Preámbulo a un pasaje gris en la historia contemporánea de Venezuela

Desde el año 2002, todos los 02 de diciembre, la sociedad venezolana recuerda el pasaje terrorista más triste, de mayor duración y transcendencia de la historia contemporánea: el sabotaje petrolero, que se llevó a cabo dentro de la industria petrolera, y que trajo como consecuencia que se viviera, en pleno siglo XXI, lo que es ser una sociedad sin energía. En este caso, se vivió una situación de guerra.

Se caracterizó por ser una serie de hechos delictivos confabulados y aupados por los sectores opositores al gobierno de Hugo Chávez Frías, para intentar derrocarlo por la vía económica, apenas a siete meses de haberlo derrocado por la vía militar, el 11 de abril de 2002, pero de ambas conspiraciones, el Presidente Hugo Chávez Frías logró sobrevivir.

Ese sabotaje petrolero es considerado por las leyes venezolanas como un acto de confabulación para delinquir de manera abierta para intentar de afectar a la sociedad y sus instituciones estatales, con el fin de hacerse en el poder por la fuerza y no por la vía democrática, lo que se conoce en otros países, sobre todo en Estados Unidos,  como un acto de “Terrorismo”. Es por ello, que lo que ocurrió desde el 02 de diciembre de 2002 hasta el 04 de febrero de 2003, hay que tipificarlo como uno de los actos terroristas más violentos que ha vivido la sociedad venezolana en los últimos cien años.

De manera resumida, los sectores opositores convocaron el 2 de diciembre a un paro; luego el día 7 a un “Paro activo” o indefinido, y a partir de allí a la desobediencia  civil hacia todas las leyes e instituciones del Estado. Promovieron acciones de calle, “guarimbas”, cierre de comercios, de hospitales públicos y privados, escuelas, centros comerciales, de líneas aéreas, de bancos, estaciones de servicios, y la paralización de la principal industria del país: la petrolera. Sin embargo, este fue se desintegrando paulatinamente hasta que el 04 de febrero de 2003, los sectores lo abandonaron y cambiaron de estrategia política. Nunca lo levantaron, pero los daños ocasionados aún persisten en el imaginario de los venezolanos. Realmente, como consecuencia, dejó una serie de secuelas que nunca se olvidaran y que quedaron marcadas como un pasaje gris en la historia contemporánea de Venezuela.

Se le ocasionó un tremendo impacto social que sobretodo recayó en los sectores más vulnerables y más desprotegidos de la población venezolana, que esa misma población que está padeciendo la Guerra Económica promovida por los mismos actores políticos y económicos que participaron en ese sabotaje petrolero: en este caso liderado por Fedecámaras, Consecomercio, Fedenaga, Venemchamp, entre otras organizaciones políticas-productivas.

Si nos pusiéramos a escribir un libro sobre las secuelas dejadas por el paro petrolero, cada uno de los venezolanos tuviera una historia distinta que contar, de cómo lo vivió, de cómo le afectó, etc., en fin: TODOS FUÍMOS VÍCTIMAS DEL PARO.

Actores convocantes del terrorismo petrolero

Entre los que participaron directamente en el “Terrorismo petrolero” se encontraban personajes y organizaciones de reconocida trayectoria en la vida política, gubernamental, empresarial, laboral y social de la Venezuela contemporánea, quienes abiertamente declararon ser opositores irreconciliables al gobierno presidido por Hugo Chávez.

Entre ese grupo opositor se encontraba la Federación de Cámaras de Producción y Comercio (Fedecámaras) uno de los grupos empresariales más importante del país con 70 años de existencia, encabezado por su propio presidente, Carlos Fernández; el grupo sindical Confederación de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.), con su presidente, Carlos Ortega al frente; un grupo de directivos y trabajadores de la nómina mayor de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) agrupados en la Asociación Civil “Gente del Petróleo”, liderados por Juan Fernández y en UNAPETROL.

También, participó directamente, la Asociación Civil Súmate, con la hoy diputada María Corina Machado; grupos militares disidentes y de reconocida participación en el Golpe de Estado de abril de 2002; los principales medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión; y las organizaciones partidos de oposición aglutinados en la coalición denominada Coordinadora Democrática.

Dentro de la Coordinadora Democrática se contabilizan unas 36 organizaciones ONG y 14 partidos políticos que con sus particularidades conspiraron por un fin común fin: intentar salir de Chávez lo más pronto posible por segunda vez en menos de un año.

Nombres como los de Carlos Ortega, Carlos Fernández, Juan Fernández, Enrique Capriles Radonski, Antonio Ledezma, Enrique Mendoza, Albis Muñoz, Marcel Granier, Federico Ravel, entre otros, pasaron a la historia política venezolana como los que sometieron a su propio país a una de las situaciones más cruentas registradas hasta ahora, no sólo en materia económica, sino también política, social, laboral, ambiental y de salud mental.

Por parte de los gerentes petroleros, nunca quedaran en el olvido nombres de los integrantes de la asociación civil Gente del Petróleo, entre ellos, Juan Fernández Gómez, Horacio Medina, Eddie Ramírez Serfaty, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo Martínez, Carolina Mendoza, Luis Ramírez García y Marco Santiago, entre otros.

Los hechos concreto

Desde una perspectiva histórica, desde el  02/12/02 hasta el 04/02/2003, 64 días exactos, se vivió una crisis política y económica en el país, que puede ser descritas como pasajes de conspiración, terrorismo, sabotaje, disidencia, la desobediencia y la generación de zozobras que los grupos opositores al gobierno de Hugo Chávez Frías promovieron de una manera abierta e incesante, con altas repercusiones sobre la vida diaria de la sociedad venezolana. 

Los días previos del paro, fueron días de angustia permanente para la población venezolana, amparados en una campaña mediática que logró colocar a la población en un estado de zozobra y neurosis colectiva, que le robaron la paz a la población.

Ese día 02/12, los sectores opositores concretan un nuevo llamado a Paro, supuestamente por un día, en momentos que los actores políticos nacionales enfrentados, estaban dispuestos a discutir en una Mesa de Negociación mecanismos para lograr una salida constitucional y pacífica a la crisis generada por los mismos opositores al gobierno de Chávez, lo que evidenciaba una contradicción y un el comportamiento antidemocrático de ese sector político. Esas negociaciones estaban coordinadas directamente por el secretario de la OEA, César Gaviria.

Como el llamado a Paro resulto infructuoso, recordemos que estábamos en época decembrina, Carlos Ortega y Carlos Fernández, ese mismo 2 de diciembre, en horas de la tarde lo extendieron por varios días más. Luego, el día 7, ellos llamaron al paro “activo y continuado”, y en este caso comenzaron a instigar por los medios de comunicación privados a la desobediencia civil y a realizar acciones de calle en toda la Nación.

Estos actores planificaron, promovieron, ejecutaron y evaluaron permanentemente una sucesión de actos de violencia para infundir terror, odio, incomodidad y zozobra, creando una conmoción social con fines políticos, que afectó la actividad productiva nacional, especialmente en la industria petrolera, cuyo fin era lograr el derrocamiento de Hugo Chávez, por medio de los daños ocasionados no solo a las instituciones públicas sino también a la del resto de la sociedad.

Fueron acciones criminales con un sentimiento profundamente anti-nacional, ya que mediante la comisión de delitos, aterrorizaron a la población, generaron un ambiente de inestabilidad gubernamental con la finalidad de motivar el rechazo social hacia el gobierno.

Participación de los gerentes petroleros en el sabotaje de PDVSA

Desde el día 05 de diciembre de 2002, se sumaron los gerentes petroleros de PDVSA, los “meritócratas”, y comenzaron con perpetrar una serie de sabotajes a la industria petrolera. En este caso, eran los altos funcionarios petroleros que conllevó a toda la población a padecer grandes penurias y dificultadas para vivir. Tantos seguidores de la oposición como el pro-gobierno sufrieron esas mismas calamidades. Se vivió un estado de involución social. Esos gerentes conllevaron a sus propios camaradas y compañeros de trabajo a la ruina luego que los ilusionaron y les hicieron creer que “el paro sacaba a Chávez”.

Realmente los gerentes petroleros autoconspiraron contra ellos mimos, contra su propia estabilidad laboral y familiar, contra el resto de la población a la cual se debían como funcionarios públicos y contra su propio país.

En este caso, las transnacionales petroleras demostraron su capacidad de persuasión a varios venezolanos de ir en contra de sí mismo, sus familia y hasta su país. Casi 20.000 trabajadores participaron en esa jornada conspirativa y todos fueron despedidos por tales motivos. No había las suficientes cárceles para meterlos a todos.

Intentaron hacerse del poder por la vía de la zozobra colectiva

Los sectores opositores intentaron hacerse del poder a través de la crisis de ingobernabilidad que efectivamente generaron, pero que el gobierno revolucionario supo sobrellevar y volver a salir airoso de otra de las duras batallas políticas y económicas que les tocó enfrentar en menos de un año.

En detrimento de la población y de ellos mismos, insistieron en forzar la salida del gobierno, bajo el argumento que lo que querían, en un primer momento, era que sustituyera su política económica de “corte socialista” por una más proclive al tradicional libre mercado. Luego, querían que el gobierno aceptara públicamente el adelanto de elecciones presidenciales, y finalmente, que presentase su renuncia a la Presidencia de la República por su intransigencia a las peticiones opositoras y por las consecuencias económicas derivadas de las propias acciones terroristas emprendidas por ellos.

Fue un plan orquestado para  propagar el odio político, poniendo en peligro la vida e integridad de un número indeterminado de personas.

La presión a la que se sometió al gobierno y a la población en general, generó un clima de caos y de desastre. En el fondo, abiertamente, eso era lo que querían, que de una vez por todas se generara el clima de inestabilidad política, económica y social necesaria para desatar la Guerra civil que justificase la intervención de los organismos internacionales que domina Estados Unidos, que en ese entonces, ya algunos estaban establecidos en el país “tratando” de mediar por la paz, y a partir de ese momento, como ha ocurrido en los últimos veinte años en Pakistán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Nigeria, Egipto y Siria, darían paso a la intervención militar estadounidense y de sus aliados imperiales.

Cabe señalar, que para el año 2002 Venezuela era un importante productor y exportador de petróleo del mundo, el quinto exportador de la Opep y el octavo en reservas y el primer suplidor hacia Estados Unidos, y aún no había sido declarada como la primera gran reserva petrolera mundial, un hecho que comenzó a darse cuatro años más tarde, cuando PDVSA ya estaba siendo gerenciada de una forma libre e independiente por el Ejecutivo Nacional revolucionario.

Intereses oculto: la CIA detrás de todo esto

El hecho de revertir la política petrolera venezolana por una más cónsona con los intereses nacionales le costó a Hugo Chávez y a la sociedad venezolana todo el proceso de desestabilización política vivida hasta el año 2003.

Porque el presidente Chávez, pretendió utilizar el petróleo como el elemento fundamental para impulsar el nuevo modelo de desarrollo económico y social del país, una política independiente, unas políticas dirigidas a satisfacer las necesidades del conjunto de la población, diseñar estrategias soberanas para estimular y vincular la economía venezolana a los recursos provenientes de la renta petrolera, que fue un reto histórico. Llevo a la desesperación a los gerentes apátridas y a las compañías transnacionales.

Como vimos el presidente Chávez intentó cambiar el statu quo en el sector petrolero venezolano, sin embargo, sus tradicionales apoderados, una meritocracia dirigida desde las corporaciones transnacionales, se enrumbaron a defender lo que históricamente se consideraba una “caja negra”, algo que siempre fue intocable por el ejecutivo Nacional.

El hecho concreto que detonó fue la reforma petrolera que se inició con la aprobación la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte del Ejecutivo Nacional en agosto de 2001 y que entró en vigencia el 01 de enero de 2002. Hecho que conllevó al inicio de una aguda confrontación político-ideológica entre los partidarios del gobierno revolucionario y la poderosa económica y financieramente oposición. Este enfrentamiento llegó a su máxima expresión el 11 de abril de 2002, cuando Hugo Chávez Frías fue derrocado por 48 horas.

Hoy, sobran las pruebas que demuestran que el autor intelectual y financiero detrás de estos actos de sabotaje y terrorismo fue el propio gobierno de George Bush, por medio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuyo objetivo fundamental era quebrar de una vez la industria petrolera venezolana, crear la desestabilización política y económica y generar una conmoción social. Pero Hugo Chávez, siempre había denunciado la participación del gobierno de Estados Unidos para derrocarlo con la complicidad latente de los grupos opositores. Su discurso radical  contra el discurso de los opositores exacerbó el ambiente.

La “meritocracia” petrolera y su resistencia al cambio

La política petrolera del gobierno de Hugo Chávez Frías buscaba lo que había prometido cuando era apenas un candidato presidencial en 1998: corregir una falla estructural en la industria petrolera, que la Pdvsa dejara de ser un “Estado dentro de otro Estado”.

Una empresa que funcionaba prácticamente como una empresa privada, cuya política era dirigida aparentemente por una “meritocracia” embebecida por los altos privilegios que disfrutaba en comparación con el resto de la población venezolana, sumida en la pobreza, pero que en realidad, su actuaciones eran decididas desde afuera, es decir, desde las grandes corporaciones transnacionales, principalmente de origen estadounidense.

Una “meritocracia” llena de desconocidos por la sociedad, desconectada y despolitizada pero abiertamente entregada a los intereses foráneos, quienes a lo largo de la historia contemporánea del país se cansaron de definir el rumbo  de la política petrolera nacional a su entera favor y  en detrimento de los intereses criollos.

La historia petrolera de los últimos cien años nos cuenta que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder se había desarrollado una política entreguista de la industria petrolera a las corporaciones transnacionales, donde ellas controlaban todas las actividades que se desarrollan en ella, y el antiguo Ministerio de Energía y Minas era un “cascaron vació” que no regia la política petrolera nacional.

El mayor reservorio petrolero del mundo, conocido como la Faja Petrolífera del Orinoco  (FPO) no era considerado como tal, sino más bien como bitumen, un energético que se vendía para el 1999 a precios del carbón, unos 4 USD aproximadamente.

Los grandes contratos y mejores convenios firmados entre PDVSA y las corporaciones  estaban en manos de las de origen estadounidenses. En los convenios suscritos en el proceso llamado “Apertura petrolera” la estatal venezolana no tenía la mayoría accionaria. Se había implantado un régimen fiscal que no favorecía los intereses nacionales. Sólo pagaban el 34% de impuesto como cualquier actividad comercial y el 1% por concepto de regalías, que era un porcentaje  más bajo, incluso, que el que pagan las corporaciones en su país de origen. En ese entonces, este tributo estaba pautado según las leyes venezolanas en materia de hidrocarburos en 16,66%. Actualmente, la regalía se ubica por el orden de 30%.

El costo económico

Por medio de una investigación realizada por el profesor Mazhar Al-shereida, a solicitud del Ministerio Público, se pudo cuantificar las pérdidas que le ocasionó a la nación  este sabotaje petrolero, estimadas por el orden de los 15 mil millones de dólares en esos dos meses de guerra política con elevadísimas consecuencias económicas.

Fueron pérdidas nada más por la paralización de la industria petrolera, por la cuantificación de los ingresos en divisas que el país dejó de percibir por concepto de exportaciones petroleras, aunado a los costos que ocasionó la reactivación de esa industria luego de que la llamada “meritocracia petrolera” conformada por los gerentes de PDVSA, la detuvieran en casi el 80% de sus procesos. Este es el hecho que hay que calificar como Terrorismo.

También, hubo otras pérdidas, estimadas por el orden de 5 mil millones de dólares ocasionados por la paralización del aparato productivo y comercial de los sectores no petroleros de todo el país.

Lo anterior, son los costos cuantitativos, los tangibles, pero hubo otros costos no materiales, los intangibles, que son los daños morales y de violación de los derechos humanos, no cuantificables, pero que parte de la población padeció, incluyendo muertes, lesiones por quemaduras ocasionas, despidos laborales, pérdidas de clases, amedrentamientos a comercios que no querían sumarse al paro, entre otros.

Perjuicios ocasionados a la población venezolana

-       Intento de destrucción de la economía venezolana

-       Saboteo a las operaciones de PDVSA

-       Racionamiento en el expendio de gasolina y derivados a nivel nacional.

-       Desabastecimiento y acaparamiento de productos alimenticios de consumo masivo

-       Suspensión de clases, vulnerando el derecho a la Educación

-       Limitación del derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes

-       Limitación de los horarios bancarios y montos máximos de dinero a retirar.

-       Suspensión de las cartas avales para la autorización de los H.C.M. y experticias de los seguros de vehículos.

-       Limitación de venta de medicamentos y suspensión de venta de prótesis y demás implementos médicos.

-       Limitación del derecho al trabajo

-       No cancelación de semanas de salario por motivos del paro

-       Violación al derecho al libre tránsito.

-       Cercenamiento de la libertad de información y expresión por uso abusivo del monopolio de los medios de comunicación social.

-       Cierre de Centros Comerciales por parte de administradora

Donde están sus convocantes hoy a 11 años

Hoy, a once años que se cumplen de esos hechos, los principales cabecillas de esos actos terroristas, Carlos Ortega, Juan Fernández, Carlos Fernández y varios de los dueños de los medios de comunicación, están fuera del país, prófugos de la justicia, sin la conciencia ni la moral suficiente para darle la cara a los errores cometidos. Huyeron como viles cobardes. Y, más aún, muchos con sangre fría, típica de cualquier político tradicional, desde su exilio dorado siguieron añorando y conspirando contra el gobierno revolucionario de Hugo Chávez Frías, y ahora lo continúan contra el de Nicolás Maduro. 

Asimismo, otros de los cabecillas terroristas fue Henrique Capriles Radonski, quien luego saldría electo gobernador y fue el candidato presidencial de los sectores de la oposición en las elecciones del 07 de octubre de 2012, saliendo derrotado por Hugo Chávez, y que luego, sería el candidato opositor contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 15 de mayo de 2013, y también sería derrotado con apoyo de la sociedad revolucionaria. 

Aún, siguen activos en la vida política nacional Enrique Mendoza, María Corina Machado, Leopoldo López, Carlos Oscaríz, Julio Borges, Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, entre otros, algunos de ellos escudados como Diputados en la Asamblea Nacional, sin embargo, todos con expedientes abiertos en el Ministerio Público venezolano, denunciados por su participación abierta en el terrorismo petrolero de 2002 y 2003. Siempre nos preguntamos, porqué nunca fueron abiertos sus expedientes. Nunca hubo un preso por eso.

La participación de las “Víctimas del Paro Petrolero” en los procesos penales contra los conspiradores

Hubo violación de los derechos humanos por partes de los funcionarios petroleros adscritos a PDVSA que se sumaron a la convocatoria del paro petrolero, porque amancillaron la dignidad humana de la mayoría de la población. Participaron directa e indirectamente en la violación de Derechos Civiles establecidos en la Constitución Nacional, de manera pública y abierta, así como, transgredieron los Derechos Políticos a la participación de manera pacífica y democrática, al tomar la vía de la conspiración y el terrorismo.

El pueblo venezolano fue víctima, entendiendo por víctimas, a aquellas personas que padecen daños por culpa ajena o por causa fortuita. Y en este caso, fuimos víctimas del abuso del poder que tenían los Gerentes petroleros, funcionarios públicos en funciones,  para garantizarles a la sociedad el suministro de la energía a tiempo y en la cantidad suficiente para desarrollar las actividades económicas y cotidianas  que impulsen el desarrollo y progreso de la Nación.

En esas "acciones delictuosas" de la planta gerencial de PDVSA, no sólo vulneró los derechos constitucionales que afectaron al interés particular de algunos sectores u áreas específicas de la sociedad, sino de aquellos que atienden al interés general, llamados difusos y colectivos, que abarcan a toda la industria petrolera y a la Nación.

Entre los derechos constitucionales vulnerados por la paralización de la industria petrolera tenemos: que afectó los derechos a la vida, a mantener una calidad de vida digna, al bienestar personal y colectivo, a tener acceso a servicios de calidad, a trabajar, a percibir un salario, al uso, goce, disfrute y disposición de bienes y disponer de bienes y servicios de calidad, entre otros.

Las acciones subversivas  de los promotores del sabotaje petrolero, se encuentra tipificada como delito en el Código Penal venezolano, vigente para ese entonces; entre ellos el de la TRAICIÓN A LA PATRIA (Art. 128), EL DELITO DE CONSPIRACIÓN (Art.132), EL DELITO DE REBELIÓN CIVIL (Art.144), EL DELITO DE INDUCCIÓN A LA SEDICIÓN (Art. 146), DELITO DE AGAVILLAMIENTO (Art. 287), EL DELITO DE DAÑO (Art. 344), entre otros delitos tipificados en leyes especiales, tales como Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, Ley  Orgánica de Hidrocarburo, Ley de Seguridad y Defensa, entre otras leyes.

VIDELPA utilizo la denuncia penal como ofensiva política contra esos hechos

Para darles ayuda y protección a las víctimas del paro petrolero, nació la Asociación Civil Víctimas del Paro (VIDELPA), presidida por el entonces diputado Andrés Giussepe.

VIDELPA en principio pudo activar, en nombre de todos aquellos ciudadanos afectados por el sabotaje petrolero, las denuncias penales contra todos los convocantes políticos y petroleros correspondiente, haciendo uso de una de las herramientas potenciales que da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que es la participación ciudadana en todos los asuntos inherente a las personas en su individualidad y colectividad.

En ese sentido, VIDELPA, como una organización de defensa de los derechos de las víctimas, realizó una serie de diligencias por ante los fiscales especiales designados por el Ministerio Público, en nombre de sus representados, en este caso las “víctimas del paro”. Fueron acciones tendientes a la acusación individualizada de cada uno de los imputados de por las acciones terrorista. Para tal fin, se promovieron pruebas y se llevaron testigos, provenientes de distintas partes del país, para acusar penalmente a los convocantes al Paro.

A 11 años de todo eso, se puede decir que fueron iniciativas de participación ciudadana efectivas para luchar eficazmente contra la impunidad en nuestro país, donde no sólo se atacó a los personajes emblemáticos o tradicionales de la conspiración contrarrevolucionaria; sino además, a aquellos criminales que nunca vemos por la televisión, periódicos, o no escuchamos por radio, que en la mayoría de los casos, sus acciones son tan delincuente como los exgerentes de nómina mayor y funcionarios públicos de PDVSA, que estuvieron paralizando plantas, buques, sistemas de distribución, etc., en la estatal petrolera.

De esta manera se pudo identificar aquellos terroristas que utilizando sus credenciales de funcionarios públicos actuaron de bajo perfil y amedrentaron a sus subalternos, tales como supervisores, operadores, obreros, dirigentes sindicales o gerentes medios.

VIDELPA realizó asambleas por todo el país, promovió que se creara una Comisión Especial de la Asamblea Nacional para atender los casos y darle el apoyo interinstitucional requerido, que por sus características estaba fuera del alcance de las manos de esa organización no gubernamental.

Finalmente, promovió jornadas de recolección de firmas de ciudadanos y ciudadanas para adherirse a las distintas denuncias contra los terroristas individualizado. De esa forma VIDELPA pudo mantener viva la agitación política y comunitaria que es mantener viva la lucha contra la impunidad de los protervos.