Se ha hecho evidente que el accionar violento de los grupos más extremistas de la oposición en Venezuela viene a cumplir el papel de detonante de una situación que obligue al gobierno de Nicolás Maduro a bajar la guardia y, eventualmente, a dimitir en función de alcanzar un estado de paz y gobernabilidad mediante un aparente nuevo gobierno democrático. En todo caso, ello comprende, sencillamente, un deseo de poder que les hace disfrazar sus discursos, propagando sin rubor alguno mentiras deliberadas y conscientemente tramadas, con evidente asesoramiento de sus mentores yanquis, lo que ya deja mucho qué decir sobre lo que quizás ellos pudieran entender eventualmente como libertad y como democracia.
Así, el hecho concreto que el Comandante Hugo Chávez haya planteado una revolución de carácter socialista en Venezuela, restableciendo los ideales de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, encendió las alarmas de la Casa Blanca, pero más aún de aquellas capas sociales que hasta entonces se habían dedicado a usufructuar el poder y suponían que jamás el pueblo venezolano habría de reaccionar de una u otra forma, ante su indiferencia su corrupción y sus arbitrariedades. Por ello, resulta irónico que la burguesía haya emprendido una guerra “popular” en contra del mismo pueblo venezolano al atacar y al negarse a aceptar los diversos logros del proceso revolucionario bolivariano socialista.
Desde entonces, los sectores oligárquicos y ultraderechistas han apelado a la violencia extrema, al sabotaje económico, a la manipulación informativa y al golpe de Estado para imponerle al pueblo venezolano su agenda particular y restablecer el viejo orden existente antes de 1999. Todo ello estimulado por la falta de resolución de un estamento político chavista que no ha sabido y, en algunos casos, no ha querido, corresponder a las expectativas y al carácter subversivo de las luchas populares, impidiendo -de una u otra manera- que se hagan letra viva la práctica y los espacios democráticos participativos contenidos en la Constitución Bolivariana y en las diversas leyes del poder popular. A ello se agrega la indolencia y la incapacidad de un Estado adecuado para una realidad nacional que ya dejó de existir, que -por sus características- resulta anacrónico para dar respuestas puntuales a los problemas y necesidades generados por la dinámica social actual, por lo que se hace más que necesaria su total transformación; pero sin obviar (bajo ningún criterio) la participación y el protagonismo efectivos inherentes a las organizaciones y/o colectivos del poder popular, ya que, de no hacerlo así, cundiría la indiferencia entre éstos por la suerte que le tocaría enfrentar al gobierno chavista, incrementándose entonces la espiral de terrorismo y violencia desatada por los grupos más reaccionarios de la oposición.-
