabastecimiento, así como el control, seguimiento y decomiso de los productos de consumo masivo que estarían siendo acaparados por comerciantes inescrupulosos, incorporados al plan desestabilizador de la oposición, incluyendo a los minoristas que incurran en este tipo de delito.
Esta situación, por otra parte, nos obliga a revisar también la gestión cumplida en algunas instituciones del Estado venezolano, puesto que la negligencia y la falta de compromiso revolucionario de quienes se hallan al frente de las mismas los convierte en cómplices de los planes de la oposición, como se ha evidenciado en el caso del servicio eléctrico, lo cual debe poner en práctica la contraloría social de parte de toda la ciudadanía, de los consejos comunales y otras formas organizativas revolucionarias del poder popular. A ello deben sumarse la militancia de todas las organizaciones partidistas que respaldan el proceso revolucionario bolivariano socialista, conformando un Estado Mayor revolucionario que sea capaz de advertir la naturaleza de la presente coyuntura política y de orientar adecuadamente a los sectores populares en la defensa de la constitucionalidad y de la seguridad alimentaria, actualmente vulneradas por los grupos políticos y empresariales de la oposición que con esto reeditan la estrategia aplicada en 2002 que culminó en el derrocamiento del Presidente Hugo Chávez, contando para ello con la complicidad de los mismos poderes extranjeros que ahora invocan para legitimar su malsana ambición de poder, sin importarles en modo alguno los interes ni la voluntad soberana del pueblo venezolano.-
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