Entre los medios que utiliza el crimen organizado destacan: delitos transnacionales, es decir, a los que se cometen en el territorio de dos o más Estados, como el tráfico de drogas, la legitimación o blanqueo de capitales (lavado de dinero), la trata de personas, y el tráfico de armas.
Los delitos transnacionales lesionan gravemente la economía y el orden social en América Latina y el Caribe, y la lucha contra ellos se dificulta si no se cuenta con los mecanismos de integración regional, donde la cooperación internacional genere una justicia penal supranacional. Esto debe tomarse muy en cuenta, ya que algunos países no están en capacidad tecno-política para investigar los delitos perpetrados por organizaciones criminales vinculadas o protegidas por autoridades gubernamentales que les garantizan impunidad y hacen intocables a sus líderes. Esto reviste al crimen organizado de un poder de hecho y gran influencia sobre los Estados, especialmente, sobre aquellos que son reconocidos como paraísos fiscales, donde las cuentas y capitales de los criminales tienen un peso específico sobre las pretensiones de justicia de los ciudadanos.
Entre los obstáculos para la seguridad ciudadana plena en la región latinoamericana, vista como colectivo, y en cada uno de los países miembros de la CELAC, analizados individualmente, destaca la presencia en esta parte del mundo de organizaciones criminales dedicadas a la práctica y el fomento de actividades delictivas. El tráfico de armas es el intercambio comercial ilícito de armas entre dos partes, aunque no exclusivamente entre países soberanos. En algunos países de América Latina y el Caribe, el tráfico de armas ha favorecido el surgimiento y fortalecimiento de grupos paramilitares y de redes del crimen organizado que ponen en peligro la seguridad ciudadana, la estabilidad democrática y la preservación de la paz social.
Un rasgo especial de esta situación es el carácter transnacional de estas actividades ilícitas, ya que se inicia en un país y va pasando a otros, como en una especie de cadena o red criminal muy bien hilvanada y sincronizada. La atención y superación de esta realidad no sólo requiere voluntad política para lograr mayor eficacia en la cooperación entre los países miembros de la CELAC, sino que implica dotar a la región de un órgano jurisdiccional que tenga plenas competencias para sancionar los delitos transnacionales y para activar el surgimiento de un nuevo Sistema de Justicia Penal Latinoamericano y Caribeño. Los delitos perpetrados por organizaciones criminales vinculadas o protegidas por autoridades gubernamentales que les garantizan impunidad y hacen intocables a sus líderes, caso muy especial de la hermana República de Colombia, en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, donde campea por decirlo de esta manera el paramilitarismo fosas comunes, contrabando, extracción de alimentos, casas de cambio, esclavitud sexual, pago de vacunas en los comercios, donde lesionan gravemente los intereses de Venezuela, O es que no basta con los casi seis millones de hermanos colombianos, donde gozan de un trabajo digno, seguridad social, educación gratuita, viviendas, además de los tantos de miles que ingresan diariamente, los cuales son desplazados no solamente por los paramilitares, sino también por un para-estado que no ejerce autoridad en sus fronteras, aunado a esto al medio siglo que tiene Colombia de una guerra sin fin.
La atención y superación de esta realidad no sólo requiere voluntad política para lograr mayor eficacia en la cooperación, sino que implica dotar a la región de un órgano jurisdiccional que tenga plenas competencias para sancionar los delitos transnacionales y para activar el surgimiento de un nuevo Sistema de Justicia Penal Latinoamericano y Caribeño.
ES POR ESO QUE ME ATREVO A DECIR, QUE ES NECESARIO Y CON URGENCIA, LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TRIBUNAL PENAL REGIONAL, CON COMPETENCIAS EN DELITOS TRANSNACIONALES
Abogado
