La actual ola de “protestas opositoras” en Venezuela ha tenido especial virulencia en ciudades como Mérida y San Cristóbal, en las que la población es mayoritariamente joven, la clase media es importante desde el punto de vista numérico, y el Gobierno municipal está a cargo de funcionarios adversos al oficialismo. En el caso de Mérida, ciudad estudiantil por antonomasia, los manifestantes, violentos en gran parte, han agredido al mismo pueblo, sometiendo a los habitantes de las comunidades en que se han realizado las llamadas guarimbas; han impedido su libre tránsito, han presionado para que se unan a la “protesta”, han cobrado ‘vacuna’ a cambio de “seguridad”, e incluso les han robado. Prácticamente han sido secuestrados los pobladores merideños.
Es inconcebible lo que sucede en Mérida, en especial por el hecho de que en nombre de una supuesta lucha contra el Gobierno de Maduro, unos cuantos sujetos han puesto de rodillas a media ciudad, particularmente a los civiles, incluidos niños, ancianos y enfermos. En Venezuela el derecho a la protesta se justifica y es legítimo, pero lo que acontece hoy día es irracional, constituye una vil arremetida de individuos de alta peligrosidad contra el pueblo; paracos colombianos y otros malandros han hecho lo que les viene en gana, apoyados por algunas autoridades, por líderes políticos, por unos cuantos vecinos y por personajes interesados en crear el caos. Tales paracos son unas verdaderas lacras, responsables de todo tipo de amenazas y desmanes contra los habitantes de ciudades colombianas como Cúcuta, evidentemente avalados por las autoridades del vecino país. Entre algunas de las tropelías de esas basuras, se encuentran la de amenazar de muerte a quienes no estén al día con la cancelación de las cuotas que cobran por ofrecer “seguridad” al pueblo, y la de asesinar a ciudadanos que la sociedad burguesa califica de desechables. Por lo general están asociados con narcotraficantes y terminan siendo su brazo armado.
Lo que ocurre en Mérida es un ejemplo claro de que estamos en presencia de una situación bien anormal, muy diferente a una jornada de protestas con argumentos sólidos y racionales contra el Gobierno nacional. Es un atentado frontal contra la seguridad y la vida de los venezolanos, una estrategia terrorista planificada por ciertos individuos y grupos dentro y fuera del país, que busca atemorizar y efectuar el mayor daño humano y material posible, y alcanzar así objetivos perversos, que van mucho más allá de un hipotético Golpe de Estado.
De manera que ciudades como Mérida han sido literalmente sitiadas por paracos y otros delincuentes de alta peligrosidad, incluidos algunos estudiantes movidos por el odio inoculado por personas que sólo buscan utilizarlos con fines políticos, sociales, militares y económicos. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que se pretende con tanta violencia desmedida contra el pueblo merideño y venezolano, pero es seguro que no se trata de un simple reclamo por la inseguridad, por la escasez de alimentos, por la defensa de la democracia y de la libertad, y por otras razones que pudieran considerarse perfectamente válidas. Para algunos puede tratarse de un intento por conducir el conflicto hacia una guerra civil, mientras que otros piensan que factores internos y externos estarían detrás de un plan separatista de entidades como Mérida, Táchira y Zulia. Lo cierto del caso es que tanta agresión contra el pueblo se está convirtiendo en una peligrosa bomba de tiempo, que se le puede escapar de las manos al mismísimo Estado.
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