Hasta ahora, los gobiernos mejor consustanciados con los trabajadores han recurrido a los ajustes salariales de cara a paliar las mermas del poder adquisitivo de los salarios, de por sí constreñidos en la lucha obrero-patronal.
Sin embargo, siempre ha habido una correlación directa entre esos ajustes salariales y nuevas alzas de precios derivadas de tales aumentos. Por esta razón ha habido consumidores que llegan a solicitar que no les aumenten más el salario.
Hay lógica económica en el hecho de que mientras más poder adquisitivo tenga el consumidor, más estímulos para la inflación; se trata de una norma comercial, y en este caso, a los teóricos monetaristas les asiste la razón, en el sentido de que mal puede incrementarse el precio de la cesta básica si sus potenciales demandantes carecieran del suficiente poder adquisitivo que lo cubra.
Nosotros venimos aclarando que los salarios no son rentas, sino precios de la fuerza de trabajo usada por los empresarios de la burguesía en cualesquiera de sus modalidades, fabriles, comerciales o bancarias.
Esa consideración podría tomarla el Estado y dejar de pechar los salarios. La declaración anual de ingresos sólo correría a cargo de los trabajadores de la empresa privada por aquello de los empresarios maulas que retienen para sí los descuentos correspondientes.
Las mermas fiscales que esta reforma supondría podrían ser perfectamente compensadas por nuevos y mayores impuestos a la empresa burguesa, contribuyente nato de la sociedad burguesa[1], y también compensadas por mayores impuestos a la propiedad de la tierra con particular énfasis en los predios latifundistas: a mayor área, mayores impuestos anuales, y si no está operativa, mayores impuestos.
Estamos planteando una canje de expropiaciones de tierra por mayores impuestos cuando esté en funciones útiles a la sociedad y una fuerte tributación la misma cuando esta esté ociosa. Una vez regulados los alquileres, los impuestos al canon de arrendamiento deben ser mayores, ya que de todas maneras la empresa de la construcción privada no colabora con la solución de la vivienda, de allí la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Esos nuevos ingresos fiscales provenientes de los impuestos a las empresas y terratenientes costearían los ajustes salariales ocurridos en caso de inflaciones inducidas, de tal manera que al final estos precios inflacionarios vayan perdiendo peso como forma de enriquecimiento del capitalista.
[1] Ténganse en cuenta que el Estado pecha a las empresas o personas jurídicas, a las mismas que ampara a los accionistas cuando quieren evadir impuestos aduciendo falsas quiebras o limitaciones accionarias en sus responsabilidades personales frente a la sociedad.
