El gobierno ha legalizado el mercado paralelo de divisas. Lo que ayer era ilegal y se combatía, creando mecanismos que buscaban derrotarlo por considerarlo una deformación de la economía que estaba determinado por unos especuladores que desde un portal dirigido desde Miami hacía daño al que vive de su trabajo, hoy es el referente del gobierno para las transacciones de divisas de lo que el gobierno calcula como de 1,5% del total de divisas del país.
Sin embargo, ese mercado "marginal" ayer y hoy, está determinando el precio de los productos vendidos en el mercado venezolano en un porcentaje, que aunque indeterminado, sabemos que día a día servía de referencia para muchos de los productos de consumo masivo, incluso de los regulados que se vendían por fuera de los expendios supervisados que abastecen a la mayoría de la población venezolana.
Los productos que son vendidos legalmente con base en divisas adquiridas a Bs 6,30 o a Bs 12, no son suficientes para abastecer a la mayoría, aunque el gobierno insiste que equivalen al 98,5% de las necesidades del país, pero además el difícil y privilegiado acceso a esas divisas preferenciales, hace que en el marco de la incertidumbre de si se asignarán o no en la magnitud suficiente para abastecer el mercado, hace que un sistema especulativo emergente no sólo cobre fuerza, sino hasta sentido para aquellos que apelan a esta vía y para quienes compran en él por necesidad u obligación.
Lo "marginal" se vuelve referencial, ya que la sola existencia de un mercado paralelo legal o no, implica la aceptación de unas condiciones de incertidumbre económica, que impulsa al común a querer obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posible antes de que desaparezca la "oportunidad" de ganar más y rápido.
Personas que sólo ayer compraron 3000 dólares en Sicad a Bs 50, por ejemplo, hoy legalmente pueden venderlo en SIMADI a Bs 170, y por esta vía el gobierno legaliza la especulación, le da la razón a los especuladores y desestimula el valor del trabajo. Hoy se habla de "precio justo" pero no del "justo valor del trabajo", distanciando las acciones gubernamentales del socialismo y el legado de Chávez.
Pero, ¿Por qué el gobierno decide legalizar el mercado paralelo?, porque sabe que aunque formalmente es una hiperdevaluación, en realidad esta devaluación se cobró por anticipado, y hoy el que vive de su salario la paga. Sin embargo esto no implica que no habrá más devaluación.
Cuando el gobierno oficializa una tasa de cambio mayor para una de sus variantes, es legal registrar en inventario un aumento de costo de los productos adquiridos por esa vía, que en este caso el gobierno reconoce en 1.5% de las divisas y acepta que puede llegar hasta el 5%, pero lo que no reconoce formalmente es el impacto real del mercado especulativo que se calcula con base en esa tasa de cambio, y por tanto, las consecuencias reales de esa decisión.
Pero además de lo anterior, el hecho de que la incertidumbre no desaparezca y la escasez no acabe por la incidencia de lo político en lo económico, el SIMADI conduce a que el mercado paralelo no desaparezca, y lo peor a que la especulación por incertidumbre en el valor de "la reposición de inventario" lleve a que todo, de manera paulatina, siga aumentando sin control.
Hasta que el gobierno no haga una unificación cambiaria que implique además una revaloración del valor del trabajo (que hoy oficialmente se calcula a $750 el salario mínimo, con base en el dólar a Bs 6,30, que como hemos dicho no determina el precio de los productos en la calle), evite férreamente la asignación de divisas a importadores privados que fugan los capitales, genere certidumbre política, enfrente realmente la corrupción del sistema cambiario, e incremente las reservas internacionales para así generar un control más real de la relación Bolívar-dólar con un anclaje más flexible, como medidas transitorias para la estabilización de la economía para la construcción del socialismo viable, será muy poco lo que se podrá lograr, más allá de que el pueblo que vive de su salario sea quien termine pagando la crisis, sin estímulo a la inversión, la producción nacional y el trabajo, todo en contra vía del socialismo.