Más sobre estas batallas económicas
Desde hace un buen tiempo, las funciones comerciales han merecido mucho respeto de parte de toda la sociedad; sus protagonistas han venido prestando un incuestionable servicio público, a tal punto de que la propia comunidad se ha encargado de tolerar con la llamada paciencia de Job todos los abusos de algunos de sus practicantes.
Como ese oficio termina enriqueciendo a sus practicantes, sus abusos contra su clientela terminan también recibiendo mucho silencio de parte las autoridades locales, estadales y estatales. Así lo revela el grueso de las disposiciones económicas inscritas favorablemente en las Constituciones y códigos correspondientes.
De cajón, el explotado que niega ser explotado menos se autoconsiderará explotador cuando esta función realice. De allí que nos hayamos formado un criterio sobre los comerciantes más favorable que negativo, y hasta hay ciudadanos que abogan por su libérrimo ejercicio aun sabiendo o desconociendo sus posibles malos manejos practicados por algunos desde su fábrica, su comercio o su banco.
Libertad de comercio pareciera decir libertad de dichos abusos porque culturalmente, entre el ejercicio comercial y la tenencia de riqueza que suele acompañar esas actividades de compraventa se interpone el maquiavélico apotegma, según el cual el enriquecimiento apetecido por la mayoría de los ciudadanos de estas sociedades burguesas terminaría justificando los medios empleados para su tenencia.
Las Alcaldías y concejalías serían al comerciante lo que el Estado es frente a la burguesía[1]. En las batallas comerciales actuales, la coparticipación de las Alcaldías pasa a jugar un rol politicoeconómica sobradamente importante en materias impositivas y regulación del ejercicio comercial.
[1] Recordemos que en la América hispana los ayuntamientos fueron la primera versión política del Estado burgués poscolonial. Administraban-protegían-
