A pesar de las trágicas lecciones del golpe a Salvador Allende en Chile, o de las nuevas formas de alteración del ordenamiento constitucional en Honduras o Paraguay, por ejemplo, las voces de izquierda siguen presas o paralizadas para comprender a fondo la estrategia de desestabilización que la derecha internacional impulsa para desencadenar el punto de quiebre o punto de bifurcación en contra del gobierno, el régimen político y el proceso bolivariano. Llamar a esto “golpe suave”, con el perdón de los compañeros que proponen esta denominación, no contribuye a comprender que la estrategia de desgaste y asedio continuo, contribuyen (en momentos casi imperceptiblemente) al derrumbe y/o derrocamiento de una forma de gobierno, de un tipo de régimen o de todo un proceso político.
En primer lugar, no debemos olvidar que se trata de una estrategia de golpe a la posibilidad de un cambio post-capitalista en la región latinoamericana. De manera que en el caso Venezolano, conviene señalar que el llamado tránsito “pacífico” del capitalismo al socialismo implica varias limitaciones reales para el cambio estructural que deben asumirse conscientemente.
En primer lugar, la legalidad constitucional de 1999 establece reglas no siempre favorables a un cambio de las relaciones sociales de producción-distribución-consumo, junto a los dispositivos de dominación-hegemonía que las reproducen; de manera que existen severas restricciones constitucionales para una revolución socialista clásica, usando los recursos y posibilidades de poder dentro de un sistema de democracia representativa y desde el principio burgués de la separación estricta de poderes en el Estado Liberal de Derecho.
En segundo lugar, aunque no hay que ser absolutamente pesimistas, tanto la institucionalidad del Estado democrático y social de derecho (ahora se incluye: “y de justicia”), la democracia participativa y la profundización de derechos y garantías sociales, culturales y ambientales, pueden mejorar las condiciones para debilitar ciertas restricciones propias del capitalismo liberal, solo ensanchan ciertas posibilidades de profundización de la democracia social y participativa, como horizonte estratégico, generando cuellos de botella o nudos críticos importantes para avanzar en los esquemas convencionales de una revolución socialista según el canon bolchevique (El Estado y la Revolución-Lenin) o en la dirección apuntada en el modelo revolucionario de la Comuna de París. De manera que allí el poder constituido es una barrera clara al poder constituyente y a la tesis de la revolución permanente.
En tercer lugar, basta leer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para reconocer que allí existen imposibilidades estructurales desde el punto de vista de las normas, valores y reglas de juego político, para avanzar en un sistema de conducción de partido único revolucionario, en un Estado Socialista o en una nacionalización extensiva del sistema económico, incluyendo no sólo a los sectores estratégicos de la economía nacional, sino además del funcionamiento de la propiedad privada y de los mecanismos de mercado en el contexto de una sistema centralizado de planificación.
En cuarto lugar, lo que existe en el Proyecto Constitucional de 1999 es un programa mínimo para el despliegue de un novedoso “Estado social de Bienestar” o la posibilidad de un programa máximo de formas de Socialismo Democrático renovados que están aún por configurarse, si no fuera por las expectativas desmesuradas y las retóricas estériles de algunas corrientes, fuerzas y movimientos que pretenden encontrar respaldo constitucional para proyectos revolucionarios que desbordan las normas y reglas que allí se establecen. Es una mala noticia para la izquierda revolucionaria, pero la constitución de 1999 es una Constitución de amplias reformas sociales anti-neoliberales, socialdemócrata de avanzada en términos generales, pero hasta allí. Incluso conserva un conjunto de disposiciones favorables al despliegue de la racionalidad capitalista, siempre acotada o regulada por valores de justicia social y amplia participación popular. Se trata de una Constitución mixta, desde el punto de vista de los programas ideológicos allí implicados, consustanciada con el desarrollo de una democracia pluralista.
De manera que para las corrientes y tendencias más conscientes de la propia izquierda revolucionaria venezolana apegada a los modelos revolucionarios clásicos, la misma Constitución de 1999 puede ser interpretada como una expresión de la “legalidad burguesa” (tesis sólo correcta, desde este particular “punto de vista”).
Allí se genera un importante impasse que el legado de Chávez no pudo sortear sino posponer: ¿Cómo defender una legalidad democrática, que aunque avanzada, es una barrera para una revolución socialista de corte clásico?
Chávez se inclinó abiertamente (en sus discursos 2010-2013) por insistir en el carácter democrático del socialismo bolivariano, pero a la vez insistía en desplegar una clara tesis anticapitalista y antiimperialista en el contenido democrático y socialista de su proyecto histórico.
¿Cuál es el debate y contribución teórica, que sus más cercanos colaboradores han dado con relación a este medular problema de la transición socialista? ¿Existe acaso unidad de criterios o al menos criterios convergentes con relación a este espinoso asunto en la alta dirección política de la revolución bolivariana? ¿Por qué el PSUV no ha planteado realizar un Congreso ideológico-político del Partido luego de la partida física del Presidente Chávez? ¿Acaso es suficiente para abordar este asunto apelar al programa Independencia y Patria Socialista y al llamado “Golpe de Timón”?
De allí la importancia de reconocer de entrada que, mientras la Constitución de 1999 siga vigente y se desarrollen a profundidad sus posibilidades de avance en la construcción de un socialismo democrático de avanzada, el socialismo revolucionario de corte clásico (propiedad social de los medios de producción administrada por el Estado, Estado revolucionario bajo conducción de un partido-único y predominio social de la conciencia revolucionaria del proletariado) no tiene vigencia, ni es viable desde el punto de vista jurídico-constitucional.
Para salir de este impasse, desde la perspectiva de voces revolucionarias anticapitalistas y radicales, se precisa de un nuevo ciclo constituyente, una revolución en el seno de la revolución democrática que abra las compuertas a un proceso de transformaciones auténticamente profundas de las relaciones sociales de producción, de las formas de conciencia social y de la institucionalidad que reproduce el entente de las relaciones de fuerzas y de sus clivajes de clase en la sociedad.
El dilema aquí es obvio: o se intenta una trayectoria de una estrategia revolucionaria tal como se había aplicado hasta entonces en el mundo: Comuna de París, Revolución Rusa, Revolución China o Revolución Socialista Cubana; o se hace necesario repensar tanto la estrategia como el proyecto socialista que se pretende construir elaborando otra trayectoria más adecuado a la realidad venezolana, a sus limitaciones y posibilidades constitucionales. Este dilema, por cierto, fue parte de las controversias de la reforma constitucional de 2007, del Primer Plan Socialista, de las Leyes del Poder Popular, y ahora el llamado Plan Independencia y Patria Socialista.
Apuntar a la construcción de una sociedad socialista democrática, con pleno reconocimiento del pluralismo político y del Estado democrático, enraizada en las tradiciones nacional-populares no implica calcar y copiar las experiencias revolucionarias clásicas. En este tema no se ha hablado claro, se ha colado mucho contrabando ideológico y se han cerrado las compuertas a un verdadero debate entre fuerzas sociales y políticas de izquierda en el seno de la revolución bolivariana. Justamente de este impasse surge la estructura de oportunidad para una estrategia golpista de derecha.
La derecha venezolana, sin descartar nunca el golpe militar que trató de poner en práctica desde el momento mismo en que se anunció la primera mayoría electoral obtenida por Chávez en 1998, se ha planteado como objetivo estratégico desarticular y dividir por todos los medios posibles el bloque de fuerzas políticas y sociales socialistas que permitirían al polo patriótico gobernar bajo el mandato de transformaciones radicales mediante la legalidad constitucional existente desde 1999.
El problema político básico de la derecha venezolana es que no contaba en el período 1998-2006 con la articulación partidista suficiente para coordinar una fuerza política que disputara la hegemonía al polo bolivariano, y ante esta debilidad; este rol político fue ocupado por los principales medios privados de difusión de masas construyendo su base social de apoyo, fundamentalmente las capas medias, y un pequeño sector de los trabajadores y del pueblo que aún dependían del imaginario adeco-copeyano del pacto populista de conciliación. Esta situación desfavorable a la derecha, permitió obtener ventajas innegables en el terreno electoral, favorables a la revolución bolivariana
La derecha se propuso siempre: a) cooptar a la dirigencia bolivariana, b) corromperla en sus principios revolucionarios (cuando existían), c) intentar dividir a la coalición bolivariana gobernante (casos Miquelena, MAS, PPT y otras deserciones o saltos de talanquera). Este objetivo sigue vigente.
De manera que a la derecha le conviene colocar una línea divisoria entre grupos bolivarianos “pro-autoritarios”, y grupos “pro-democráticos”. También la derecha ha venido abusando del manoseado pretexto del anticomunismo, tratando de aislar a sectores bolivarianos nacionalistas con el coco de la amenaza del castro-chavismo que quiere “apoderarse de todo el gobierno”, de “sectarismo incondicional a La Habana”, etcétera.
También la derecha ha tratado de mantener a toda costa el control de los medios de difusión de masas. El control de la televisión nacional y regional, de la prensa escrita y de las radios que existen en el país, entre las cuales se encuentran las cadenas de mayor potencia es un objetivo prioritario de la estrategia golpista de acoso y derribo, o desgaste, asedio y derrumbe.
También la derecha venezolana ha articulado un eficaz y eficiente programa de defensa de la propiedad privada capitalista, confundiendo a vastos segmentos de la población sobre las formas de propiedad y su relación con los medios de producción, de distribución, de consumo y de trabajo. Ha usado todos los dispositivos poli-mediáticos, educativos y legales a su alcance para impedir la formación del área económica de propiedad social directa e indirecta. Además ha lanzado una eficaz y eficiente campaña de descredito de las nacionalizaciones y expropiaciones, colocando a la defensiva a la alta dirección política del gobierno bolivariano.
Así mismo, la derecha ha intentado por diversos medios, en algunos casos despilfarrando recursos de poder claves (11 de abril, Plaza Altamira, Paro-Sabotaje Petrolero), de afectar la conciencia patriótica y popular en el factor “Fuerzas Armadas y Policiales”. Para ello sigue explotado una muy bien diseñada campaña de desinformación, manipulación y distorsión que proyecte la imagen de un país “caótico”, “anárquico”, de “desgobierno y vacío de poder”, con tendencias “totalitarias y antidemocráticas”.
Entre los puntos centrales de su campaña hacia el factor “Fuerza Armada” es posible rastrear la denuncia del apoyo del gobierno bolivariano a la guerrilla colombiana, la existencia de grupos armados ilegales llamados “colectivos sociales, en desmedro de las únicas fuerzas armadas que debían existir, y la subordinación de las fuerzas armadas venezolanas al mando militar y político cubano.
Así mismo, la derecha ha intentado re-articular su Factor político en la llamada MUD, para así conquistar no sólo a las capas medias sino a segmentos populares, especialmente los jóvenes, para un accionar contra el gobierno: ha tratado de consolidar un frente sindical, ha trataron de movilizar a gremios, academias y colegios profesionales, ha utilizado a las universidades para captar y adiestrar a jóvenes militantes y experimentar sus líneas estratégicas.
Así mismo, la derecha ha aglutinando una coalición de fuerzas políticas y gobiernos de derecha (factor internacional) contra la revolución bolivariana con base al manido argumento de la vulneración de los derechos humanos y el quiebre de la democracia.
Pero el objetivo fundamental, en las actuales circunstancias, para una estrategia de articulación conjunta y combinada de factores de poder; y condición de posibilidad para lograr varios de los otros objetivos ha sido intentar provocar el fracaso económico del gobierno bolivariano y popular.
Las medidas de presión económica son variadas, y además cabalgan sobre los errores propios en materia de conducción económica (déficit fiscal, política comercial, política anti-especulación, política monetaria, política cambiaria, política de diversificación productiva, política de inversiones, política laboral, incentivos a la especulación financiera) como en el contrabando de dólares, la paralización de algunas industrias, el cese de importación de materias primas y repuestos necesarios para el funcionamiento de las industrias (automotrices), industria agroalimentaria, etc, intenta generar la sensación de parálisis económica, escasez, inflación, deterioro de las condiciones materiales de vida, precariedad del empleo, caída del salario real, etc.
Los sectores económicamente dominantes no sólo han bloqueado todos los intentos del gobierno por modificar la injusta estructura tributaria, sino que han naturalizado al IVA y eliminado los impuestos a ganancias especulativas o a la compra de bienes carácter suntuario, impidiendo que la población perciba que el régimen fiscal es uno de los que más visible hace el carácter del conflicto social en un país. Ha sido la renta petrolera el instrumento básico para apagar el conflicto social y de clases en el país, e intentar generar un proceso gradual de mejora en la justicia distributiva pero paralizando la formación de conciencia de clases en medio de un éxtasis consumista, que no se corresponde tampoco con una cultura del trabajo productivo y formación del capital social y humano.
De manera que la acumulación de tensiones en el terreno económico ha creado un clima de temores en los inversionistas extranjeros y empresarios nacionales (grandes, medianos y pequeños) para que no invirtieran su capital en el país bajo la tesis de la “inseguridad jurídica” y el mal “clima de negocios”, provocando a mediano plazo un estancamiento productivo. Y ciertamente, las ambivalencias en materia de proyecto socialista no despejan las dudas sobre si trata de una economía mixta con un claro arreglo institucional de incentivos y sanciones, o si se trata de un proyecto socialista clásico que apunta a la nacionalización extensiva del sistema económico.
En medio de esta ambivalencia en materia de política económica se avanza en una operación de cerco económico, para proyectar la imagen de un país en bancarrota para cercarlo más desde el punto de vista financiero. En medio de esta tragedia económica, el gobierno bolivariano que no reconoce que la producción petrolera no reporta los mismos beneficios ante el crecimiento de las demandas sociales, no ha querido afectar la capacidad de negociación con los trabajadores, ampliado la cantidad de dinero circulante, sabiendo que esto tendría que traducirse en fuertes presiones inflacionarias.
Al mismo tiempo, la ofensiva del gobierno norteamericano ha venido generando un recorte planificado de la compra de petróleo venezolano, así como una elevación de precios de bienes que afectan las importaciones alimenticias acorde con la mayor capacidad adquisitiva alcanzada por los sectores populares dada la mejor distribución de la renta petrolera. Pero esto se hace exaltando el consumismo, y sin formar conciencia ni formación política de clase. Así, los problemas de abastecimiento se agudizaron día a día, y se responsabiliza exclusivamente al gobierno del desempeño económico del país.
Sobre esta base objetiva, los esfuerzos de la derecha se vienen encaminando a agravar la situación económica mediante la especulación, el acaparamiento y el fomento del mercado negro; mientras los dispositivos poli-mediáticos desatan una campaña sistemática destinada a proclamar la escasez y a constituirla en el centro de sus ataques. A esto se suman hechos sobrevenidos, como la partida física de Chávez y la realización de las elecciones del 14 de abril, donde la revolución bolivariana sufrió una merma apreciable de su respaldo electoral, que ha constituido una verdadera crisis electoral en la revolución bolivariana.
En definitiva, estamos ante una verdadera situación contrarrevolucionaria: cacerolazos, manifestaciones callejeras, anuncio de paros, huelgas, presión sobre el mundo militar para que asuman una posición en contra del gobierno.
En este contexto, lo peor que pueden hacer las fuerzas revolucionarias es no lograr ponerse de acuerdo en torno al qué hacer. El éxito de la ofensiva de derecha se relaciona con las contradicciones en el seno de las fuerzas de izquierda y bolivarianas. Es cada vez más claro que la candidatura de Maduro no tuvo la pegada suficiente ni en los sectores medios ni en sectores populares que tradicionalmente habían apoyado a Chávez. Se ha preparado el terreno social y político para intensificar la campaña de desgaste, asedio y derrumbe.
Entre las contradicciones internas de la izquierda que apoya a la revolución bolivariana tenemos que cuando Maduro habla ahora de continuar el proyecto de Chávez del tránsito democrático al socialismo, sectores de la izquierda hablan: ¡Viva la dictadura del proletariado! ¡Sigamos el ejemplo del Che y Fidel!; cuando Maduro habla de ganar a sectores de la burguesía para su proyecto, una parte de la izquierda reafirma que nuestro enemigo es toda la burguesía, basándose para ello en la teoría que postula no es concebible un desarrollo capitalista de corte nacional; cuando el presidente socialista carece de fuerza para imponer una conducción unitaria del proceso, los partidos van haciendo públicas sus divergencias.
De manera que la situación es difícil para consolidar lo avanzado en el plano económico mediante proyectos ambiciosos de nacionalización de grandes empresas estratégicas, pues no se tiene muy claro si se está construyendo una economía mixta para la diversificación productiva o un cambio radical de las relaciones de producción en el conjunto de la economía nacional. En medio de esta ambivalencia sectores de la izquierda exigen más radicalidad.
No debemos olvidar que la legitimidad electoral del gobierno de Maduro es precaria y requiere de un vasto esfuerzo de recuperación de la gobernabilidad interna y una coraza protectora de reconocimiento internacional. No estamos en los mejores momentos de la gobernabilidad de Chávez. Consolidar el proceso venezolano requiere en estos momentos contar con el apoyo del factor militar para garantizar la estabilidad constitucional.
Las izquierdas bolivarianas debe contribuir con responsabilidad a mostrarle a los sectores patrióticos de las Fuerzas Armadas que existe un proyecto de profundización de las líneas estratégicas del proyecto constitucional consustanciado con la democracia participativa, la independencia nacional, las garantías sociales y la construcción de una economía política del socialismo democrático consustanciada con el desarrollo humano integral de la nación. Más que estridencias retóricas, el asunto es que el socialismo tiene la responsabilidad de construir una economía política para la diversificación productiva y para alcanzar el desarrollo humano integral y sustentable, con especial énfasis en la justicia social y la inclusión de sectores históricamente marginados. No hacerlo es darle fuerza a la estrategia golpista, quien como “caimán en boca e caño” espera la división y fractura definitiva de las fuerzas bolivarianas. Para esto, le mete candela al fogón de la crisis económica y social.
No será casual en este delicado contexto, que el mensaje final de Chávez haya sido: Unidad, Unidad, Unidad.
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