Deja mucho que desear y no sería para nada elucubrar, cuando se leen declaraciones de autoridades colombianas, en especial de su Cancillera Olguín, que dejan entrever descontento porque la República Bolivariana de Venezuela, de manera soberana, y obligada por la Constitución, toma medidas y ejerce su derecho para proteger la Patria de ilegales, que en números alarmantes trasponen la frontera, para convertirse en un problema, que como se puede probar de manera irrefutable, causan disfunciones sociales, aumentan la criminalidad, desplazan nuestra fuerza laboral, contribuyen con la guerra económica, se convierten en mercenarios como quedó comprobado en las guarimbas recientes y forman parte de bandas organizadas con alta capacidad de fuego y entrenamiento criminal, como también se puede probar con todos los focos paramilitares venidos desde el vecino país, que no es solo el más emblemático de la finca Darktari, sino los que en el transcurso de los últimos años se han detectado y afortunadamente desmontado.
Sin ir muy lejos, Venezuela no es un país, nunca lo ha sido, donde la tradición del secuestro y sicariatos forme parte de la contracultura de la criminalidad, en la mayoría de esos hechos que han afectado la seguridad de nuestro país, es algo absolutamente comprobable, los involucrados cuando se les ha podido poner el gancho, como decimos en criollo, resultan ser de nacionalidad colombiana, por algo, el más alto porcentaje que conforma la población penal de nuestras cárceles son de esa nacionalidad.
Siendo esta una realidad que la alta funcionaria colombiana pareciera desconocer o ignorar, no se le puede endilgar a las autoridades venezolanas, hechos de violación de los derechos humanos de quienes encima de que ingresan ilegales, vienen a cometer ilícitos en perjuicio de la paz ciudadana y menos querer quitarnos el derecho a devolver a su país de origen a quienes se encuentren aquí de manera ilegal pero además violando nuestras normas.
Por otro lado olvida la Ministra que aquí tenemos viviendo como cualquier ciudadano nacido en esta tierra, casi 6 millones de colombianos que consumen bienes y servicios, que utilizan las remesas para enviarle divisas a sus familiares en su país de origen, muchas veces, como se ha podido comprobar, en una especie de centrifuga que les permite alimentar el llamado dólar paralelo y así enriquecerse en bolívares de manera muy fácil, parece desconocer que sobre todo en las ciudades fronterizas, muchos colombianos que poseen cédula colombiana y están inscritos en nuestro Registro Electoral Permanente, venden su voto al mejor postor, en violación flagrante de la Ley, pues bien sabemos que para poder votar en territorio venezolano, se requiere estar residenciado físicamente aquí, y para nadie es un secreto que ese alto contingente de votantes vive permanentemente en Cúcuta, Maicao, Ocaña e incluso en Bucaramanga.
La otra cara de la moneda es la desproporción de venezolanos, que pueda haber en territorio colombiano, lo que si es cierto es que muchos de los que allí viven, son personajes de la talla del prófugo Carmona Estanga quien a pesar de sus deudas con nuestra justicia, goza de protección del Gobierno colombiano.
Venezuela no es un país productor de droga, como lo es nuestro vecino, cuyos agentes organizados utilizan, con miles de estrategias, nuestro suelo como puente, lo cual nos obliga a invertir grandes recursos materiales y humanos para contrarrestar esas acciones criminales, por cierto con logros muy significativos, que nunca han sido reconocidos por ningún gobierno de ese país.
Ojala pues, y las declaraciones quejumbrosas de esta alta funcionaria, den pie para que todas las cartas se coloques sobre la mesa y así definitivamente quede claro de una vez por todas que nosotros durante décadas hemos sido invadidos y por qué no decirlo, bajo la mirada cómplice de muchos gobiernos de turno del vecino país, y que mientras nosotros con nuestros ejércitos libertadores conformados por nuestros antepasados fuimos a lo que hoy es su territorio a expulsar al imperio, ahora, en este siglo y muchos años del anterior hemos tenido que sufrir las consecuencias de una invasión, por los llamados caminos verdes, con todo lo negativo que ello ha significado, y que así muchos no lo acepten, ha producido distorsiones sociales de todo tipo para nuestro pueblo.
Claro hay sus excepciones que lamentablemente son las menos. Esas excepciones no serán objeto de medidas necesarias, porque simplemente están aquí de manera legal y contribuyendo con nuestra patria, que muchos han asumido como suya, pero como sucede con mucha frecuencia, cuando se hacen operativos, en las calles, en locales destinados a la buhonería, o en barrios de aquellos que en la cuarta llamaban marginales, nos encontramos con muchos indocumentados y ejerciendo actividades ilícitas, que bien dan pie para una deportación, lo cual les sale muy barato, ya que como sucede en muchos países, no solo se les deporta, sino que antes tienen que pagar pos sus acciones violatorias de nuestras leyes.-
Muy bueno entonces que de manera bilateral y cada quien con las pruebas en la mano, quede definitivamente aclarado que el gobierno venezolano, está en todo su derecho de no permitir la permanencia a ninguna persona, dentro de nuestro territorio si no cumple estrictamente con las disposiciones legales que cualquier extranjero aquí y en la cochinchina, debe cumplir y no por ello, para salir fácil del problema, se nos puede tildar de colombofobicos, ni mucho menos.
Veremos…….
