Siempre he estado en contra de quienes afirman que ante la descomunal y atroz violencia desatada en Venezuela, la solución es decretar la pena de muerte.

   No creo que esta sea una solución. Y esto no porque mantenga principios moralistas ni mucho menos religiosos. Sino porque considero que se estaría perdiendo una invalorable oportunidad para que el Estado cuente con una fuerza bruta, a muy bajo costo, que bien puede usarse en variadas actividades de trabajo.

   Es tiempo de ajustar las leyes para adecuarlas a las circunstancias actuales. Es momento para, por ejemplo, establecer la cadena perpetua a los crímenes horrendos, violaciones, narcotráfico, entre otros.

   Es momento de implantar el sistema de trabajos forzados para quienes cometan actos de corrupción o quienes pongan en peligro la seguridad de la nación. También es prudente examinar la posibilidad de condenas mixtas, cadena perpetua y trabajos forzados, para quienes cometan  crímenes múltiples, atroces, como el terrorismo de Estado, colocando explosivos donde mueran decenas de personas.

   Es prudente examinar la mayoría de edad en los delincuentes, y quizá bajarla de 18 a 16 años.

   Estas condenas le posibilitarían a la sociedad y al Estado mantener a miles de individuos, en un bien organizado sistema de justicia y penitenciario, en actividades variadas, como limpieza de calles y avenidas, construcción de vías, construcción de viviendas y edificios públicos, en plantaciones y sembradíos de alimentos, en la cría de ganado, y que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante los 365 días del año, en 3 turnos de 8 horas la jornada.

   Ya en nuestra legislación existe el llamado servicio comunitario que el ciudadano debe realizar cuando comete delitos menores, como las infracciones de tránsito, por ejemplo.

   Las actuales circunstancias nos están indicando que nuestro Estado petrolero, inmensamente rico, se beneficiaría más imponiendo de manera coactiva, directiva, leyes rigurosas e inflexibles para asegurar el bienestar de sus ciudadanos, usando una mano de obra a muy bajo costo y que solo necesitaría mantenerla en alimentación, salud y seguridad carcelaria.

   Los territorios del sur del país se mantienen casi inexplorados mientras no existen vías de penetración, áreas inmensamente ricas en minerales estratégicos que muy bien pueden ser explotados utilizando a esta fuerza bruta, como asesinos, violadores y narcotraficantes.

   Estas consideraciones aquí expuestas no son nada nuevo. Países orientales, como Malasia, China, entre otros, han logrado avanzar en su desarrollo socioeconómico y tecnológico, organizando a esta mano de obra, a estos seres a quienes se les permite vivir, luego de haber cometido graves crímenes contra indefensos seres humanos.

   En su momento, Estados Unidos de Norteamérica usó de estos convictos. También Canadá y Australia. En su momento hasta Inglaterra los consideró. Una vez logrado su estabilidad social y económica, redujeron las penas y hasta sacaron de sus legislaciones, las consideraciones a trabajos forzados u obligados.

   La población de prisioneros venezolanos ya sobrepasa las 50 mil personas, mientras se calcula cerca de 200 mil delincuentes diseminados a lo largo de la geografía nacional, la gran mayoría, agrupados en quizá 8 a 10 mil bandas que se han repartido el territorio y que lo dirigen, gran parte de ellos, dentro de los propios centros de reclusión.

   Modernizar el sistema judicial y penitenciario representa, más que una problemática y un gasto, una enorme oportunidad de inversión, vista desde una perspectiva realista y pragmática, que generaría dividendos, no tanto monetarios como también de aprendizaje en todas las áreas del conocimiento humano.