A estas alturas y a pesar de la violencia por el fascismo desatado y mantenido por la oposición—ahora más radical—aun ni ellos mismos no han logrado entender lo que está pasando en San Cristóbal.
Estudiemos los antecedentes. El proceso bolivariano abrió desde sus inicios (1999) un cronograma permanente de posibilidades —que antes no existían— para reactivar la economía nacional, asumiendo que todas las regiones del país y sus estados son diferentes. El estado Táchira es caso especial porque constituye una importante entidad fronteriza donde la cercanía geográfica y el intercambio comercial legal e ilegal —mantenido durante décadas con Colombia— han arrojado un sinnúmero de ganancias que muchos ven ahora como un peligro de perderlas.
Pero mientras se orientaba la economía bolivariana para facilitar el crecimiento, estaempezó a ser utilizada en paralelo, y aprovechada por unos cuantos que comenzaron a controlar los grandes negocios. Entre ellos se cuentan los más lucrativos como el contrabando de alimentos, combustibles y el temido narcotráfico, aparte de Cadivi y las Remesas. Todo esto se daba en grandes cantidades, en tanto una importante cifra de habitantes de ambos lados —Colombia y Venezuela: cada uno trabajando de manera sincronizada—se unió para mantener y desarrollar sus trampas e ilegalidades, con la finalidad de quedarse con una buena parte de la tajada.
Por supuesto, los grandes negocios quedaron reservados a quienes se convirtieron en poderosos financistas de las actividades ilegales. Operaban junto a los más pequeños que del mismo modo, participaban metiéndose en el ejercicio del contrabando, controlando y beneficiándose con lo que se pudiera. Aquí cabían todos.
Todas las entradas y ganancias económicas vienen a ser muy significativas cuando se comparan con la diferencia de quienes viven de un diario sueldo u obtienen remuneraciones por sus trabajos, pues al multiplicar solo las Remesas por los cientos que las practican se descubre que en el comercio ilegal el desfalco a la nación es inmenso, aunque en su momento nadie vio un impedimento para no introducirse en este juego de corrupción, ya hoy elevado a miles de personas beneficiándose del mismo.
Analicemos lo de las Remesas. Solo en el estado Táchira estas representan el 60% de lo que cientos de habitantes solicitan a nivel nacional. En el pasado gobierno copeyano de César Pérez Vivas —desde sus Prefecturas— se encargaron de dar miles de cartas de residencia tanto a propios como extraños. Primero lo hicieron con los tachirenses y en paralelo también vinieron los venezolanos que habitaban en cualquier parte del país, además de todos los individuos de otras nacionalidades. Fueron cientos de cartas firmadas por los prefectos copeyanos quienes sin control las entregaban sin perder tiempo, sobre todo a miles de colombianos, buscando con esto acercarlos. Todo ello con el fin de causar un profundo daño en un futuro muy próximo al gobierno nacional. Con seguridad ya estos sabían el monstruo que estaban gestando.
Las cartas fueron expedidas por millares a cualesquiera que viniesen de alguna parte de Colombia. La gente viajaba desde sitios remotos como Bogotá, Cali, Islas de San Andrés, etcétera. Hasta de Pasto venían a solicitar las benditas cartas a San Cristóbal.
Miremos ahora este otro antecedente. Por toda la zona del Norte de Santander hay una gran organización que ha montado un sistema paralelo de nacionales colombianos con doble cedulación a los mismos. En un principio los llamaron "San Cristóbal II". Después migraron a algo más descarado y grande creándose lo que llevó por nombre "Táchira II".
¿Qué es y cómo actúan el San Cristóbal II y Táchira II? Siendo colombianos a quienes el gobierno bolivariano, en su buena fe, les proporcionó miles de cédulas de identidad. Ahora se les reconoce con todos sus derechos. Esto sirve para varias cosas. La más importante es la manipulación por parte de Colombia a la hora de votar en cada uno de los procesos electorales regionales o nacionales que se desarrollen en Venezuela.
De allí se infiere ahora una de las principales causas del gran número de votación opositora en el Táchira. Cuando mandaba Ronald Blanco la Cruz de los 29 municipios del estado Táchira, las fuerzas del chavismo controlaban 23 en toda la región. Ahora hemos retrocedido a 13 municipios. Aunque esta zona en 1998 —cuando ganó Hugo Chávez— no era tan opositora, ahora radicalmente lo ha sido en los últimos procesos electorales y vaya que sí lo son. ¿Cómo? Pues con los votos agazapados de los colombianos doble cedulados.
¿Por qué? La oposición y el modelo de miedo colombiano hacen que los San Cristóbal II y Táchira II hagan lo que su derecha política les instruya. El poder de los paramilitares los obliga ordenándoles que voten a favor de los candidatos de la derecha que también son sus candidatos, a cambio de que estos dobles nacionales se aprovechen de cuando centavo le puedan sacar al Estado venezolano.
Ahora el Presidente Nicolás Maduro anunció —a inicios de este año 2014— la ejecución de medidas radicales para acabar con el contrabando de combustible y de alimentos hacia Colombia, aparte de regular el Cadivismo y terminar de cuajo con las Remesas. Estos grupos llegaron a la conclusión de que la aplicación de estas medidas atentaban contras sus ganancias presupuestadas.
Para tener una idea, pongamos el siguiente ejemplo. Alguien que le demuestre al Estado venezolano que mantiene a un familiar en Colombia, se le asigna una Remesa;l a cual, al cambio, procura no menos de 16.000 bolívares mensuales. Con el uso de estas constancias falsas tienen derecho hasta de mantener a tres (3) familiares lo que viene a representar casi 50.000 bolívares mensuales.
Cúcuta y todo el Norte de Santander vivían con un alto nivel de ingresos gracias a las Remesas más lo de Cadivi. Y ahora aquellas ciudades que han montado su economía sobre la base del contrabando —aprovechado desde Venezuela con las recientes medidas de Nicolás Maduro— han quedado desoladas. Entonces ¡Bingo!: he allí la causa de la violencia. Los intereses de esa ilegalidad colombiana han establecido una estrecha relación con los actuales opositores violentos de San Cristóbal por ser ellos los más afectados, ya que ahora no poseen esa importantísima entrada económica ilegal a la cual estaban acostumbrados otorgándoles fraudulentamente un elevadísimo nivel de vida.
¿Y cuál ha sido la respuesta desde Colombia y San Cristóbal? Los primeros (colombianos) financian a los segundos (venezolanos), de manera que estamos frente a dos batallones. El primero de ellos financia desde Colombia. ¿Cómo ocurre eso? Las principales empresas —o más bien corporaciones— afectadas que mantenían un estruendoso y lujoso nivel de vida gracias a las Remesas y el Cadivismo financiado desde Venezuela, han perdido todo. Entonces han respondido con dinero y logística para los violentos y paramilitares violentos en San Cristóbal.
Pero las cosas se pusieron aun más delicadas cuando el gobierno nacional anunció as medidas en contra del contrabando. Se comenzaron a ejercer seriamente los controles hacia ese terrible tema social que se había transformado para los venezolanos en una espantosa problemática nacional por demás insostenible. Para solucionarla se dispuso de un férreo control en contra del contrabando de extracción, mayormente el de la gasolina y de los productos derivados del petróleo (aceite, lubricantes, valvulina, grasas, liga de frenos, entre otros). Las medidas para eliminar el contrabando también llegaron hasta el narcotráfico, hecho que los enfureció aun más cuando vieron que sus aeronaves caían derribadas por parte de las fuerzas aéreas venezolanas e incendiadas en tierra por la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército Nacional.
Todo sucede mientras financia el frente de los violentos, grupos encuadrados y enardecidos ahora en contra de nuestros mismos nacionales, es decir, los propios tachirenses, los gochos que han devenido ahora la etiqueta de la oposición para, de esta manera, anarquizar aún más la situación; y si a esto le sumamos la Ley de Costos pues la furia es exponencial.
Un gran número de ellos —los tachirenses— también quedaron fuera del negocio ilegal. Por esa razón se la está jugando tan violentamente: ahora perdieron todo: Cadivi, Remesas y contrabando. Era entonces el momento para que entrara en escena el Alcalde de San Cristóbal quien —creyéndose el cuento de tumbar al gobierno desde su reducto—no ha escatimado esfuerzos en estimular y financiar la ilegalidad de las protestas que ahora se le han ido de sus propias manos, pues sus defendidos han acabado con toda la ciudad, y no tumbaron al presidente Nicolás Maduro, y ahora se han quedado sin dinero para su futuro y de paso, van a tener que responder ante la justicia por los destrozos y crímenes cometidos.
Ahora se puede comprender con nitidez por qué esta situación es tan radical en su presentación, más cuando ya tienen claro que la misma no se igualará ni irá hacia otros municipios del país, aunque a estas alturas presiento que las medidas para retomar el control van a ser muy duras. Tendrán que ser desde el el alto gobierno que ser muy profesionales pues ante los niveles de protesta y de encumbramiento a la violencia no las harán tan fáciles.
Miren esto; aún no conocemos los nombres ni rostros de las figuras o líderes de la guarimba, menos las estampas de quienes están detrás de ellos a excepción del burgomaestre de San Cristóbal. Se preguntarán por qué. Porque sus líderes son paramilitares y sicarios y el único que trata de sacar una buena tajada como líder opositor —y más ahora cuando ya huele que va directo a un juicio— es el alcalde de San Cristóbal. No lleva en su cargo ni cien días y miren lo que ha sido capaz de dirigir. Imagínenlo en lo que vendrá.
Pero hay algo más; la situación seguirá siendo muy delicada pues están involucrados muchos ex militares de alto rango. Entre ellos se encuentran los de Altamira que viven en San Cristóbal. Se la tienen jurada al gobierno bolivariano. Se hallan al frente asesorando, prestando sus vastos conocimientos para multiplicar por diez todas sus acciones emprendidas en cada uno de sus frentes de batalla. Mantienen armas que les han brindado los grupos de paramilitares a sueldo, mercenarios que operan abiertamente en Colombia y en Venezuela pero que ahora saben que muchos de sus negocios acaban de perderlos.
Estos sectores saben que a estas alturas sus obituarios ya están escritos.
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Marzo 5 del 2014
