La creación de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) y el cuerpo de Policía Nacional Bolivariana fueron pasos fundamentales para la implementación de un nuevo modelo policial y de seguridad ciudadana, acorde con los principios establecidos en la CRBV y la sociedad socialista que nos proponemos. De una concepción, que asignaba a los cuerpos de seguridad el papel de meros aparatos represivos para mantener el orden existente, emprendimos la tarea de transformarlos en instituciones en los que la labor preventiva y disuasiva del delito son el principal objetivo, asignándosele a la coerción y la violencia legítima del Estado la función de proteger los derechos individuales y colectivos, en procura de la sana convivencia y el progreso social. Pero los cambios que hemos acometidos en esta última década no son suficientes. La centralización administrativa que implicó la creación de la PNB y la profesionalización de sus oficiales con la formación universitaria fueron metas importantes, pero que resultaron insuficientes de acuerdo a las expectativas del país y a condiciones sociales crónicas que aún no logramos revertir. Tal como lo dijo el presidente Maduro, “Hemos avanzado, pero los retos son mayores que el avance que hemos logrado”.
La tarea no ha sido ni es nada fácil. Ninguna lo es en revolución. Ya hace más de 50 años, Francisco Herrera Luque, en su interesante estudio Los viajeros de Indias, ensayo de interpretación de la sociología venezolana, advertía el alto índice de criminalidad, la impunidad penal y la ineficacia de los cuerpos policiales en Venezuela. Aunque podamos disentir de la interpretación que hizo este autor, las reflexiones, cifras y estadísticas que aporta en su estudio dan cuenta de que el mal es de vieja data histórica, por lo cual no bastan solo leyes y reformas técnicas o administrativas, sino que se requiere de una férrea voluntad política y el compromiso general de la sociedad, con el gobierno y el pueblo en sólida unidad, para superarlo. Con lo anterior no justifico lo que aún no hemos logrado a propósito. Bueno aclararlo, antes de que salga algún opinador reaccionario acusándome de eludir responsabilidades. Simplemente caracterizo la magnitud del problema y algunas orientaciones generales para sus soluciones.
No tengo la menor duda de que existen sectores que apuestan al fracaso del Estado en esta área. Incluso, dolorosos hechos recientes demuestran que el crimen se ha revestido de tintes políticos, producto de algunos desquiciados que nos adversan. Ojalá todos comprendamos que, por encima de la polarización política, en el combate a la criminalidad, es necesario el concurso de toda la sociedad, en tanto se ve afectada en su conjunto, sin distingos sociales, creencias o posturas ideológicas.
Necesitamos más que de una simple “reestructuración”, tal como lo señalan equivocadamente algunos, refundar las instituciones policiales, junto al sistema judicial, con una óptica que las transforme radicalmente, -e incluso que las rebase, en tanto organismos estatales- con la incorporación plena del pueblo. Cuando el presidente Maduro se refiere a una revolución policial y a la unidad cívico-policial que requerimos, es consecuente con los postulados de protagonismo popular legados por el Comandante Chávez y que debe guiar toda la acción de la Revolución Bolivariana.
El fin último que anhelamos obtener, es el de una institucionalidad policial eficiente y de alta calificación técnica, con oficiales de ética impecable y respetuosos de los derechos que consagra la ley, consustanciados con las comunidades que, a su vez, deberán ejercer la contraloría social y el apoyo imprescindible, para facilitar, no solo la pulcritud en el ejercicio de este servicio público, sino la convivencia armónica que todos deseamos y merecemos.