Hoy, que vuelven al ruedo las casas de cambio, es sumamente importante saber porque estaban cerradas. Y es que conforme a la desmemoria a la que medios y “expertos” contribuyen, pareciera que un buen día el presidente Chávez se levantó y sin mediar razones las cerró, dándose desde entonces inicio al mercado negro de divisas. De allí en más, según ese mismo razonamiento, se supondría entonces que la vuelta de las casas de cambio acabaría con la especulación cambiaria.

Sin embargo, en éste como en otros casos la historia es muy distinta. La especulación cambiaria en su versión actual se inicia, precisamente, desde y a través de las casas de cambio y de bolsa cuando estaban legalmente constituidas y funcionaban con total normalidad. Y ningún caso resulta esto tan emblemático como el de Econoinvest, los pioneros del bachaqueo y el raspacupismo de divisas actual.

El siguiente es un fragmento de Delitos de los ricos, del Latino a Econoinvest, la segunda parte de una investigación junto a Bárbara Cortez Calderón hecha para la UNES sobre Delitos de Cuello Blanco en Venezuela que se puede bajar en el portal de la universidad. Y esperamos que en lo posible sirva para estar alertas y no dejar que ocurra de nuevo el conjunto de situaciones que, en buena medida, nos llevaron a la coyuntura actual.

La estafa de Econoinvest se produce en el marco del control de cambios de divisas que rige en el país desde 2003, régimen de cambio impuesto por el Estado en respuesta a la fuga de divisas y los ataques especulativos contra la moneda. También, y esto es importante, en el marco de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria (1 de Enero de 2008), reconversión que buscaba reposicionar el bolívar como moneda nacional y devolver la confianza del público hacia la misma dejando atrás el historial de devaluaciones. De hecho, a la moneda resultante se le denominó “Bolívar Fuerte”, con lo cual se reconocía que más allá de los aspectos técnicos involucrados (facilitar las transacciones, simplificar los cálculos aritméticos, etc.,) de lo que se trataba era de expresar a nivel monetario la nueva fortaleza de la economía venezolana en especial cuando se buscaba reducir la inflación a un dígito.

Como señaló el presidente Chávez entonces, esta decisión servía “de punto de partida para dar un giro”, en la medida que “el país reúne las condiciones económicas para iniciar la reforma monetaria: tenemos una fortaleza económica reconocida en el mundo que se expresa en los indicadores de desempleo, precios del petróleo, y reservas internacionales, que cuando llegamos al Gobierno apenas sobrepasaban los 10 millones de dólares y venían palo abajo, y hoy están en 35 mil 700 millones dólares. Venezuela tiene una economía fuerte como pocas en el planeta”.

Posterior a la toma de esta medida de reconversión se produce la crisis financiera internacional que causa impacto en el país fundamentalmente por la vía de la abrupta caída del precio del petróleo, que pasó de 130 dólares por barril a solo 30 dólares en cuestión de meses, pese a lo cual con todo y ello la inflación en 2009 –según el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas INE- terminó seis puntos por debajo con respecto a la de 2008 (25,1 vs. 30,9). Sin embargo, al llegar 2010 no solo arreciarían el coletazo de la crisis mundial (y también los efectos adversos derivados de una serie de inusuales eventos climatológicos que impactaron la situación del sector eléctrico nacional y la producción de bienes agrícolas, en particular durante el primer semestre) sino además explotaría a lo interno nuestra propia crisis bancaria: el Estado se ve obligado a intervenir 11 entidades de las cuales 9 fueron liquidadas y 2 fusionadas con entidades del sector público (Banco de Venezuela y Bicentenario). En lo que respecta al mercado de valores, del total de 35 casas de bolsa y sociedades de corretaje intervenidas, 23 fueron liquidadas; todo esto dentro de los esfuerzos del Estado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de pagos y proteger los derechos de los ahorristas e inversionistas.[1]

Una de esa 35 casas de bolsas era Econoinvest, entidad desde la cual se venía desarrollando un juego especulativo contra la moneda nacional basándose en el aprovechamiento entre la tasa de cambio oficial del dólar y su precio en el mercado paralelo. A principios de 2010 había entrado en vigencia la Ley de Ilícitos Cambiarios, con lo que se contaba con el marco jurídico necesario para intervenir. El mecanismo detectado al momento del allanamiento en 2010 es por todos conocidos hoy día, aunque en aquel entonces para la gran mayoría resultaba mucho más complejo de entender:

En resumen, Econoinvest fundamentalmente negociaba en el mercado secundario y el ilegal dólares que se le suministraban para ser liquidados a los usuarios de sus servicios para viajes al exterior, importaciones, envío de remesas, etc., disimulando dicha venta fraudulenta bajo el argumento de estar comerciando con títulos de valores, algo que la reforma de 2010 prohibía taxativamente. De hecho, la reforma de la Ley se centró en la inclusión de los títulos valores denominados o liquidables en moneda extranjera dentro de la definición de divisas prevista en la Ley en su artículo 2. Al ser incluidos dentro de la definición de divisas, las disposiciones de la Ley serán aplicadas no sólo a la compra y venta de divisas en moneda metálica, billetes de bancos, cheques, etc., sino también a través de operaciones con títulos valores denominados o liquidables en moneda extranjera. Es decir, la reforma incluía como un ilícito cambiario la negociación en bolívares de papeles denominados o también negociables en dólares bajo la figura de títulos valores.

Lo de los títulos valores es de por sí un mecanismo para burlar la regulación, aprovechándose de una figura contemplada por la original ley. Ahora bien, es difícil hacerse un juicio concreto de las operaciones de las cuales se acusa a Econoinvest, pues no se ha podido tener acceso a las acciones de la fiscalía ni de la Comisión Nacional de Valores, siendo que la única fuente que tenemos del caso son testimonios, entrevistas y reportajes de prensa la gran mayoría de los cuales o están abiertamente parcializada por la firma o son muy escuetos en los detalles. Este último es sobre todo el caso de la prensa oficial, la cual por lo general resalta los delitos más obvios como usurpación de identidad pero poco o nada se mete con las prácticas especulativas con los títulos valores.

Según lo que se desprende de las distintas fuentes el mecanismo era más o menos el siguiente: supongamos que una persona necesita 1.000 dólares y va a la casa de bolsas a solicitarlos. Ésta se los puede vender pues los posee por distintas vías, una de ellas reteniéndolos de los que manejan para las operaciones lícitas, para lo cual necesariamente deben retrasar las liquidaciones causando malestar en los usuarios pero también incertidumbre y sensación de escasez de divisas, lo que inmediatamente funciona para disparar el precio no oficial en el mercado negro ilegal y por retruque causa aumento de los demás precios, tal y como hemos visto con hechos similares recientes. La otra vía son los dólares que obtiene la casa de bolsa por intermedio de la usurpación de identidad, tramitando divisas para personas que están en desconocimiento de los trámites que se hacen en su nombre.

Por supuesto, en dicha venta la casa de bolsas no vendía los dólares a precio oficial- en aquel entonces 2,6 o 4,3 bolívares por dólar dependiendo del caso (por ejemplo los casos de salud entraban en los 2,6)-, sino que lo hacía al precio que marcaba el mercado ilegal anunciado entre otros por Dolar Today, pongamos por caso 10 bolívares. Y es aquí donde entran a jugar los títulos de valor, pues como legalmente no podía hacer esa venta, Econoinvest la encubría vendiéndole al solicitante un título valor por la cantidad acordada, en nuestro ejemplo, 10 mil bolívares. Sin embargo, dado que la persona solicitante no necesitaba un título de valor sino dólares, entonces ésta se lo revendía a Econoinvest, que acto seguido le giraba a la persona los dólares colocándoselos en una cuenta en el exterior.

Es importante señalar que los acusados nunca han ocultado este tipo de prácticas, lo que argumentan es que no eran ilegales pues la Ley de Ilícitos cambiarios así lo permitía:

“(…) el objetivo real de la operación no era la inversión en el título sino la comercialización de divisas en el mercado alternativo, la cual debía realizarse obligatoriamente a través títulos valores por mandato de la Ley de Ilícitos Cambiarios.  El cliente que acudía al mercado alternativo recibía las divisas al precio que había convenido previamente y la tenencia efímera del TICC era tan sólo el mecanismo diseñado para documentar, registrar y controlar que la comercialización de divisas se llevase a cabo en los términos exigidos por la Ley de Ilícitos Cambiarios, es decir, a través de títulos valores.

En ese mismo texto, a propósito del cuestionamiento sobre el aprovechamiento del diferencial de precios entre el mercado legal y el ilegal, agregan:

“El supuesto diferencial de precio del TICC no constituía la fuente, no guardaba relación, ni tenía impacto alguno en el precio de la divisa que se comercializaba en el mercado alternativo, ya que la utilización del TICC  era tan sólo el vehículo utilizado para que la transacción dejara la traza respectiva en el Sistema Integral de Custodia Electrónica de Títulos (SICET) del Banco Central de Venezuela, lo cual garantizaba, entre otras cosas, que dicha operación efectivamente se hubiese hecho a través de títulos valores, tal como lo exigía la Ley de Ilícitos Cambiarios, como requisito único para excluirla del régimen de prohibiciones.

Era tan pública y transparente la utilización del TICC que la identificación de éste quedaba documentada y registrada en toda la sucesión de pasos internos y externos relacionados con la operación (…). Este mecanismo permitía cumplir con el sano objetivo de que el BCV pudiera llevar el registro, control y seguimiento de cada operación de comercialización de divisas, monitoreando así el mercado alternativo de divisas y tomando las decisiones oportunas en materia cambiaria.”[2]

Así las cosas, como se puede observar, la defensa de los acusados consiste fundamentalmente en sostener que no cometieron ninguna ilegalidad. En ese sentido, la actuación de la fiscalía y la Comisión de Valores se orienta en demostrar que sí. Otro ejemplo de ello es lo referido a la acusación de asociación para delinquir, a propósito de lo cual los acusados manifiestan lo siguiente:

“(Una) infundada acusación contra los directivos de Econoinvest refería  la supuesta conformación de un grupo delincuencial organizado con el propósito deliberado de delinquir, cargo éste que fue modificado por el de agavillamiento.

Una asociación para delinquir -catalogada como delito por la Ley contra la Delincuencia Organizada-, no se rige por las leyes sino que opera al margen de éstas; no informa ni rinde cuenta de sus actividades sino que las oculta o las disfraza; y es impensable que pague impuestos por realizarlas. Las actividades delictivas son la esencia y razón de una organización de esa naturaleza.

El delito de agavillamiento consiste en la acción de agruparse de manera estable con la finalidad de cometer delitos. No exige la estructura de una organización sino la conformación de una conspiración para delinquir.

En abierto contraste con ambos  conceptos, Econoinvest Casa de Bolsa fue constituida en 1996 con todas las formalidades de Ley y, dada la naturaleza de su actividad, el Estado venezolano ejercía plena supervisión y control de sus operaciones, sin excepción alguna. Todas sus operaciones quedaban asentadas en trazas y registros sujetos a permanente disponibilidad.”

Sin ánimos de pronunciarnos sobre un caso que sigue abierto en tribunales y en el entendido que no somos expertos en materia judicial, no podemos dejar de comentar que una de las cosas que parece quedar en evidencia acá, es la debilidad del marco legal e institucional que se supone debe combatir el tipo de prácticas desarrolladas por los operadores de Econoinvest.

Debilidad más cuestionable en cuanto, como hemos visto, en última instancia tales operadores lo que hacen es innovar de acuerdo a las condiciones impuestas por una coyuntura cambiaria, pero lo hacen reproduciendo un patrón especulativo de larga data y con suficientes antecedentes como para ser previsto. De otra parte, a primera vista al menos, parece excesivo el tiempo dejado transcurrir para efectuar la intervención tratándose de un tema tan delicado, que debería hacer objeto de un monitoreo más constante e intensivo, sin que esto signifique ponerle trabas burocráticas. Como quiera que haya sido, lo cierto es que varios años tenía Econoinvest especulando en el mercado secundario e ilegal de divisas hasta ser definitivamente intervenida.

A este respecto, otra de las cosas que hay que tener presente es la complicidad institucional, algo muy distinto a la debilidad en cuanto esta última podemos asumirla como involuntaria. Ciertamente, el cuadro nacional actual dista mucho del que pintamos a propósito de la saga del Latino y la red de complicidades cuidadosamente tejida a lo largo de años, pero es muy difícil pensar que operaciones como las aquí descritas se suscitaban sin levantar sospechas en niveles al menos intermedio de control.

Pero otro tipo de complicidad tanto o más peligrosa es la propiciada por los propios acusados valiéndose de distintos recursos, a la par de la defensa automática sobre los mismos operada desde los medios y por distintas personalidades. Ya citamos el caso del filósofo español Fernando Savater, sin embargo, está muy lejos de ser el único: el economista de la MUD José Guerra, el analista Luis Vicente León, expertos financieros como Ángel García Banchs y Luis Oliveros, periodistas como Milagros Socorro y escritores como Elías Pino Iturrieta, Sergio Dahbar, Tulio Hernández, Federico Vegas o el colombiano Héctor Abad Faciolince, son varios de los que manifiestan públicamente su descontento por lo que catalogan una “persecución” contra unos “exitosos empresarios” por parte de un “gobierno de resentidos”.[3]

Esta solidaridad inmediata y campaña a favor de la liberación de los involucrados victimizándolos, contrasta además con el acoso y descalificación constante ejercida contra los interventores y las autoridades. Desde el presidente Chávez hacia abajo, cualquiera era acusado de ejercer persecución política cuando no incluso de apropiación de los bienes de la empresa o de los dólares. Particularmente notable ha sido el ensañamiento contra el superintendente Tomás Sánchez pero también sobre los fiscales actuantes, tal y como se puede comprobar con cualquier recorrido por internet sobre el caso.

En torno a esto, en efecto, una de las cosas más grave que ha ocurrido con el caso Econoinvest es que ha consolidado la manipulación del debate político nacional para encubrir prácticas delictivas al simplemente erigirse sus protagonistas en víctimas de persecución. Tal y como hemos visto a propósito de las acciones tomadas para combatir la especulación y la guerra económica, basta entonces ahora que cualquier persona sospechosa de delito se declare perseguido para erigirse en torno suyo la impunidad, o lo que es lo mismo, se descalifique y ponga en duda cualquier acción punitiva del Estado al considerársele motivada por razones distintas a la correcta aplicación de la ley.

El otro tema pasa por la manipulación de las aparentes buenas prácticas o supuesto aporte social de Econoinvest como justificativo para encubrir delitos. Es decir, como la firma contaba con una fundación para promover las artes y editar obras (la llamada Fundación para la Cultura Urbana) entonces eso parece automáticamente eximirla de la posibilidad de cometer delitos.

Sin entrar en debates sobre los beneficiados de dicha fundación y la naturaleza de la cultura promovida (en líneas generales se trata de intelectuales y artistas ligados a la oposición política, que antes de la llegada del chavismo ocupaban los puesto de dirección en instituciones como el CONAC o Monte Ávila y/o pertenecientes a familias de la burguesía nacional, todo dentro de un marco elitista sumamente marcado y excluyente), lo cierto es que este argumento recuerda a la vieja práctica mafiosa de realizar obras de beneficencia para validar sus crímenes o generarse base social de apoyo. Solo que las mafias al viejo estilo reparten juguetes, dinero en efectivo, comida, etc., y en este caso se financian obras y libros de artistas e intelectuales reconocidos o no pero pertenecientes al círculo social de los directores de la casa de bolsa, artistas e intelectuales que no solo no se interrogan por el origen de los fondos que los financian sino que los justifican con arreglo al fin que le dan y los beneficios que les producen. Pudiera decirse en este sentido que los directores de Econoinvest fungían en su “mecenazgo” como una especie de Robin Hood al revés: robaban el dinero de las grandes mayorías entre otras vías usurpando la identidad de personas de bajos ingresos y excluidas del sistema bancario, para repartirlo entre ellos y de paso financiar a un club de “intelectuales y artistas” privilegiados por años de medrar a la sombra del Estado o de sus familias poderosas.

Por último, aunque no menos importante, un tema pendiente por analizar partir de este caso es el de la generalización o “popularización” de las prácticas especulativas con el tema cambiario que hemos vivido en los últimos años. Desde luego, sería simplista decir que se debe solamente a este caso dicho fenómeno, pero no cabe duda que ha influido. Una de las cosas resaltantes de la investigación adelantada tanto por la Fiscalía como por la Comisión Nacional de Valores, concierne al punto de que los responsables de la casa de bolsa no solo usurpaban identidad para estafar al Estado sin conocimiento de las víctimas, sino que de hecho involucraban directamente a personas a los que le ofrecían comisiones. Esto es lo que hoy día se conoce como “vender el cupo”, y en Econoinvest era usual entre los ejecutivos pero también entre el resto de los trabajadores a los cuales se les “invitaba” a sumar a familiares y amigos en dichas prácticas fraudulentas.

Además del hecho evidente de aumentar el número de clientes y estafas, lo particular de esta práctica típica de las mafias a todos los niveles, es que sirve para extender una red de complicidad por la vía de la culpa compartida donde todo el mundo al ser culpable evitará denunciar, se adulteran los datos de la realidad, se encubren hechos ciertos y se abultan otros de menor cuantía.

 Notas
[1] Ver: Banco Central de Venezuela. Informe económico 2010. Disponible en: http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/infoeco2010.pdf
[2] “Síntesis del caso Econoinvest”. Tomada del blog: “Esta es la Econoinverdad, blog de clientes, amigos, familiares y afectados por la intervención de Econoinvest.”. Disponible en: http://econoinverdad.blogspot.com/p/caso-grupo-econoinvest-resumen.html
[3] Ver: Ellos dan un paso al frente. Escritores, periodistas, expertos en Economía y personalidades de diversas áreas alzan su voz contra injusta prisión de directivos de Econoinvest. Disponible en: http://econoinverdad.blogspot.com/p/ellos-dan-un-paso-al-frente.html El caso de Federico Vegas es destacable. En un largo escrito testimonial sobre sus impresiones al visitar a su amigo Hernán Sifontes a la cárcel, entre otras cosas dice lo siguiente: “La justicia, volviendo a Tolstoi, es como la familia: cuando entramos felices en ella parece ser la misma puerta para todos, cuando se nos niega la entrada se convierte en esa única puerta que Kafka ha descrito con devastador acierto. El guardián se encarga de aislar al prisionero, de hacernos creer que no nos conciernen las injusticias que contra él se cometen. Pero, más pronto o más tarde será la misma entrada para todos. Estas razones me llevan a considerar que es imperdonable e insano callarse y los convoco a oponernos a una injusticia que se está cometiendo en la puerta donde todos debemos comparecer. Unas acusaciones que fueron causa célebre y de gran alharaca por la televisión y los medios, por las cuales un hombre ha sido sometido a más de dos años de encierro, de pronto, se han convertido en algo difuso, inasible, que nadie logra articular ante los tribunales. Después de haber estado adentro, y de haberme mostrado tan débil ante mi amigo, no puedo, ahora que estoy afuera, pedir justicia con valentía. Quiero ir más allá y exigir piedad desde el mismo horror que sentí ante al tener que preguntarme a qué animal de la creación pertenecíamos. Le estoy pidiendo a sus jueces no sólo que ejerzan la piedad, sino que sean capaces de sentirla, de asumir en carne propia el valor de los días y el derecho que tiene un ser humano a esperar sentencia junto a su familia. Dicho esto, quiero dejar claro que la piedad no sustituye a la justicia, sino que le da su basamento más profundo, pues es el sentimiento que nos impulsa a reconocer nuestros deberes para con los dioses y el respeto por la condición humana.” Más allá de los motivos perfectamente entendibles que puede tener cualquiera de alegar a favor de la inocencia de alguna persona que aprecia por más culpable que ésta sea, lo particular del alegato de Vegas a favor de la justicia, a la piedad y el respeto por la condición humana, es que vengan precisamente de él esas palabras, involucrado como estuvo en el secuestro y posterior asesinato de su propio hermano en un caso célebre de la Caracas de principio de los setenta conocido como el Caso Vegas. Carlos Vicente Vegas Pérez, de 13 años de edad, fue secuestrado cerca de su residencia del este de Caracas y no se le volvió a ver hasta que su cuerpo fue encontrado días después en una zona montañosa en las afueras de la ciudad. Vegas Pérez era hijo de Martín Vegas Pacheco, un renombrado arquitecto miembro de la Comisión de Urbanismo a cuyo cargo estuvo la modernización urbanística de Caracas durante la dictadura de Pérez Jiménez. La policía inmediatamente dio con los culpables, señalándose entre ellos a Alfredo Luis Parilli Pietri, sobrino de la primera dama de entonces Alicia Pietri de Caldera, José Luis Branger, miembro de una de las familias más poderosas de la época ligada a la industria agrícola y al propio hermano mayor de la víctima, Federico Vegas. Según se cuenta en los reportes policiales, el secuestro había sido planeado con el fin de solicitar un recate para saldar una cuenta por drogas mantenida por los involucrados con narcotraficantes colombianos, pero terminó en asesinato al parecer de manera accidental. La presión de las distintas familias hizo imposible la resolución judicial del caso, tal y como lo expone el ex director de la policía de investigaciones Fermín Mármol León en su clásico Cuatro crímenes, cuatro poderes.