Tras el asesinato de la ex -miss Venezuela Mónica Spear y el grosero show mediático surgido en torno al hecho (todo homicidio es lamentable, no sólo el de una figura pública), ha salido nuevamente a la palestra el tema de la Pena de muerte, generándose intensas discusiones en redes sociales y otros medios. Hay quienes siguen creyendo que esta figura punitiva reduciría a su mínima expresión la ocurrencia de asesinatos, secuestros, violaciones y otros delitos propios de la violencia estructural de una sociedad burguesa (aún lejos del socialismo) como la venezolana. Están bien equivocados los ciudadanos que piensan de esa manera, y en el presente escrito expondremos algunas consideraciones que permiten concluir, al menos de forma parcial, que la Pena de muerte no es la solución a una problemática tan compleja.
- La Pena de muerte es una de las principales herramientas represivas con las que cuenta todo Estado burgués que la aplica; por intermedio de ésta se legitima oficialmente el asesinato, pudiendo ser efectuado contra cualquier miembro de la sociedad. En este sentido sí se puede afirmar con propiedad que el Estado monopoliza legalmente toda forma de violencia. Pero se trata de una figura punitiva que no ha sido realmente efectiva para limitar la práctica de diversos delitos en los países en los que se aplica, sino que ha sido utilizada como una especie de paliativo gubernamental para hacer creer que se trabaja por la paz, la prosperidad y la armonía social. La delincuencia, desde la que gobierna y la que controla el poder económico (de cuello blanco) hasta la de los bajos fondos, permea y controla sociedades enteras. De manera que si un Estado es delincuencial por naturaleza, es ingenuo pensar en que ese Estado va a solucionar el problema de la violencia social; tal es el caso de Estados Unidos, nación de origen y trascendencia ultraguerrerista, fabricante de armamento de todo tipo y responsable directa e indirecta de la muerte de millones de seres humanos en nombre de la democracia y de la libertad. ¡Irónico¡. Por si fuera poco, prácticamente cada estadounidense posee al menos un arma de fuego, y le rinde una especie de culto.
- En aquellos países que no se contempla legalmente la Pena de muerte, se aplica la misma de manera no oficial, mediante asesinatos extrajudiciales cometidos por cuerpos policiales o grupos paramilitares, y cuyas víctimas en muchos casos no son delincuentes de alta peligrosidad. En Venezuela algunos cuerpos armados estadales y municipales continúan ejerciendo esta modalidad, y no precisamente para reducir el crimen sino como herramienta de dominio y represión contra la sociedad, típica del Estado burgués prevaleciente. Algunos consideran, incluso, que policías de la vieja escuela actúan al más puro estilo cuartorepublicano y la “ley” conocida como “Disparar primero y preguntar después”, sin importar que los asesinados puedan ser inocentes. Y como puede apreciarse en la cotidianidad venezolana, la Pena de muerte extrajudicial no ha resuelto ni por asomo el problema de la criminalidad.
- El alto grado de violencia que caracteriza al planeta en la actualidad, incluida la protagonizada por los delincuentes comunes, es producto en gran medida del capitalismo global y todas las consecuencias negativas de éste sobre los pueblos. Y es que el capitalismo no sólo es hijo de la violencia colonial de los europeos en el mundo entero, quienes esclavizaron y asesinaron a millones de seres humanos durante siglos, sino que se perpetuó como mecanismo de control, desarraigo y represión imperialista por medio de múltiples guerras. Capitalismo y violencia han ido de la mano en el orbe, e incluso el crimen como forma de vida es un negocio en sí mismo, que beneficia directamente, entre otros, a fabricantes de armas, a cuerpos armados públicos y privados, a aseguradoras, a vendedores de distintos implementos de “seguridad”, a jueces, a narcotraficantes y a funcionarios a cargo de las cárceles. De modo que buena parte de la violencia social de nuestros días sólo podrá ser erradicada cuando el capitalismo global que azota a la humanidad llegue a su fin, algo que no se vislumbra en el corto plazo.
En el contexto reseñado en el párrafo anterior, es evidente que la Pena de muerte como herramienta para reducir la criminalidad, termina siendo una utopía desde el punto de vista de quienes aspiran a unas sociedades cuasiperfectas. A manera de ejemplo, se encuentran las mayores potencias capitalistas del planeta, China y Estados Unidos, en las que se aplica el castigo máximo y no se ha resuelto el problema de la delincuencia:
"No hay evidencias sólidas que indiquen que la pena de muerte haga disminuir la tasa de delincuencia. En varios países en donde se aplica la pena capital, los índices de asesinatos son más elevados que en aquellos que no adhieren al método", señaló a lanacion.com David Fathi, director del programa sobre pena de muerte que lidera desde Washington Human Rights Watch.
Desde la organización internacional, se informó incluso que el sur de los Estados Unidos, región donde ocurren la mayoría de las ejecuciones del país, mantiene la tasa más alta de homicidios.
Para Fathi, que además es abogado y experto en políticas de justicia criminal norteamericana, Estados Unidos se ubica, en ese sentido, cerca de gobiernos represivos, similares a los instaurados en China, Irán y Arabia Saudita, pese a alzarse en el mundo como una democracia madura” http://www.lanacion.com.ar/1109765-cuestionan-que-la-pena-de-muerte-sea-disuasiva-para-combatir-el-delito.
“La pena de muerte se introdujo en Estados Unidos para disminuir el alarmante índice de criminalidad del país. Propósito que habría que analizar ahora después de estudiar retrospectivamente la situación actual en estos 21 años. Lo que sí es cierto es que al liberalizar el uso de esta pena, su aplicación ha ido en aumento los últimos años, produciéndose más muertes que nunca. Demostraremos como en los estados en los que no hay pena de muerte el índice de criminalidad no es más grande que en los que se aplica, sino más bien lo contrario. Estudiando el caso de Texas se observa; por una parte que el 33% de las ejecuciones son producidas en dicho estado. Sin embargo, al analizar la criminalidad en porcentaje de crímenes por cada mil habitantes, en el año 1996 aparecen 3 ciudades del estado de Texas entre las 10 ciudades con más criminalidad.
La pena de muerte no tiene ese valor medicinal que pueden tener otras penas o castigos que se ejecutan con el ánimo no sólo de aplicar la justicia sino buscando la sanación del defecto en el condenado” http://www.oc.lm.ehu.es/cupv/univ98/Comunicaciones/Comun09.html.
- En naciones como las mencionadas anteriormente la Pena de muerte sólo es aplicada a ciertos individuos, generalmente de clase socioeconómica baja o media, sin influencias a nivel político o social. En el caso del país norteamericano casi todos los asesinados han sido ‘negros’ e hispanos, algunos de ellos sin ser culpables, evidencia de que la Pena de muerte es más un instrumento de control social e inmigratorio que de disuasión delictiva. A grandes rasgos el castigo máximo no se aplica a individuos adinerados y con poder en diversos ámbitos, salvo una rara excepción por una retaliación política o algo por el estilo. Entonces la Pena capital como figura punitiva al servicio del Estado burgués, es ineficaz y parcializada; mientras son ejecutados algunos ladrones, asesinos y violadores de los bajos fondos, y otros tantos ciudadanos inocentes, no pasa lo mismo con los delincuentes de élite (líderes políticos, económicos, militares, entre otros), quienes son los más viles asesinos y ladrones, sembrando miseria y destrucción amparados legal y administrativamente por el Statu Quo capitalista.
En resumen, la Pena de muerte es un tipo de castigo que jamás podrá resolver el problema de la criminalidad ni en Venezuela ni en el resto del mundo. En buena medida la solución a la violencia y a otras formas de delincuencia radica en el surgimiento de un nuevo hombre en el marco de una nueva era, tras superar la lógica capitalista. Mientras tanto los Estados se limitan a castigar a unos cuantos infractores de los bajos fondos, creando la sensación de que efectivamente están luchando contra la delincuencia, aunque irónicamente algunos de los peores delincuentes forman parte de la dirigencia estatal.
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