Los protocolos judiciales y administrativos deben ser más flexibles en su aplicabilidad
Dado que si bien el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), acaba de demostrar que está bien preparado técnicamente para resolver este tipo de accidentes, bien casuales, bien causales, lo cual lleva optimismo a la ciudadanía, también nos pone en evidencia que no ocurre así en materia de prevención de accidentes, que debemos mejorar aceleradamente esta falla técnica en materia electroprofiláctica.
La sanidad administrativa nos impone la necesidad de que este Ministerio cuente con un cuerpo de asesores, y de supervisión capaz de prever accidentes, o, por lo menos, de minimizar su ocurrencia, además de resolverlos. Este equipo debe ser contratado al margen de los tiesos tabuladores propios de nuestra Administración Pública, algo parecido a la morbosa contratación criminal de expertos en sicariatos y terrorismos que, por ejemplo, contrató la Alcaldía de Caracas, y la del viejo Ejército nacional burgués de la 4ta. República-casos Alfredo Peña, los cursos de la Escuela de las Américas que no han sido nada gratuitos.
Los ministros bien podrían dotarse de asesores, pero, ¿cómo confiar en Chucho, en Jacinto o en José? Cierto que estamos preparándonos para que en un futuro los gobernantes sean personas de excelsa comprobada eficiencia tecnoprofesional para que ningún asesor pueda engañarlos. Pero esta labor no puede ser a corto plazo, ni siquiera a mediano.
Veamos la presente situación: la eficaz capacidad técnica para la criminal comisión de actos terroristas de sabotaje eléctrico, según el ejemplo que nos ocupa, y demostrada por la oposición burguesa, les tiene que estar costando un buen billete que necesita desembolsar para poder contar con excelentes expertos de aquí y de acullá.
Esa buena asesoría morbosa se explicaría porque los servicios técnicos son ofrecidos a la oposición de manera masiva, y como se los contrata para funciones puntuales, se les paga según su eficiencia, cosa que no rige para el empleado burocrático nuestro, razón por la cual, en estos casos, el riesgo que corremos virtualmente se maximiza.
Ciertamente, no deja de ser elogiable el rendimiento o eficacia demostrada por El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), con una recuperación tan inmediata, relativamente hablando. Creo que debe castigarse con ejemplaridad a los involucrados en estos actos terroristas, cosa que no veo viable mientras sigamos atados al protocolo judicial vigente.
La justicia debe ser oportuna y adecuada al delincuente, al delito cometido y al costo de sus daños materiales y difusos sufridos en términos de angustia colectiva. Las disposiciones penales vigentes son referenciales no estrictamente puntuales. La puntualidad debe ser decisión coyuntural y autónoma presidencial o ministerial, si se quiere.
