El lamentable y absurdo asesinato de un joven estudiante, sin ningún motivo que lo justifique, en una manifestación por parte de un policía de PNB, por cierto, también un joven funcionario, nos deja claro que no todos los funcionarios están preparados para manejar esas situaciones que normalmente se presentan en estas actividades de protestas y el resultado no es otro que perder-perder, pierde la vida un muchacho de 14 años, que tenía un mundo por delante, y un policía de 23 años preso como presunto responsable, pierde su libertad.
Los cuerpos de seguridad en sus diferentes funciones cumplen siempre una actividad de alto riesgo, y más con una delincuencia tan violenta como la que hoy vivimos, donde no se respeta ni la vida de los policías, que son asesinados para robarles su armamento sin ningún tipo de temor, y los números demuestran esta locura, lo leemos a diario por los medios informativos.
Pero también vemos serias desviaciones en sus actuaciones que dejan al descubierto que se esta descuidando puntos fundamentales para su control: el filtro necesario para poder ingresar a un cuerpo de seguridad, el debido entrenamiento que debe tener para poder solventar las diferentes situaciones que se les presentará, y la supervisión permanente en su actuación y su capacidad de respuesta, cuando estas fallan, vienen los problemas.
Y es en estas lamentables situaciones es donde queda claro lo inoportuno de haber redactado la resolución de usos de armas en manifestaciones. Que aunque es una normativa para las fuerzas armadas, específicamente la guardia nacional, NO era necesario incluir el uso de armas letales en una resolución que se refiere a protestas pacíficas, ya que el principio universal, y claramente establecido en nuestro ordenamiento jurídico, es el no usar armas letales para su control, cuando son protestas violentas hay normas que sancionan esa conducta y la situación es otra jurídica y policialmente, lo sostuve en su momento. Ya vemos las reacciones y ya se creó la polémica.
Los cuerpos de seguridad deben ser constantemente supervisados, entrenados, sea para su actividad contra la delincuencia, como para los organismos que les corresponde controlar las manifestaciones pacíficas, para reducir en su mínima expresión hechos de corrupción cometidos por los funcionarios o para evitar malas actuaciones en el uso de la fuerza en las manifestaciones pacíficas, por que las manifestaciones violentas son otra cosa, insisto, son infractores y como tal hay normas que los sancionan. Es urgente controlar estas situaciones por parte del estado, para que no vuelvan a repetirse.
