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Barack Obama se considera con poderes para asegurar que “el pueblo de
Venezuela pueda determinar su propio destino libre del tipo de
prácticas que todo el hemisferio ha dejado atrás”, y no reconoce el
triunfo de Nicolás Maduro. El candidato derrotado introduce demanda de
nulidad ante el TSJ, y en prueba de que no respeta al CNE ni tampoco
al más alto juzgado de la República, de una vez declara que “Si
estos magistrados no quieren responder vienen las instancias
internacionales”. Son las mismas que invocó el golpista Carmona
Estanga en el decreto con el cual derogaba la Constitución ¿Habrá
mejor sitio para acudir que ante instancias financiadas por Estados
Unidos?

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En efecto, no hay entes jurisdiccionales más patrocinados por EEUU
que la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos de la OEA, la cual recibe 54% de su
presupuesto de la potencia norteña. El presidente Rafael Correa
denunció que países que no han firmado la Convención Americana y que
por lo tanto no están sujetos a la CIDH, como Estados Unidos y Canadá,
y ONGs radicadas en ellos costean el 96,5% del Presupuesto de ésta.

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Quien paga la música elige la canción, y la CIDH baila al ritmo que
sus patrocinantes le tocan. Como coreando a su patrocinante Obama, el
10 de mayo la Comisión instó a Venezuela a "adoptar de manera urgente
todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos
a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos,
el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y
libertad de expresión en este contexto". Por si faltaran dudas de la
parcialización, consideremos que en el sangriento período entre 1969 y
1998, cuando hubo campos de concentración y masacres como las de
Cantaura, Yumare y el Caracazo, tramitó apenas 6 casos contra
Venezuela, uno de ellos incoado por el terrorista Posada Carriles. En
cambio, entre 1999 y 2011 tramitó 63 casos. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos no exhibe mejor prontuario. Entre 1981 y 1998
resolvió sólo 1 caso contra Venezuela, el de la masacre de El Amparo.
Pero entre 1999 y 2011 sentenció 13 y tramita 11 más: 23 casos contra
nuestro país. Ni la CIDH ni la Corte acordaron ninguna acción ante el
golpe del 11 de abril de 2002.

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Vale la pena hacer memoria sobre este encarnizado prejuicio contra
nuestro país. En su Informe para el Examen Periódico Universal 2011,
la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata sobre casos en los
cuales no se han agotado los recursos internos, por lo que no se los
puede llevar ante la jurisdicción externa. En 225 párrafos no
especifica hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos
indispensables para que una acusación sea admitida. En 182 casos,
juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían”
acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de
prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba.
Hasta veta proyectos de leyes, cuya sanción depende única y
exclusivamente de la soberana voluntad popular, y no de una oficina de
Washington. Fundándose en esta masa de acusaciones fraguadas, nos
incluye en una “IV Categoría” de países con graves problemas de
Derechos Humanos, acompañados sólo por Cuba, Honduras y Haití.

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Al tribunal de los fariseos se lo conoce por sus sentencias. El 10 de
enero del año pasado escribí que a instancias del terrorista Tor
Halvorsen “La Corte Interamericana contradijo la decisión venezolana
que inhabilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede pretender
inhabilitar a quien gane las elecciones del 2012, o decidir quién las
ganó”. Exactamente en esa situación estamos un año después. La
oposición pretende que tribunales extranjeros financiados por Estados
Unidos, y no el pueblo venezolano, decida quién debe gobernarnos.

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¿Qué éxito puede tener esta demanda temeraria? Jurídicamente, ninguno.
Establece el artículo 1 de la Carta de la OEA que los países adhieren
a dicho ente para “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su
integridad territorial y su independencia”. Mal podría una Corte de la
OEA acabar justamente con la independencia y soberanía de países
miembros. Para el caso de que tratara de hacerlo, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 15 de
julio de 2003 declara que decisiones de órganos jurisdiccionales
extranjeros no son aplicables en Venezuela si violan la Constitución:
“Planteado así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de
igual entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente en el país, si son
violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la sentencia)
no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en Tratados,
Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la
Constitución o sus Principios rectores”.

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Tampoco podrían la CIDH ni la Corte Interamericana admitir tal demanda
de inmediato, pues según el artículo 46 de la Carta Interamericana de
los Derechos Humanos, “1. Para que una petición o comunicación
presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la
Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los
recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del
Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Y desde el 10 de
mayo de 2012 nuestra Asamblea Nacional acordó la denuncia de la
Convención Americana, pero sólo tras inexplicable e inexcusable
retraso se comunicó el 6 de septiembre dicha decisión a la Corte. Ante
ésta sólo se pueden interponer recursos durante un año tras la
denuncia. De no ser por el saboteador retraso, ya estaríamos libres de
esa pesadilla. Pero declara en el diario La Verdad del 27-4-1013, el
constitucionalista José Vicente Haro que “el camino de la impugnación
es largo. Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año“. Antes
de ese plazo, el 6 septiembre de 2013 estaríamos enteramente fuera del
poder del tribunal de los fariseos. Que así sea.

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La justicia es ciega, y el prejuicio también. Ante la Corte
Interamericana están introducidas las demandas de RCTV contra la no
renovación de su concesión; la de Allan Brewer Carías para
deslegitimar a los tribunales venezolanos y la anunciada del candidato
perdedor para anular las elecciones presidenciales. Toda una triple
ofensiva para deslegitimar a los poderes Ejecutivo, Judicial y
Electoral. El órgano encargado de defendernos, la Agencia del Estado
para los Derechos Humanos ante los Organismos Internacionales a veces
padece cuatro meses de tardanza antes de que se pague a su personal,
en otros casos no ha podido asistir a audiencias por providenciales
retrasos en la entrega de viáticos. El presidente Nicolás Maduro
twitea que "La cuestionada y desprestigiada CIDH vuelve a arremeter
contra la democracia y el pueblo venezolanos. Una vez más la
rechazamos y repudiamos". Para que ese repudio se haga efectivo, es
necesario dotar de medios a nuestros defensores. Se avecinan graves
batallas jurídicas, y no podemos acudir a ellas desarmados.

brittoluis@gmail.com