Una y otra vez hemos venimos alertando sobre la amenaza del paramilitarismo, como vía para propiciar la desestabilización y descomposición de la Revolución Bolivariana. Y cuando hablamos de paramilitares no nos referimos exclusivamente al accionar de agentes venidos de países foraneos. Por supuesto, que podrán importarse métodos y maneras de actuar, copiando la demencial experiencia del crimen organizado y la parapolítica colombiana, un ejemplo cercano entre otros, pero el caldo de cultivo, la base social y las condiciones objetivas para que se desarrolle dependen en buena medida de la dinámica nacional. El cálculo de los que alientan la violencia delincuencial y la parapolítica se equivoca al obviar, que si estas plagas llegaran a instalarse definitivamente en el país, afectarían no solo al gobierno que preside el compatriota Maduro, sino a toda la sociedad en su conjunto, sin distinción de clases ni definiciones políticas.

Por lo anterior, la Operación Liberación del Pueblo (OLP), con la cual el gobierno bolivariano ha venido dando contundentes golpes a las corporaciones de la ilegalidad y el malandraje que se ensañan contra la población, requiere del apoyo y los mejores augurios de todos. No es el destino del chavismo lo que está en juego, sino el futuro de Venezuela. ¿Tendrá capacidad la contrarrevolución de entender esto tan elemental, dejando a un lado la proyección de sus dividendos electorales?

Sorprende, como algunos personeros de la derecha, sin elementos ni datos concretos, gritan que "se violan los derechos humanos" en la acción de los cuerpos de seguridad para combatir el hampa. Estos desprestigiados compadres y comadres del chismorreo malsano, chillan y escandalizan en el momento, pero al día siguiente callan sin acudir a los organismos dispuestos a procesar sus quejas. No es política del Estado revolucionario atentar contra la dignidad humana ni los derechos fundamentales de la ciudadanía y cualquier exceso debe ser castigado, no nos cansaremos de repetirlo y demostrarlo. Valga como ejemplo de esto los 14 funcionarios encarcelados y actualmente sometidos a procesos judiciales por presuntamente haber violado derechos humanos en el período guarimbero. El Estado seguirá actuando enérgicamente contra el delito, sin que esto sirva de cobertura para irrespetar derechos consagrados en la CRBV. De manera que este chismorreo opositor no frenará el combate a la criminalidad.

Por otro lado, algunos "comunicadores sociales" y medios de desinformación, de manera consciente, intentan descalificar la denuncia popular, culpabilizando de manera injusta y cómplice a compatriotas como "delatores" y "sapos". Digo injusta porque los cuerpos de seguridad cuentan con sus propias vías y mecanismos de inteligencia para combatir al crimen organizado, sin necesidad de recurrir a chantajes, delaciones a sueldo o confesiones bajo tortura, como sucedía en el puntofijismo. Y la tildo de cómplice, porque hace causa común con el malandraje y las mafias, pues se supone que es deber de todo venezolano y venezolana enfrentar a quien quebrante la paz comunitaria. Al contrario de estos medios y periodistas alcahuetes del crimen, hacemos un llamado a que continúe la denuncia de la delincuencia de todo tipo -sin importar posición ni color político- y por todas las vías e instancias -reservadas, públicas, políticas, mediáticas y oficiales- cada vez que sepamos de algún delito o infracción a la Ley. Denunciemos al que atraca con violencia, tanto como al funcionario corrupto que roba del erario; al "bachaquero" que se vale de la distribución estatal de alimentos para enriquecerse, tanto como al guardián del orden que, a sabiendas y cediendo al soborno, lo deja circular y comerciar la mercancía con sobreprecio. Delinque el que viola la Ley y el que se lo facilita o le brinda protección. La denuncia hay que hacerla de manera inteligente, responsable y constante, hasta que las autoridades encaren el problema.

Por supuesto, que la lucha contra la criminalidad comprende mucho más que denunciar, implica sobre todo, gobierno y pueblo unidos, el seguir generando valores de convivencia y solidaridad colectiva para derrotar la cultura del consumo capitalista, según la cual la posesión de bienes materiales y/o el provecho particular importa más que la vida de nuestros semejantes. Ahora la labor en el combate al crimen se extenderá a los centros educativos, haciendo énfasis en la convivencia fraternal, la prevención y la formación de la población juvenil e infantil, tarea que incumbe a todos y todas por igual, con el Estado en plan orientador, asumiendo esta obligación primordial en la búsqueda del socialismo y el buen vivir.