En Venezuela se está agotando aceleradamente el tiempo de relajación para que los proletarios, particularmente los funcionarios públicos, se adapten al sistema político y económico que más les garantice sus verdaderos derechos laborales y sociales, se adapten, decimos, al nuevo Estado democrático en su versión de Socialismo del presente siglo XXI.
Para nadie debe ser un secreto que la inamovilidad laboral reinante actualmente en toda la Administración Pública Nacional de Venezuela es una herencia de urgente revisión, propia de un sindicalismo mendaz, traicionero y rastrero al servicio incondicional de intereses económicos transnacionales y oligárquicos criollos de vieja raigambre mantuana y antibolivariana.
Esa fue una medida con alto peso estratégico para la conservación del liderazgo puntofijista (los contubernios armados con los partidos: AD, Copey, PCV, MIR, MEP, etc.) y de sus respectivas cuotas de poder políticoelectoral, enquistadas desde entonces bajo el dominio absoluto de aquella alta burocracia harto corrupta y contraria a los intereses del Estado soberano, que, aunque burgués, por lo menos debía cubrir las apariencias de Estado democrático, pero que jamás en los hecho hizo tal cosa.
Como recordaremos, hasta los nefastos tiempos de Raúl Leoni, cada marzo el gobierno recién electo estaba facultado para realizar “caída y mesa limpia” con todos aquellos funcionarios de notoria importancia política para el partido perdedor, funcionarios que obviamente resultarían de alta peligrosidad para el mejor funcionamiento de los programas del partido político entrante.
Ocurrió que sus gobernantes, temerosos y suspicaces como fueron de que los notorios abusos contra el pueblo podría quebrárseles, como todo cántaro termina haciéndolo de tantas veces ir a la fuente, optaron por la improductiva, anquilosante, malversadora y hoy “contrarrevolucionaria” ley, según la cual el Estado no puede despedir de oficio a ningún funcionario por ineficiente, analfabeto, corrupto e inmoral que sea, salvo mediante procedimientos engorrosos y antipopulares, como esos de amonestaciones verbales (escritas (sic), escritas, etc.. Recordemos que, al igual que las afamadas “empresas de maletín” y cadivistas, así existían los funcionarios de confianza, suerte de espías y lobistas que se prestaron para mil marramuncias y actos de corrupción per se o como intermediarios de terceras personas no menos corruptas.
Como podemos ver, con ese personal anquilosado y en buena parte ineficiente que tiene presencia o dejó un semillero administrativo que difícilmente podrá cuadrarse con la normativa política del actual Estado porque sencillamente tiene compromisos insalvables con sus padrinos, familiares y demás ex burócratas de los viejos y obsoletos partidos políticos arriba citados.
La inamovilidad debe ser revisada, sencillamente, porque la consigna “eficiencia o nada” así lo dicta, so pena de quedar reducida a letra muerta y el obrerismo se trocaría en pendejismo. Es decir, la inamovilidad debería entenderse en el buen sentido de la palabra: deben gozar de ella sólo los funcionarios de probada y comprobada probidad, rendimientos y lealtad con el Estado que los emplea, porque, de no ser así, la inamovilidad sería una verdadera pendejá.
