El dispositivo ideológico -prensa, televisión radio y centros de pensamiento- del clan oligopólico, financiero, industrial y comercial, la alta burguesía que económicamente controla todo el flujo interno y externo de la acumulación privada de capital en Venezuela, concentrado en el grupo Mendoza, conactores corporativos como Fedecámaras, VenAmCham y Consecomercio, en su actual insurrección económica contra el gobierno popular bolivariano, plantea como punto esencial de su argumentación la defensa a ultranza del mercado, de la oferta y la demanda. En los términos de dicha discursividad el mercado es un Dios intocable, un fenómeno natural que al ser alterado por la intervención o la regulación estatal pone en peligro la existencia misma de la sociedad. Ningún proyecto alternativo es viable, menos el socialismo, como forma de ordenamiento social, pues desconocen la esencia del ser humano siempre inclinado a la ganancia y acumulación mediante la destreza individual, la habilidad del más apto y astuto. Los demás son unos perdedores absolutos condenados a vivir en la pobreza y marginalidad.

La guerra económica planteada por el núcleo duro de la oligarquía para derrocar el poder popular y democrático bolivariano y establecer un sistema de dominación que revierta las conquistas sociales y reinstale el modelo neoliberal, bien puede enfocarse desde la conflictiva relación entre Estado, sociedad civil y mercado.

Venezuela no ha sido ajena a dicha tensión y hoy resurge con mayores bríos cuando, al plantearse un nuevo ciclo político, se avizora la perspectiva de una formación post capitalista que coloque las bases del socialismo.

La idea utópica del mercado neoliberal plantea que el mismo es una forma no coactiva basada en transacciones bilateralmente voluntarias y que tiene lugar entre sujetos igualmente informados y simultáneamente incapaces de controlar los precios de los distintos bienes y servicios, lo que no es más que una entelequia conceptual porque en realidad su vigencia ha derivado en la conformación de una minoría plutocrática, global y nacional, y una mayoría sumida en la pobreza, con la consiguiente degradación política, cultural y ambiental.

En la formidable reflexión desarrollada en su obra La Gran Transformación, Karl Polanyi enfatiza en que lo crucial en la transformación capitalista de la economía, la sociedad y la naturaleza fue la conversión en mercancía de todos los factores de producción (tierra, o naturaleza y trabajo, o seres humanos) en beneficio del capital. La institución de un mercado libre que los teóricos liberales (por ejemplo, Adam Smith en la Teoría de los sentimientos morales) ven como un hecho natural, es denunciado por Polanyi como derivado de una concepción antropológica muy concreta de la condición humana: su reducción a un individuo al que la mano invisible del mercado guía, mediante la búsqueda egoísta de su propio placer (hedonismo), hasta encontrar, sin desearlo, el bien común para todos (por ejemplo, la mayor felicidad para el mayor número en el utilitarismo de Jeremy Bentham). En su texto, Polanyi se centra en la evidencia de las resistencias que la sociedad tradicional y sus instituciones seculares opusieron durante largo tiempo a la constitución de esa novedad que era el mercado, y que en el caso inglés (desde comienzos del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX) se reflejó en la autorización de un complejo paquete de medidas e instituciones: los cercamientos (enclosures), las leyes de pobres (poor laws) las leyes de granos (corn laws), los gremios y sindicatos, etc.

El eje de esta gran transformación fue la sustitución del sistema tradicional de trabajo, donde el mercado era accesorio en la vida económica, por un mercado del trabajo.

La destrucción de las reglas que hasta entonces funcionaban: la costumbre, la tradición corporativa, las relaciones gremiales jerarquizadas así como la regulación estable y tradicional de las condiciones de trabajo desaparecen.

Cuando el dogma del mercado autorregulado se impone en Gran Bretaña necesitará para su expansión de nuevos apoyos para poder convertirse en capitalismo internacional. Para lograr la regulación del mercado y la disciplina monetaria necesaria se fija el patrón oro (1844) como respaldo de la emisión de moneda, lo que permite la denominada estabilización o autorregulación pero provoca una reducción de los salarios como efecto de la deflación durante el siglo XIX. La reducción del beneficio de los trabajadores es la que permite un aumento en el beneficio de los inversores capitalistas que necesitan unos estados dispuestos a consentir leyes de mercado favorables a las élites financieras que, satisfechas con la acumulación de capital, pueden llegar a orientar y controlar los gobiernos estatales.

Polanyi expone su profunda convicción en la insostenibilidad de la sociedad del mercado porque la considera como fatal y destructiva para el ser humano y el medio natural en que habita.

Los efectos catastróficos de la imposición del mercado como factor central de la organización social capitalista, que se materializaron en las dos guerras mundiales del siglo XX y la gran crisis de 1929, dieron paso a los Estados de Bienestar que llevaron mejoras a amplias capas de las sociedades occidentales durante varias décadas.

Al finalizar el siglo XX, el neoliberalismo nativo retomó este repertorio ideológico y coloco como única alternativa la sociedad mercadocentrica, con los resultados conocidos en los años 80 y 90.

Pero la reacción popular recuperó y reorientó el papel del Estado y su función reguladora. Es lo que sucedió con la Constitución de 1999 y la organización del Estado democrático y social de derecho y de justicia, pues en la historia de Venezuela el Estado ha sido central en la conformación de la nación, condicionando el mercado y la sociedad civil. Ha sido el escenario privilegiado de los conflictos que han confrontado a los actores sociales y políticos estratégicos (sujetos con poder) que se mueven de manera interrelacionada en los tres campos centrales de la nación: Estado, sociedad civil y mercado.

El diseño e implementación del Estado comunal es un formidable avance con muy positivas repercusiones en las clases populares. La aprobación de la Ley Habilitante con las facultades al Presidente Maduro para que adopte nuevos diseños institucionales en el ámbito financiero y fiscal para regular el mercado estableciendo topes adecuados de ganancia, debe fortalecer la capacidad política del liderazgo estatal para meter en cintura (y aplastar si es preciso) el poderoso grupo burgués (importadores, comerciantes, banqueros y especuladores) que ha desatado la violenta insurrección económica con miras a recuperar las palancas centrales del poder nacional cuyo sustento es el gigantesco ingreso petrolero. El eje de la estrategia ultraderechista es la destrucción de la institucionalidad democrática, popular y bolivariana que incluye la vigencia y garantía de los derechos fundamentales de millones de ciudadanos en los últimos 14 años.

El Estado comunal en proceso es ampliado porque incorpora la sociedad civil como uno de sus componentes básicos. La noción de sociedad civil a la que hacemos alusión es aquella que pone énfasis en la importancia de las organizaciones populares y los conflictos. La sociedad civil es definida, desde nuestra visión, como el tejido social formado por una multiplicidad de unidades territoriales o funcionales autoconstituidas que coexisten pacíficamente y que resisten colectivamente a los intentos de subordinación de la burocracia o el mercado y que simultáneamente exigen inclusión en las estructuras políticas nacionales. Es un arma contra el capitalismo, no una adaptación a este, como lo pretende el neoliberalismo.

Es en dicha sociedad civil en la que es preciso plasmar una nueva alianza política entre el bloque socialista con los obreros y la clase media productiva y de servicios para colocar a la defensiva la oligarquía oligopólica que promueve la contrarrevolución neoliberal.