La contratación hace un par de meses de Seguros Caroní para la póliza de HCM de los trabajadores de ALCASA ha generado una serie de quejas por parte de los asegurados por el mal servicio que presta esta aseguradora privada. Ante las deficiencias que sigue presentando el servicio público de la Salud, la necesidad de contar con una empresa aseguradora que garantice el acceso a las clínicas privadas parece ser indispensable. Sin embargo, la contratación de seguros privados implica que cientos de millardos van anualmente a las arcas de la burguesía, enemigos mortales de este proceso revolucionario. ¿Qué hacer entonces? Bajo esta premisa está claro que seguir financiando a las aseguradoras y clínicas privadas es “cuchillo para nuestra propia garganta”. Por ello, debemos buscar alternativas revolucionarias a esta problemática, que evidentemente no impliquen una desmejora de los beneficios de los trabajadores.  
El descontento con Seguros Caroní en ALCASA
 
El pasado 27 de Enero, Dennys Sucre, delegado del Comité de Higiene y Seguridad y miembro del Movimiento 21 (FBT), manifestó al Correo del Caroní su inconformidad con la decisión de firmar un contrato para el servicio de HCM con la empresa Seguros Caroní, alegando que "esta decisión no fue consultada en ningún momento ni con el sindicato, ni mucho menos con los trabajadores" y propuso que “este contrato sea revisado y sometido a un referéndum para que sean los trabajadores quienes aprueben esta póliza de HCM, con la empresa aseguradora que ofrezca un mejor servicio".
 
Por esos días, el actual Secretario General de SINTRALCASA, Henry Arias (Causa R), comentaba al mismo diario regional que “no es con referendos o recolección de firmas como se resuelven los problemas de los trabajadores, sino que es hablando con la empresa como se les hace saber nuestros problemas”, una postura ambigua que no deja entrever precisamente una política de participación de las bases y que no es cónsona con una política de participación obrera, enmarcada en el proceso cogestionario que se desarrolla actualmente en la empresa.
 
El 15 de febrero pasado, el diario regional Nueva Prensa de Guayana citaba declaraciones de José Gil, Secretario de Organización de SINTRALCASA y uno de los principales dirigentes del Movimiento 21, acompañado de un nutrido grupo de activistas de este movimiento sindical, declaraba que “el subsistema de salud planteado en las diferentes cláusulas de la contratación colectiva está siendo desmejorado en detrimento de la masa laboral alcasiana y sus familiares”. Adicionalmente comentaba que Seguros Caroní “no tiene la plataforma para brindarle a los trabajadores de Alcasa la atención debida” ya que “las clínicas relacionadas con esta empresa aseguradora solamente aceptan atender a dos trabajadores” y además ha habido “una reducción drástica del numeroso grupo de clínicas que brindaba servicios” a los trabajadores de ALCASA.
 
Alcides Rivero, dirigente obrero en ALCASA y activista de la Corriente por el Socialismo Revolucionario, confirmaba estas quejas, pero a la vez advertía de cómo estos problemas están siendo usados por algunos sectores sindicales para atacar la actual gestión en ALCASA, particularmente al proceso cogestionario que se desarrolla en esta estatal del aluminio, algo que analizamos en un anterior artículo (La Cogestión en ALCASA bajo ataque), disponible en nuestra Web.
 
Por una política en salud con contenido clasista y revolucionario en ALCASA
 
El problema que se presenta en ALCASA con la póliza de HCM es parte de una discusión mucho más amplia. El sistema público de salud sigue manteniendo muchas carencias, a pesar de las iniciativas impulsadas por el Gobierno Bolivariano con Barrio Adentro, los Centros de Diagnóstico Integral y la enorme inversión en numerosos hospitales públicos, que ciertamente han significado una mejora pero están aún lejos de resolver el problema. Es por ello que declararle sin más al trabajador que debe prescindir del HCM pues no forma parte de una política revolucionaria al seguir inyectándole recursos a nuestros enemigos de clase obviamente no es una alternativa viable en estos momentos. ¿Quiere decir esto que debemos rendirnos ante la burguesía que nos exprime ganancias a través del sistema de salud privado?
 
Una respuesta en la coyuntura expuesta incluso podemos encontrarla, aunque ciertamente incompleta, en el propio contrato colectivo vigente de ALCASA. Según cita el Nueva Prensa del 15 de febrero, Gil declaraba que en la cláusula 55 se habla de “la adquisición, dotación y puesta en servicio de un centro de salud, ya sea bajo la forma de ambulatorio o instituto hospitalario para ser utilizado por los trabajadores y sus familiares cercanos”.
 
Según estimados obtenidos, ALCASA sola gasta anualmente más de 200 millardos de bolívares en pago de póliza de HCM. Con un presupuesto de este tipo bien pudiera hacerse la inversión de un moderno centro hospitalario que atendiese a los trabajadores de ALCASA y sus familiares, pero que también sirva de ayuda a las comunidades aledañas. Esta idea se haría aún más factible si, como defendíamos en un artículo anterior, se diese la tan necesitada unificación de las empresas del aluminio de la zona. Tan sólo entre ALCASA y VENALUM se podría contar con un presupuesto adecuado como para adelantar una obra de esta envergadura, donde los trabajadores de dicho centro asistencial sean justamente empleados de estas empresas, gocen de todos los beneficios contractuales y salariales que el resto de los trabajadores de las empresas del aluminio.
 
Adicionalmente, basados en el proceso cogestionario que se desarrolla en ALCASA, este centro asistencial debería estar bajo el estricto control de los trabajadores no sólo del mismo, sino de ambas empresas del aluminio, así como buscando involucrar a las propias comunidades. Esto sería además la continuación de experiencias de contraloría social con participación de los trabajadores como la que se ha desarrollado en el Hospital El Algodonal en Caracas.
 
Los revolucionarios debemos decirlo y repetirlo hasta el cansancio y más allá. Debemos luchar por una transformación revolucionaria del Estado, y en particular del sistema de salud, pues sólo será en el marco de un nuevo Estado, basado en asambleas de delegados elegibles y revocables en todo momento, con una economía nacionalizada y planificada democráticamente, que podrán realmente resolverse las enormes dificultades que aquejan al sistema público de salud.