Hace una década escribí que en su desesperación por recuperar un poder que no supo merecer ni conservar, la ultraderecha es el motor fundamental de los avances revolucionarios.

Con ilimitada voracidad, la reacción impuso en América Latina y el Caribe Paquetes del Fondo Monetario, contra los cuales se rebelaron movimientos sociales que instauraron gobiernos progresistas, los que controlaron las empresas explotadoras de recursos naturales

La ultraderecha patronal de Fedecámaras implicó al sector reaccionario del ejército en un golpe de Estado cuyo fracaso permitió el saneamiento de la oficialidad.

La reacción impulsó asimismo a la Nómina Mayor de Petróleos de Venezuela a sabotearla y abandonar el trabajo por tres meses, logrando así entregar la empresa a los progresistas.

La reacción usó y abusó de tal forma de unos medios convertidos en actores políticos, que forzó al campo revolucionario a empezar a controlarlos mediante la Ley Resorte, y a crear un significativo sector de medios de servicio público, comunitarios y alternativos.

La sumisión de la ultraderecha a Cortes de Arbitraje Internacional tales como el CIADI que siempre favorecen a las transnacionales y condenan a los países en desarrollo forzó a Venezuela a retirarse de esas trampas cazabobos.

A fuerza de abusar de demandas temerarias ante la prejuiciada Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la reacción también logró que Venezuela se retirara de ese tribunal de linchamiento.

Derrotada en lo político; desorientada en lo social, inexpresiva en el cultural, la ultraderecha se empecina en forzar los cambios revolucionarios mediante la Guerra Económica.

Por ejemplo, al estafar al Estado desfalcándole más de 20.000 millones de dólares al cambio preferencial, que sólo se aplicaron en importaciones ficticias, la reacción posibilita que el Estado repare el tambor rasgado de las reservas internacionales resarciéndose mediante la expropiación masiva de los chivos que monopolizan las importaciones.

Si, según señala Manuel Sutherland, el sector estatal genera el 97% de las divisas que ingresan, y el sector privado sólo exporta para ingresar un magro 3% de ellas, la Guerra Económica del sector privado contra el gobierno podría forzar a éste a no seguir transfiriéndole magnitudes como los 317.092 millones de dólares preferenciales traspasados entre 2003 y 2012.

Al lograr del Estado transferencias anuales que rondan los 43.000 millones de dólares preferenciales y provocar de tal manera un déficit fiscal que desencadenó devaluación, especulación y desabastecimiento estratégico, la ultraderecha fuerza una Reforma Tributaria que imponga al gran capital tasas por encima del moderado límite del 34% del ISRL.

Al morder la mano que la alimenta con dólares preferenciales, la reacción está empeñada en que el Estado dedique esas magnitudes a fomentar industrias productivas para el consumo básico.

La ultraderecha transnacional, que en virtud de los Tratados contra la Doble Tributación se enriquece en Venezuela sin prácticamente tributar, gracias a su Guerra Económica puede lograr que denunciemos esos tratados y la obliguemos a pagar impuestos como todo el mundo.

La Guerra Económica de desangramiento por contrabando de extracción de gasolina y de alimentos subsidiados no deja al Estado más opción que controlar eficazmente la frontera y de paso desarticular la infiltración paramilitar que suplanta al hampa criolla, asesina dirigentes sociales y compra empresas de transporte y políticos.

Con el atentado contra Eduardo Samán, presidente de INDEPABIS, la ultraderecha culmina su tarea de advertir a las fuerzas progresistas que si no la vencen serán exterminadas.