Los clásicos de la ciencia económica, incluido Karl Marx, nos enseñan que ésta tiene un esencial carácter político; por eso se habla de la Economía Política.
Nada atinente a los asuntos de la producción ocurre desligado de la política, ni la lucha por el poder se entiende sin una clara comprensión del fenómeno económico.
El anillo que hace inseparables estas categorías es, sin lugar a dudas, el social.
Economistas burgueses como John Stuart Mill y Jean Charles Simon de Sismondi, en el siglo XIX, y John Maynard Keynes en el XX, plantearon, desde diferentes ópticas, la necesidad de cierta regulación e intervención del Gobierno en los asuntos económicos. Incluso, Sismondi, a quien nuestro amigo Umberto Mazzei recomienda releer y aplicar, formuló una máxima que profundiza el carácter humano de la economía: “La Economía Política no es una ciencia de cálculo; es una ciencia moral”.
Los liberales y neoliberales teorizan falsos argumentos a favor de una supuesta libertad absoluta de las empresas, llegando al exabrupto de afirmar que el mercado tiene leyes internas que garantizan el equilibrio y la racionalidad económica. Nada más erróneo; los hechos históricos del capitalismo mundial, han vuelto polvo estos mitos alienantes.
Pero esos mismos neoliberales son los primeros que claman al Estado auxiliar los bancos quebrados e invadir militarmente otros países para apoderarse de sus recursos naturales. Se apela al Estado como aparato opresor al servicio del capital, pero se le rechaza cuando busca construir la justicia social.
En el caso venezolano, el Socialismo Bolivariano, persigue alcanzar la mayor suma de felicidad posible para el pueblo; dicho en palabras de Mill: “actúa siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas”, coincidiendo con la utopía marxista de “una vida gratificante”.
Esta es la filosofía que da soporte a las medidas económicas tomadas recientemente por el Gobierno Nacional que preside Nicolás Maduro; acciones todas muy acertadas y oportunas, que se traducen cotidianamente en justicia social y racionalidad del mercado.
Algunos efectos de estas medidas legales e institucionales, son, en lo económico: baja de la inflación inducida, recuperación del poder adquisitivo del salario, incremento de la demanda agregada y estímulo a la producción nacional contra la importación especulativa; en lo social: mejora en la calidad de vida de las familias más humildes, mayor satisfacción de necesidades postergadas y ambiente de alegría y confianza; y, en lo político, revalorización del papel del Gobierno como garante de la justicia social, mayor cohesión política de los factores que apoyan la Revolución Bolivariana, con seguro estímulo para unos resultados electorales favorables.
Pura ganancia, y en buena lid.
