El señor Uribe Vélez, además de haber sido fichado por la DEA como el traficante de drogas No. 82, no sólo llegó a ser alcalde y gobernador en su departamento natal, Antioquía, sino senador y luego, nada menos, presidente de su país, lo cual nos da la señal muy clara de que en Colombia pareciera que todo funciona en connivencia con el hecho delictivo y criminal, conclusión ésta a la que llegamos si hacemos memoria y marcamos esto: Santander fue el autor intelectual del intento de asesinato de Simón Bolívar, en septiembre de 1928 y, sin embargo, después de muerto nuestro máximo héroe (1830), ejerció la titularidad de la presidencia de Colombia por varios años (1832/37). Igual sucedió con el autor intelectual del asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre (junio/1830), el General José María Obando, quien ocupó la presidencia del país por dos veces, la primera (1831/32), con anterioridad al mandato de Santander y luego, en la década de los años cincuenta de ese siglo IXX.
Ubiquémonos en el siglo XX. Los asesinatos se potenciaron a niveles espeluznantes y no han cesado en lo que va de este siglo XXI. Aparecen en el escenario actores responsables de esa objetiva realidad: las guerrillas de las Farc y ELN, los criminales carteles de la droga más poderosos que hasta entonces se habían conocido en el país, el paramilitarismo genocida asociado a la política, en escala escandalosa y tanto que hasta más del 30% del Congreso de la República llegó a estar integrado por políticos a su servicio y como consecuencia de todo ello, la delincuencia hizo de las suyas en cada rincón del país, al punto de que Colombia se convirtió y aún allí se sitúa, entre los países más peligrosos del Continente.
Hagamos un recuento muy resumido de esa dolorosa historia del vecino país:
En 1914 es asesinado a machetazo limpio el general y político Rafael Uribe Uribe, quizás el primer político colombiano que habló de establecer un gobierno socialista y obrerista.
El día 6 de diciembre de 1928, el ejército en defensa de los intereses de la United Fruit Company, ejecuta una de las más atroces masacres cometidas en ese país en la región del Magdalena, con la eliminación de más de mil quinientos trabajadores (algunos mencionan cifras entre 800 y tres mil) que no lograron obtener, luego de una huelga justa, que la empresa gringa eliminara el trato vejatorio y esclavista a que eran sometidos, pero un día antes, el presidente conservador de entonces, Miguel Abadía Méndez (1926/30) había suspendido las garantías constitucionales para asegurar así el éxito de esa macabra misión (*).
En abril de 1948 cae abaleado por un sicario, Jorge Eliécer Gaitán, líder del liberalismo, en plena campaña electoral que lo llevaría, con la más absoluta certeza, a la presidencia del país y quién, vale recordarlo, fue uno de los pocos políticos que, desde el Congreso de la República (1929/32), denunció sin descanso esa masacre del Magdalena, con lo que se acentuó aún más el descontento generalizado con los gobiernos conservadores que por años habían detentado el poder, trayendo su derrota en las elecciones de 1930, que llevaron a la presidencia al partido liberal de la mano de Enrique Olaya Herrera y con ello la salida de Colombia de esa transnacional del banano.
En abril de 1984 los sicarios de Pablo Escobar Gaviria asesinan en una emboscada a Rodrigo Lara Bonilla, ministro de justicia para entonces, quien con gran tesón y valentía, no escatimó estrategia alguna en su lucha contra las mafias de las drogas y por eso, el capo Escobar ordenó su eliminación.
En diciembre de 1986 Guillermo Cano Isaza, propietario y director del diario más antiguo de Colombia, El Espectador, es asesinado por sicarios al servicio de una ala mafiosa al servicio de Pablo Escobar y tres años después (1989), también en diciembre, una potente bomba, colocada por las mismas mafias, casi destruyó las instalaciones del diario.
Durante toda esa década de los ochenta y la de los noventa, son asesinados más de tres mil militantes de la Unión Patriótica, así como relevantes figuras de la política, en su mayor parte candidatos a la presidencia, como lo fueron: Jaime Pardo Leal, dirigente de la izquierda, en 1987; Bernardo Jaramillo en 1990, abanderado de la Unión Patriótica; Luis Carlos Galán en 1989, candidato del Partido Liberal; en 1990, Carlos Pizarro, ex guerrillero del M19 y aspirante a la presidencia y en 1994, nuevamente fue usado el sicariato para acabar con un importante liderazgo de la izquierda colombiana, Manuel Cepeda Vargas, Secretario del Partido Comunista.
En diciembre de 2009 se descubre a menos de 200 kilómetros de Bogotá, en el Sector La Macarena, una fosa común con algo más de dos mil cadáveres y hace pocos meses, en julio de este año 2015, se logra otro macabro hallazgo en la periferia de Medellín, en la zona conocida como el basurero La Escombrera, el enterramiento de no menos 300 cuerpos humanos, los que, según la información que suministran los vecinos de la zona, corresponden a masacres ordenadas durante los primeros avances de la política de la seguridad democrática de Álvaro Uribe en el 2002 (**).
En lo que va del año, según lo reporta el diario El País de España (edición digital del 20 de agosto último) y en base a información divulgada por la ONU, han sido asesinados 69 defensores de derechos humanos en territorio colombiano (***).
Todo este relato nos deja muy en claro que en ese país, efectivamente, las cosas son demasiados complicadas, allí hay sectores, además, que odian en extremo a Venezuela y si todo eso lo miramos y analizamos de manera articulada, nos hace ser muy pesimistas respecto a que sea factible resolver en el corto plazo este grave problema fronterizo que nos mantiene en gran tensión con sus autoridades.
Más allá de ese pesimismo, se hace una obligación, para ambas partes, encontrar caminos que nos conduzcan a la paz y a la reconciliación en auténtica hermandad, sólida y permanente.
Somos vecinos unidos por una extensa frontera, nacimos de un mismo padre y ello nos impone, por más ardua que sea la tarea, trabajar con ahínco y con sinceridad a toda prueba, para que logremos ese objetivo lo más rápido que sea posible…
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(*) Texto del reglamento de decreto de la suspensión de las garantías. Tómese nota que en su disposición segunda, autoriza a disparar a la multitud…
Art. 1o. De conformidad con el Decreto Legislativo número 1 de 5 de diciembre de 1928, ordeno perentoriamente la inmediata disolución de toda reunión mayor de tres individuos;
Art. 2o. Ordénase (sic) a la fuerza pública que, con las prevenciones legales, dé estricto cumplimiento a este Decreto, disparando sobre la multitud si fuere el caso;
Art. 3o. Ninguna persona podrá transitar después del toque de retreta.
