En ocasiones anteriores hemos planteado que en Venezuela la batalla de las ideas y la confrontación entre dos proyectos de país se realiza fundamentalmente a través de dos frentes de batalla: el electoral y el mediático. Dinámica sociopolítica que de alguna manera nos ha “protegido” de la violencia física en tanto vía de “eliminación” o neutralización del adversario político.
El país vive un reacomodo en las fuerzas de la confrontación, impulsado por el parejo panorama político-electoral y el nuevo cuadro mediático que podría apuntar a una despolitización de los medios. Reajuste que no sólo abre espacio a nuevos actores en la contienda –las redes sociales- sino que parece legitimar otras estrategias de medición de fuerzas, la videoguerra.
Las redes sociales, suerte de nueva oferta de mediación, “trastocan los modelos de los medios de comunicación tradicionales” y, con un activo flujo de participación, se incorporan a la contienda, gozando de importante peso en la configuración de las opiniones políticas.
En tanto estrategias de ataque al adversario, se posiciona la guerra de los videos y grabaciones, práctica que cobra arraigo y fuerza en el ámbito político. Uso que a primera vista parecería contrariar el consenso valorativo-normativo existente en la sociedad. Acuerdo que sirve de punto de referencia ético en cuanto a “garantizar el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas.”
La desviación social en su acepción más amplia incluye “cualquier forma de acción social que rebase los límites de tolerancia normativa o que violente un consenso social en relación a objetivos de conducta en una sociedad o sector de una sociedad.” Sin embargo, la desviación es una cuestión de definición social y lo que se considera desviante varía en el tiempo, entre culturas, según los actores y el contexto situacional.
¿Dónde se ubica entonces la práctica de espiar, grabar y dar a conocer públicamente tales videos y registros? ¿Se percibe como una conducta claramente delictiva, moralmente cuestionable o simplemente tolerable? O, por el contrario, tal como parece ser, el contexto situacional político la define como legítima y la videoguerra se constituye en un medio legítimo para la eliminación o anulación del adversario.
¿Qué se tiene entonces por ético o responsable en el mundo de la videoguerra?
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